La Corte Suprema, con la firma de tres de sus cuatro jueces, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, dejó firme una sentencia de la justicia nacional electoral que le impuso a la agrupación política Cambiemos Buenos Aires una multa por irregularidades en los informes finales de campaña respecto de los aportantes.
La causa fue iniciada en el marco de la ley 26.215 de financiamiento de partidos políticos, una norma que prevé un control del financiamiento de campañas electorales.
En este caso, el control de las mismas correspondía a las elecciones primarias realizadas el 13 de agosto de 2017 y los comicios generales del 22 de octubre de 2017.
Las irregularidades
En primer lugar, el juez federal con competencia electoral en La Plata, luego de diversas irregularidades detectadas por el Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral, desaprobó los informes finales presentados por la agrupación política y le impuso multas a los partidos que conforman la misma.
Al Pro se le impuso una multa por un monto de $3.246.965,53; a la UCR, un monto de $990.599,65; a la Coalición Cívica, un monto de $990.599,65; al Partido Demócrata Progresista, un monto de $34.395,82; al Partido Conservador Popular, un monto de $34.395,82; al Partido Demócrata, un monto de $34.395,82; a la Unión del Centro Democrático, un monto de $34.395,82; al Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, un monto de $34.395,82; al Partido Fe, un monto de $34.395,82; al Partido del Diálogo, un monto de $34.395,82; y al Movimiento Social por la República, un monto de $34.395,82.
Esta resolución fue después confirmada por la Cámara Nacional Electoral. Los integrantes de esta Cámara, en coincidencia con la postura del juez federal de primera instancia, encontró numerosas irregularidades en cuanto a los aportantes privados y deficiencias respecto al origen de los aportes privados provenientes de personas físicas. Destacó que 79 personas señaladas como aportantes negaron su contribución a la campaña; mientras que de las otras 19 que admitieron sus aportes, solo 1 presentó el comprobante correspondiente.
Además, señaló que Cambiemos presentó diversas rectificaciones de los informes, donde reemplazó 454 aportantes por 332 aportantes nuevos, respecto de los cuales no acompañó los correspondientes recibos.
La decisión fue apelada ante la Corte Suprema tanto por Cambiemos Juntos como por el Pro.
El máximo tribunal, con la firma de tres de sus cuatro Ministros -ya que García Mansilla no firmó-, mediante la fórmula del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, dejó firme tanto la multa impuesta como la desaprobación de los informes que se encuentran en la causa.
El fallo de la justicia federal
En diciembre pasado, el juez federal electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, había a los responsables económicos de la campaña de 2017 de Cambiemos en ese distrito por haber rendido aportes falsos de personas que desconocieron ese hecho. En la investigación se pudo determinar que al menos casi dos millones de pesos de ese año (122 actualizados a hoy) fueron aportados de manera irregular, sin que se conozca su verdadero origen.
En esa oportunidad, Ramos Padilla señaló que “muchos de estos casos correspondían a personas que eran beneficiarias de programas sociales, y que se encontraban en manifiesta situación de vulnerabilidad, por lo que no contaban con la capacidad económica para realizar el aporte que les fue atribuido por la agrupación Cambiemos Buenos Aires”.
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