Se destrabó una contienda de competencias en Comodoro Py por una denuncia contra el ex senador Edgardo Kueider, en la que se lo empezará a investigar por el posible cobro de coimas a cambio de su voto positivo en la Ley Bases. Según definió la Cámara Federal este miércoles, la causa estará a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1, cuya titular es la jueza María Romilda Servini.
La denuncia contra el ex legislador detenido en Paraguay surgió de la ampliación de una presentación judicial previa. Servini ya contaba con un expediente abierto en su despacho por las declaraciones del presidente Javier Milei, que mientras se debatía el proyecto dijo tener “identificadas a las valijas y a los valijeros”, en referencia a lobbystas y parlamentarios que estarían negociando el sentido de los votos.
Cuando estalló el caso Kueider, la abogada Valeria Carreras, que formuló la denuncia inicial, amplió la demanda para incluir puntualmente las sospechas sobre el ex senador. El Juzgado Federal N° 1 mandó a sorteo esta segunda parte de la presentación al entender que trataba hechos separados.
Así, las acusaciones contra el ex legislador por la provincia de Entre Ríos recayeron en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 8. Este también impugnó su intervención, por lo que obligó a que decidiera la Cámara Nacional de Apelaciones.
En un fallo firmado por el juez Martín Llorens, al que accedió Infobae, se decidió que “para despejar posibles vínculos entre estas actuaciones y las que son su origen, ambas tramiten -al menos de momento- en la misma sede”, es decir en el juzgado de Servini.
“Teniendo en cuenta la falta de investigación de los hechos que integran la presente, no es dable descartar que el avance de la pesquisa provea elementos que aconsejen la formulación de un nuevo planteo”, aclaró a su vez el magistrado.
La abogada denunciante solicitó que se investiguen los viajes internacionales del ex senador, su agenda y las reuniones que pudo haber mantenido con miembros del Poder Ejecutivo, con el fin de determinar si estas acciones tuvieron alguna relación con su apoyo a la Ley Bases.
Además, pidió que se revise el libro de entrada y salida de la Cámara de Senadores de la Nación durante los meses de abril, mayo y junio de 2024, con el fin de reconstruir sus movimientos durante ese período crítico.
Hace dos semanas Kueider rompió el silencio y, desde la residencia donde cumple prisión domiciliaria, rechazó las acusaciones que lo vinculan a los sobornos: “No tenía plata negra, no hay plata ilícita en esto”, afirmó en declaraciones radiales.
Según dijo, apoyó el proyecto del Ejecutivo para evitar una crisis que pusiera en peligro la democracia: “No hay otro motivo. Le acabo de decir por qué voté la Ley Bases. No hay ningún pago”, se defendió.
E insistió: “El kirchnerismo quería que caiga el gobierno, por eso me condenan a mí, porque yo impedí que se vote en contra esa ley y por ende caiga el gobierno; eso es lo que a mí no me van a perdonar del kirchnerismo”.
El Ministerio Público de Paraguay imputó el pasado diciembre a Kueider y a su secretaria, Iara Guinsel Costa, por tentativa de contrabando en grado de coautores. Ambos continúan detenidos preventivamente en el país vecino después de intentar cruzar la frontera con 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.9 millones de pesos.
La Justicia paraguaya rechazó -en más de una oportunidad- por “defectos” formales el pedido de extradición del ex senador, que había sido solicitado la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. Su intención es traerlo detenido al país e indagarlo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en una causa paralela a la de Servini.
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