A dos años de su condena, el empresario narco Gustavo Sancho quedó al borde de salir en libertad

El empresario y jefe narco Gustavo Sancho empezó a despedirse de su celda y sus compañeros de pabellón en la cárcel de Marcos Paz. Este miércoles recibió dos buenas noticias del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín: le sacaron cinco meses y quince días de pena y aprobaron que inicie el proceso de excarcelación, bajo los términos de la libertad condicional.

En mayo de 2023, Sancho fue condenado -por primera vez en su vida- a 11 años y seis meses de prisión, como líder de una organización dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes, en concurso real con el delito de lavado de activos. Hacía entrar al país avionetas clandestinas con cargamentos de entre 300 y 400 kilogramos de cocaína.

De todas formas, su nombre cobró relevancia mucho antes. En 2011 el papá de Candela Rodríguez lo había señalado como uno de los posibles narcos detrás del secuestro y asesinato de su hija. Desde entonces se lo empezó a vincular con los movimientos gruesos del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y a investigar sus maniobras de lavado de dinero, en las que también estaba involucrada toda su familia.

Otro episodio que lo tuvo como protagonista fue la amenaza de muerte a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. “Es un mensaje de la familia y de Gustavo Sancho. Esto no da para más. O liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a Nisman y a sus hijas como a Candela”, decía uno de los ocho mensajes intimidatorios que hicieron por teléfono al Juzgado Federal N° 1 de San Isidro en 2018.

Acorralado por varias investigaciones en distintos tribunales, Sancho finalmente fue detenido en noviembre de 2017, en el marco de la causa por la que lo condenó el TOF N° 2 de San Martín. Está preso desde entonces, hace 7 años y medio. Es decir, que ya purgó dos tercios de la pena que le impusieron. Además, no tiene sentencia firme: el expediente está en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, a la espera de la revisión en segunda instancia.

En este contexto es que, a pedido de la defensa, el tribunal integrado por los jueces Walter Venditti, María Claudia Morgese Martín y José Antonio Michilini le pidió al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz que envíe una serie de documentos para avanzar con la solicitud de excarcelación “en los términos de la libertad condicional”.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) tiene cinco días para elevar un diagnóstico sobre su conducta, su desempeño en áreas trabajo y educación, su evolución dentro del Régimen de Ejecución Anticipada Voluntaria de la Pena, el cumplimiento de los reglamentos carcelarios, el domicilio en el que residiría, un dictamen psicológico sobre el impacto del eventual regreso a la calle y, por último, un pronóstico de reinserción social.

En el fallo al que accedió Infobae, el TOF N° 2 de San Martín ya valoró positivamente los logros educativos de Sancho, que le valieron la reducción de su condena. En 2023 cursó y aprobó el segundo año de secundaria y en 2024 también completó el tercero. Con ese grado recibió el título de “Bachiller con orientación en gestión y administración de microempresas”.

Además, los jueces ponderaron que hizo un curso de formación profesional para capacitarse como “Operador de Herramientas de Marketing y Ventas Digitales”.

En su pedido para iniciar los trámites de la excarcelación, la defensa del narco empresario hizo una salvedad relevante: le requirió a los jueces que no tengan en cuenta la ley 27.375 para analizar el caso, sino la versión anterior de la Ley de Ejecución Penal.

Es que con la normativa modificatoria que impugnaron los abogados -conocida como Ley Petri- se estableció una prohibición absoluta de que los condenados por narcotráfico -entre otros delitos graves- accedan a la libertad condicional y otros beneficios penitenciarios.

Es una legislación que no está exenta de polémica, ya que se discutió en varias causas si esto no atenta contra el principio de reinserción social. En definitiva, el último abril la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la constitucionalidad de la ley 27.375, con un fallo plenario de 186 páginas en el que emitieron su veredicto los jueces de todas las salas.