En el marco de una causa que tiene a un histórico exintendente cordobés imputado por la presunta instigación a la toma de terrenos públicos, la Cámara Federal de Córdoba confirmó el procesamiento de un vecino acusado de llevar adelante la usurpación de las tierras en coordinación con dirigentes políticos locales.
Se trata de un expediente que tramita un hecho ocurrido entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en la localidad cordobesa de Santa Catalina Holmberg, a unos 10 kilómetros de Río Cuarto, en el cruce entre las rutas nacionales 8 y 35. En ese lugar, en esa época, un grupo de aproximadamente 50 personas ingresó a un predio del Estado Nacional, ubicado a la vera de las vías del Ferrocarril de Trenes Argentinos Cargas, y se instaló demarcando lotes con alambres y telas.
El caso rápidamente adquirió tintes políticos. Y es que, en junio de 2023, el municipio de Holmberg celebraría elecciones. Dejaba su cargo, después de 40 años, el intendente justicialista Miguel Ángel “Minino” Negro, quien había gestionado desde la vuelta de la democracia y se había convertido, por ese pergamino, en una de las figuras de renombre en el peronismo cordobés. Para sucederlo, postuló a su alfil radical, Ignacio Alaniz, conformando un armado electoral sin antecedentes que se denominó Unidos Santa Catalina.
La denuncia por la usurpación de los terrenos la presentó el 18 de enero de 2023 el mismo “Minino” Negro, quien le atribuyó cierta intencionalidad política a la ocupación en virtud de la proximidad de las elecciones. La causa quedó en manos del juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, quien comenzó a reunir pruebas.
Para sorpresa del oficialismo, las elecciones municipales las ganó el bloque opositor, encabezado por el dirigente Maximiliano Rossetto, de Hacemos Córdoba. Para ese entonces, la Gendarmería había logrado desalojar de forma pacífica al medio centenar de ocupantes, que ante los medios locales ya habían hablado de un problema habitacional que procuraban resolver subdividiendo las tierras ocupadas en diferentes parcelas.
El juez dispuso una serie de medidas sobre el predio nacional. Allí se detectaron conexiones eléctricas cuya instalaciones no se podrían haber concretado sin la venia del municipio. Ese indicio llevó al fiscal Rodolfo Cabanillas a pedir allanamientos en la sede municipal y luego a secuestrar distintos celulares, entre ellos los de Negro y Alaniz, a quien días antes de las elecciones se lo había visto en una cámara oculta dialogando con un grupo de vecinos implicados en la usurpación.
En ese video, publicado por el diario La Voz, el candidato oficialista les promete comprarle al Estado esas tierras fiscales para dárselas a cambio de que levanten la toma y abandonen temporalmente el lugar.
Tanto “Minino” Negro como Alaniz, su ahijado político, fueron llamados a indagatoria en junio de ese año. Ambos quedaron imputados por solicitud del fiscal Cabanillas. En diciembre de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó sus procesamientos bajo la figura de instigación al delito de usurpación.

En ese contexto, llegó al mismo tribunal de Alzada el caso de Alan Iván Báez, un vecino de Holmberg procesado el 29 de julio pasado por el juez federal de Río Cuarto como coautor del ilícito de usurpación, contemplado en el artículo 181, 1° del Código Penal. La coautoría de la toma de terrenos públicos la compartió, según el magistrado, con dos vecinos llamados Fernando Gabriel Romano y Mayra Desireé Garretón.
Báez apeló su procesamiento por considerar que la valoración de la prueba en primera instancia había resultado “selectiva y parcial”, y que, en rigor, debería haberse dictado su sobreseimiento.
El legajo de apelación quedó listo para resolverse este jueves, donde la Sala B emitió un fallo de 13 páginas al que accedió Infobae. El primero en emitir su voto fue el camarista Abel Sánchez Torres, quien luego de hacer la reseña de las actuaciones señaló que las pruebas para imputar a Báez surgían de su participación en un noticiero local, donde daba cuenta de la ocupación, y de las escuchas telefónicas realizadas sobre su línea.
“Destaco, particularmente, lo informado por Gendarmería Nacional con fecha 23/01/2023 (...), donde los preventores señalan una nota periodística emitida en el noticiero ‘Telediario’ de esta ciudad, en la que se observa a Alan Iván Báez, resultando sindicado ya a esa fecha, como uno de los presuntos ocupantes ilegítimos de los terrenos del ferrocarril“, señaló el juez.
Luego precisó: “Cabe agregar, al respecto, que del mismo informe surge como resultado de las tareas de campo desarrolladas por los investigadores, entrevistas realizadas con vecinos de la localidad de Holmberg, que vincularían a Báez como uno de los principales organizadores de la usurpación”.

El camarista también hizo foco en algunos de los audios incorporados en la instrucción, donde en una charla telefónica Báez da cuenta de una posible complicidad con el poder de turno previo a las elecciones de la Municipalidad: “Ellos nos dijeron que la cotorra se aseguró, él dice que está seguro que va a ganar y que tiene pensado ganar y ayudarnos a nosotros en darnos unos terrenos, para que nosotros podamos pagarlos en facilidad de pago y todas esas cosas... Y me dijeron que ellos querían que nosotros salgamos en la prensa a decir y también -a- decir a la gente que el Municipio no tiene nada que ver, cuando ellos sí tenían algo que ver... Así que bueno esas cosas, (...) ahí dijo que él sí nos había dado el terreno para el marido, los escombros para el ‘Mari’, sabía el ‘Lian’ y todo... Es como que con nosotros se quieren tapar“.
“Similar valoración -añadió el camarista Sánchez Torres en torno a un posible vínculo con quien fuera 40 años intendente- corresponde efectuar respecto del audio obtenido del celular de Báez, enviado a una persona que se identificaría como ‘Gonza’, el cual expresa: ‘ahí fui a hablar con Mínimo, él me dijo que el terreno vos si querés agarrá andá agarratelo [sic]‘“.
Y afirmó: “Cabe destacar especialmente que las constancias antes referidas tienen un elevado nivel de contundencia y relevancia, puesto que lejos de tratarse de meros ‘testigos de oídas o de referencia’, han sido obtenidas a partir de comunicaciones entre los propios implicados en la usurpación como coautores”.
A su término, los magistrados Eduardo Ávalos y Liliana Navarro compartieron los argumentos de su colega para confirmar el procesamiento de Báez como coautor de la usurpación. El expediente volverá a primera instancia para que continúe la instrucción penal.
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