La Justicia argentina reabrió una causa contra Evo Morales por trata de personas y abuso de menores

La Sala I de la Cámara Federal hizo lugar a un recurso presentado por la Fundación Apolo y ordenó reabrir la causa contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por presunta trata de personas y abuso de menores en territorio argentino, durante su estadía como asilado político. Además, el tribunal reconoció a esta fundación como parte querellante en el expediente, revocando así la decisión del juez de primera instancia que había rechazado ambos pedidos.

Con la firma de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, el tribunal consideró -por un lado- que el archivo de la causa fue “prematuro” y que la denuncia original, junto con su ampliación, aporta información concreta que justifica ser investigada a fondo. Además, en otra resolución, valoró la trayectoria y el objeto social de la Fundación Apolo, vinculada a la defensa de los derechos humanos, para admitirla como querellante y permitirle ejercer un rol activo en la investigación.

La ONG anticorrupción había denunciado a Evo Morales por presuntas infracciones a los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, que sancionan la trata de personas, además de otros delitos conexos. Según testimonios, el ex mandatario habría recibido menores de edad durante su permanencia en Argentina en 2019, bajo el supuesto encubrimiento de favores políticos. Una de las principales testigos, Angélica Ponce, declaró en Bolivia pero nunca fue citada por la Justicia argentina, lo que motivó el planteo de Apolo para reabrir el caso y avanzar con medidas de prueba claves.

“La gravedad de los hechos denunciados y la identidad de las personas involucradas exige un compromiso absoluto de la Justicia. No vamos a permitir que se tape una red de impunidad en nombre de la diplomacia o la política”, sostuvo Yamil Santoro, director de Apolo, legislador porteño y querellante en la causa.

Con estas resoluciones, la causa vuelve a instrucción y la Fundación Apolo queda habilitada para impulsar diligencias y presentar nuevas pruebas en la investigación.

La denuncia

En noviembre pasado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló que, desde la cartera que conduce, presentaron una denuncia contra Evo Morales por presuntos delitos de trata de personas y abuso sexual de menores durante su estadía en Argentina, cuando el gobierno de Alberto Fernández le otorgó el asilo político.

La funcionaria reveló que impulsó esa acusación y que la misma se sumó a otras denuncias del mismo tenor que ya tiene radicadas el ex jefe de Estado en el país vecino.

“A la causa por abuso de menores que ya tiene abierta en Bolivia se suma algo aún más aberrante: al socialista expresidente boliviano se lo acusa de haber convivido con 4 adolescentes durante el asilo político que le brindó el kirchnerismo. El peor de los delitos, en nuestro suelo”, señaló Bullrich, en su cuenta personal de X.

En esta denuncia, la acusación penal fue impulsada no por el Estado, sino por la Fundación Apolo, que ahora resultó reconocida como querellante.

En esa presentación, se señaló que Morales habría convivido con adolescentes en Argentina durante su asilo, otorgado por Fernández tras la crisis política de 2019 en Bolivia, que fue calificada como un golpe de Estado contra el líder del MAS. Esta situación de protección especial incluyó gastos afrontados por el Estado, entre ellos, el traslado de Evo en el avión presidencial T01. Posteriormente, el presidente Milei revocó su condición de asilado.

Según la nueva denuncia, el icónico dirigente cocalero compartió la estadía “con menores de edad que habrían sido trasladadas desde Bolivia, en condiciones presuntamente vulnerables, para realizar labores domésticas y personales”. El testimonio surge de Angélica Ponce, ex dirigente intercultural boliviana y allegada al expresidente de Bolivia, quien relató que durante sus visitas a Morales en Argentina vio a menores de edad en labores “serviles”. La mujer también declaró que se ofrecían “niñas como obsequios” de quienes deseaban obtener favores gubernamentales, hechos que serían ampliamente conocidos en los círculos cercanos al expresidente.