La Fiscalía de Lesa Humanidad de Rosario, encabezada por el fiscal general Adolfo Villatte, presentó sus alegatos en el juicio de la causa “El Villazo” y solicitó la pena de prisión perpetua para dos ex directivos de la empresa Acindar. Dieron por probada su participación en homicidios, secuestros y tormentos cometidos contra trabajadores metalúrgicos y ferroviarios durante la represión ocurrida en la zona industrial de Villa Constitución durante 1975.
Además, los fiscales pidieron condenas de entre 10 y 25 años de cárcel para 15 ex policías federales y un ex policía provincial.
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El alegato del Ministerio Público Fiscal (MPF) se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario, que integran los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci.
En “El Villazo” se investigaron los crímenes perpetrados contra 57 personas. Entre las víctimas se encontraban trabajadores vinculados a la Seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), así como militantes políticos y simpatizantes de la “Lista Marrón” de esa organización sindical, que poco antes había obtenido la dirección gremial tras ganar las elecciones.
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Según la acusación fiscal, los primeros secuestros de las víctimas se produjeron entre el 20 y el 26 de marzo de 1975, y siguieron en los meses de abril, mayo y junio de ese mismo año. Las privaciones ilegítimas de libertad se extendieron por períodos de meses o incluso años en algunos casos. La Fiscalía también estableció que en enero y marzo de 1976 se registraron otros secuestros y homicidios vinculados a estos eventos.
Quiénes son los acusados
Para los ex directivos de Acindar, Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo, quienes se desempeñaban como personal jerárquico al momento de los hechos, el MPF demandó prisión perpetua. Esta solicitud se fundamentó en su presunta participación en ocho casos de homicidio agravado, 29 casos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados, además de su presunta integración en una asociación ilícita.
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En cuanto a los efectivos de las fuerzas de seguridad, el fiscal Villatte solicitó diversas condenas. Para Roberto Álvarez, un ex integrante de la Policía Federal Argentina (PFA), pidió 25 años de prisión. Se le consideró responsable de 40 casos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados, además de su presunta pertenencia a una asociación ilícita.
La misma pena de 25 años se reclamó para Amadeo Chamorro, ex miembro de la Guardia Rural “Los Pumas” de la Policía de Santa Fe, por 23 casos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados.
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Un grupo de otros diez policías federales también enfrentaron un pedido de pena de 25 años. Estos agentes, identificados como Roberto Squiro, Oscar Vessichio, Juan Carlos Faccendini, Emilio Marciniszyn, Aldo Gradilone, Carlos Brest, Daniel Valdes, Carmen Grosolli De Hellaid, Ricardo Burguburu y Juan Carlos Romero, fueron acusados por la privación de la libertad agravada y los tormentos agravados de 23 víctimas, así como por la comisión del delito de asociación ilícita.
Para otro imputado, Aníbal Lozano Windus, el MPF solicitó 16 años de prisión por la privación de la libertad agravada y los tormentos agravados de cuatro víctimas, además de haber integrado la asociación ilícita.
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Para Oscar Roberto Giai se pidieron 14 años de prisión por los mismos delitos, pero en perjuicio de dos víctimas, y también se le consideró parte de la asociación ilícita.
Finalmente, para los policías Horacio Miguel Nardi y Juan De Jesús Martínez, la fiscalía requirió 10 años de prisión para cada uno, por la privación de la libertad agravada y los tormentos agravados de una víctima, respectivamente, y por su presunta integración en la asociación ilícita.
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Cárcel común y reparaciones
En los alegatos, la fiscalía también reclamó que las sentencias impuestas se cumplan en cárceles comunes y que se asegure su cumplimiento inmediato.
En materia de reparaciones simbólicas, y en consonancia con los tratados internacionales de Derechos Humanos, los fiscales realizaron varias peticiones.
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La Unidad Fiscal de Lesa Humanidad demandó que se ordene al Poder Ejecutivo nacional y al provincial señalizar como “Centros Clandestinos de Detención” los edificios de la Jefatura de Policía de Villa Constitución, la Delegación Rosario de la PFA y la Prefectura Naval Argentina Rosario, prohibiendo cualquier modificación de estas estructuras.
Solicitaron también que se ordene a los medios de comunicación locales de mayor circulación en Villa Constitución que publiquen el veredicto de la causa en sus ediciones impresas y online.
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Asimismo, los representantes del MPF exigieron que se ordene a las empresas Acindar, Metcon, Wobrom, Villber y Marathon, o sus continuadoras o sindicaturas concursales, que dejen constancia en los legajos personales de las víctimas que la no presentación a sus puestos laborales se debió a que fueron asesinadas o privadas ilegítimamente de su libertad, conforme al relato de los hechos expuesto por la acusación. Esta medida busca corregir registros donde en muchos casos se hizo constar un abandono voluntario de sus trabajos.
Por último, en aplicación al derecho a la verdad histórica, la fiscalía pidió que se declare probada la participación de personal del Ejército Argentino, la Prefectura Naval Argentina y la Triple A, que actuó al servicio de las fuerzas armadas.
El veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario se conocería durante septiembre.
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