La Cámara Federal confirmó el procesamiento de ex funcionarios de Vialidad Nacional, de empresarios y de dos empresas por el presunto delito de sobornos en obras viales en dos rutas nacionales en las provincias de Córdoba y Buenos Aires.
La decisión fue tomada la semana pasada por la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, que ratificaron la decisión tomada por el juez federal Sebastián Casanello. Entre los procesados hay dos empresas a las que se les aplicó la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
Se trata de "Lemiro Pablo Pietroboni S.A." y “Luis Losi S.A.” que estaban a cargo de las obras y desde las cuáles habrían salido los retornos que cobraron los ex funcionarios.
La causa se inició por una denuncia en 2018 del entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, por irregularidades en los controles de tres obras viales, dos en la ruta nacional 19 en Córdoba y la tercera en la ruta nacional 8 de la provincia de Buenos Aires.
Lo que la investigación determinó fue que se hacían terraplenes más bajos que los que se declaraban en las obras. Para eso, el Estado pagaba de más y las empresas a cargo de las obras devolvían parte de ese excedente como coimas a los empresarios.
En el caso fue clave la declaración como testigo de un supervisor de obra que dio cuenta de las irregularidades en la maniobra e involucró directamente a Guillermo Crisci, quien entonces era coordinador Ejecutivo de la Dirección de Obras de Casa Central de la Dirección Nacional de Vialidad. El testigo declaró que Crisci le dijo: “Así como te puse, te saco. Bajamos los perfiles y nos repartimos la plata entre Carlitos, vos y yo”, dijo en la justicia y agregó que Crisci también le dijo “bajá lo máximo que puedas, unos 0,20 metros antes del agua. Si viene alguna visita, tapás todo y listo”, en referencia a los terraplenes.
El juez Casanello había procesado a los involucrados el año pasado pero la Cámara Federal les dictó la falta de mérito y ordenó que se siga investigando con nuevas medidas de prueba. La causa avanzó y Casanello volvió a procesar a los acusados, lo que ante la apelación que hicieron fue ratificado por la Cámara Federal.
“La incorporación de nuevos elementos a la causa permite superar el déficit del cuadro preexistente y afirmar provisoriamente la existencia de los hechos y la asignación de responsabilidades, pues son diversos los indicios que - sumados a la prueba ya existente- refuerzan las sospechas sobre las distintas aristas concatenadas del evento (el falseamiento, el fraude y los sobornos)“, sostuvo la Cámara en su nueva resolución.
“Las comunicaciones frecuentes entre los directivos de las firmas contribuyen también a presumir que no se trató de eventos que no se gestaran y beneficiaran a título exclusivamente personal de las más altas autoridades, sino que hubo un determinado nivel de anuncia y beneficio de la sociedad como tal”, agregaron los camaristas.
Así, la Cámara ratificó los procesamientos de Crisci, del supervisor Fernando Mardiza, del topógrafo Ernesto Leal, de los empresarios Gabriel Pedro Losi, Maximiliano Pietroboni y Jorge Horacio Fernández, de las dos empresas y de las personas que actuaron como intermediarias para el cobro de coimas. Además, la Cámara ratificó los embargos, entre ellos los 632.381.436,96 de pesos sobre las dos compañías.
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