Un peritaje confirmó que el principal cliente de los hoteles de los Kirchner era Lázaro Báez

Un peritaje contable oficial concluyó que el principal cliente de los hoteles de la familia de la expresidenta Cristina Kirchner era el empresario Lázaro Báez a través de su empresa Austral Construcciones. El trabajo se incorporó a la causa “Hotesur-Los Sauces” en la que están elevadas a juicio oral una treintena de acusados, entre ellos Cristina Kirchner, su hijo y diputado nacional, Máximo Kirchner, y Báez.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que se trata de un informe de 42 páginas que fue elaborado a pedido del fiscal federal Diego Velasco como medida previa al inicio del juicio oral, cuya fecha de inicio debe ser establecida por el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py.

“Para los años 2010 y 2011, el cliente con mayor monto de facturación es Austral Construcciones S.A., cuyo total neto asciende a $20.575.827,76 y representa el 45,26% sobre el monto total del periodo. En segundo lugar, el monto de ventas que asciende a $7.784.809,04 netos, está formado en su mayoría por Consumidores Finales (clientes sin discriminar razón social y CUIT) que representan un 17,12% sobre el total de ventas netas del periodo. Así, el cliente que ocupa el tercer lugar en monto de ventas para el periodo analizado es Aerolíneas Argentinas SA, con un total de $3.444.766,06 que representa un 7,58% sobre el total general“, sostuvo como conclusión el informe.

El peritaje refuerza la hipótesis de la acusación: que Báez alquilaba habitaciones de los hoteles a través de sus empresas como compensación por los negocios de la obra pública para Santa Cruz que recibió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La expresidenta y Báez están condenados a seis años de prisión en la causa “Vialidad” por esas obras públicas por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Las condenas fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cristina Kirchner está presa en detención domiciliaria y Báez en la cárcel federal de Río Gallegos.

La sospecha, y eso se buscará establecer en el juicio, es que en rigor Austral Construcciones no ocupaba las habitaciones que quedaron en los registros, sino que estaban vacías y se hacía figurar que había gente.

El peritaje se había reanudado en junio pasado luego de que en diciembre de 2024 la Corte Suprema confirmó que el juicio debía hacerse. Todos los acusados habían sido sobreseídos por el Tribunal Oral pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión, lo que fue confirmado por el máximo tribunal. El sobreseimiento que sí quedó confirmado fue el de Florencia Kirchner que así quedó desvinculada definitivamente del expediente judicial.

Con la decisión de la Corte Suprema, el Tribunal Oral reactivó las medidas de prueba que habían quedado pendientes con los sobreseimientos.

En la causa se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de Hotesur y Los Sauces, dos empresas de la familia Kirchner, en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Junto con el peritaje, el Tribunal dispuso otras medidas de prueba sobre los departamentos cuyos alquileres se investigan. Entre ellos, el de San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat, donde Cristina Kirchner cumple la prisión domiciliaria por su condena de seis años de prisión en la causa “Vialidad”. También actualizó los montos de los embargos sobre los bienes de los acusados.

“Hotesur-Los Sauces” es una de las cuatro causas en las que Cristina Kirchner fue enviada a juicio oral. La primera fue el expediente de Vialidad en el que tiene condena firme. El segundo juicio que tendrá la expresidenta es el caso de los “Cuadernos de la corrupción” que comenzará el próximo 6 de noviembre. Allí se juzgarán el pago de coimas de los empresarios más importantes del país a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner para quedarse con negocios de la obra pública.

Los otros dos casos son “Hotesur-Los Sauces” y la firma del memorándum de entendimiento con Irán que todavía no tienen fecha de inicio del proceso oral.