En 2024 se profundizaron los delitos con criptoactivos: las operaciones se complejizan y son por más dinero

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) publicó su informe de gestión correspondiente al 2024, donde alertó sobre el avance de las maniobras delictivas en el ecosistema fintech y cripto. Las investigaciones revelaron una creciente utilización de estos activos digitales y plataformas virtuales para la canalización y blanqueo de fondos ilícitos.

En el transcurso del año se detectó una intensificación en el uso de billeteras virtuales, tanto propias como de terceros, para movilizar fondos de origen ilegal. También es cada vez más común el intercambio de criptoactivos a través de “Exchanges” y operaciones “P2P” (peer to peer), en las que no hay intermediarios tradicionales.

Según la PROCELAC, estas operaciones que incluyen el “trading” de criptomonedas sirvieron como “rampa de entrada” para dinero o criptoactivos de dudoso fondeo, facilitando su diversificación, la obturación de su trazabilidad y su posterior salida hacia cuentas del verdadero destinatario.

Incluso en varias investigaciones se identificaron transacciones inmobiliarias en las que se aceptaron criptomonedas como forma de pago.

Los casos, además, muestran que a medida que avanza la modalidad se pone en juego más dinero. En una causa del 2024, un implicado efectuó aproximadamente 4.000 operaciones con criptoactivos valorados en más de USD 116.000.000, a pesar de carecer de un perfil patrimonial acorde.

Otro caso testigo es el de Generación Zoe, para el que la Procelac brindó asistencia. La fiscalía especializada pudo acreditar la existencia de al menos cuatro billeteras digitales que habrían sido creadas y administradas por integrantes o colaboradores de la empresa. Las habrían usado como “cuentas recaudadoras” de criptomonedas, recibiendo activos virtuales directamente de cientos o miles de inversores, sumando un monto aproximado de USD 14.270.000, en un presunto esquema piramidal sin precedentes.

La Procuraduría observó esto como un patrón de los esquemas Ponzi: los criptoactivos son el medio predilecto para justificar supuestas ganancias exorbitantes.

Estos emprendimientos, que se publicitaban con promesas de altos rendimientos y poco riesgo, operaron con cuentas personales en proveedores de servicios de pago y “exchanges” de activos virtuales para canalizar fondos millonarios de origen desconocido. Las investigaciones también revelaron que en algunos casos se comercializó el acceso a cuentas CVU/CVU de terceros mediante grupos de Telegram para facilitar la canalización de fondos ilícitos.

El informe de gestión 2024 de la PROCELAC no presenta estadísticas o cifras directas sobre el cómo evolucionaron los índices delictivos. Sin embargo, las últimas estadísticas disponibles reflejan que entre 2019 y 2024 hubo 91 sentencias condenatorias por casos de lavado de activos.

Los delitos precedentes al blanqueo son en su mayoría por narcotráfico. Lo siguen las infracciones aduaneras y al régimen penal cambiario, delitos contra la propiedad -como estafas y defraudaciones, robo, usura- y hechos de corrupción.

Lavado de activos

El lavado de activos, por su parte, persistió en 2024 mediante una diversidad de modalidades. Para mostrar cuáles fueron las más usadas en el último tiempo, la Procelac expuso una serie de casos relevantes.

En la causa “Atachahua”, una organización transnacional lavó más de 10 millones de dólares derivados del narcotráfico y contrabando de divisas, utilizando bienes inmuebles y sociedades comerciales como fachada.

También se logró la condena de un empresario en el expediente “Népito”. Se trató de un caso de intermediación financiera no autorizada en concurso real con lavado de activos de origen ilícito. La Justicia canceló la personería jurídica de dos sociedades a través de las cuales se realizaron, sin autorización del BCRA, transacciones con contratos de mutuo, títulos de crédito, contratos de cesión de derechos y operaciones de descuento de cheques de pago diferido y facturas comerciales, y ordenó el decomiso de un campo de 119 hectáreas y de otros bienes.

Las investigaciones también abarcaron el lavado de activos vinculado a delitos de lesa humanidad, donde se condenó a cuatro personas y se ordenó el decomiso de un predio de 36 hectáreas.

Asimismo, se formularon acusaciones por maniobras de lavado de activos en casos de desvío de fondos sindicales, enriquecimiento ilícito de exfuncionarios y redes de narcotráfico.

La complejidad de las maniobras a menudo involucró el uso de estructuras jurídicas complejas, sociedades con prestanombres, empresas de reciente constitución y sin capacidad económica real, mutuales, cooperativas y entidades aseguradoras.