Por orden de la Corte Suprema, la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner avanza hacia el juicio oral

Los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Rodrigo Giménez Uriburu comenzarán en febrero a fijar los próximos pasos para avanzar con la orden dada en los últimos días de 2024: hacer el juicio oral contra Cristina Kirchner por encubrimiento a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA a través del Memorándum con Irán, la denuncia que impulsó el fiscal Alberto Nisman antes de morir.

Los preparativos del juicio se habían suspendido por una presentación de las defensas que aceptó el tribunal oral con otra composición. Previamente, se había ordenado citar como testigos a Ronald Noble y Joel Sollier, ex directivos de Interpol, en la causa del Memorándum con Irán. Pero también se había resuelto hacer una “instrucción sumplementaria y aceptar a más de 300 personas como testigos.

En esa lista aparecían el ex espía Horacio “Jaime” Stiuso, el ex juez Rodolfo Canicoba Corral y el actual juez y candidato a procurador Daniel Rafecas, junto a legisladores que analizaron el Memorándum como el ex senador Miguel Ángel Pichetto y el diputado del PRO Waldo Wolff y la ex jefa de la OA Laura Alonso. También figuran ex funcionarios como Aníbal Fernández, Julio de Vido y Ricardo Echegaray. O el radical Mario Cimadevilla, que estuvo al frente de la UFI-AMIA durante el gobierno de Mauricio Macri y terminó yéndose en medio de polémicas por la posición de esa querella en el juicio del encubrimiento de AMIA.

La causa se abrió con la denuncia de Alberto Nisman en enero de 2015 cuando CFK aún era presidenta. Fue desestimada por el juez Daniel Rafecas y por los jueces de la Cámara Federal porteña, por dos votos a uno. El entonces fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes apeló, pero el fiscal de Casación Javier de Luca no sostuvo el recurso por entender que no existió delito. La Sala I de Casación, con los votos de Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Luis Cabral, tuvo presente el desistimiento de la fiscalía en mayo de 2016.

Pero en Comodoro Py apareció una denuncia por traición a la patria para la entonces ex presidenta, el ex canciller Héctor Timerman y los legisladores que habían votado el Memorándum con Irán. Se presentó además una prueba nueva: la grabación de una llamada entre Timerman y el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, en la que ambos se referían a la supuesta responsabilidad de Irán en el atentado y el hecho de que el famoso Memorándum de Entendimiento fuera declarado inconstitucional.

Tras idas y vueltas, el caso recayó en el juzgado de Claudio Bonadio, que el 7 de diciembre de 2017 procesó y ordenó la detención de Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini -que no figuraba entre los denunciados por Nisman-, el piquetero Luis D’Elía, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y el lobbista iraní Jorge Khalil. Cristina Kirchner no fue presa: acababa de ser electa senadora.

Sin prisión preventiva, fueron procesados el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, hoy senador; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Martín Mena, que hoy es ministro de esa área en PBA; Andrés Larroque, a cargo de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires; el ex vicecanciller Eduardo Zuain, y el ex agente de inteligencia Alan Bogado. A todos los acusó de encubrimiento y traición a la Patria. A Timerman se le concedió la prisión domiciliaria por su estado de salud.

La Cámara Federal confirmó los procesamientos (sin la figura de traición a la Patria) y las detenciones ese mismo diciembre de 2017. En enero, el entonces juez Sergio Torres le concedió la libertad a Timerman para que pudiera viajar al exterior a tratarse. El caso pasó rápidamente a un tribunal oral. El 24 de marzo de 2018, fueron liberados Zannini, D’Elía y Khalil por orden del TOF y con aval de la fiscalía porque no había riesgos de fuga ni entorpecimiento.

“Esta acusación es un disparate judicial, institucional y político”, sostuvo Cristina Kirchner ante los jueces del Tribunal Oral, cuando el juicio no se había iniciado, y apuntó contra los jueces de Casación que habían entendido en la causa por sus vínculos con el macrismo.

En octubre del 2021, el Tribunal Oral Federal 8, con la firma de los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, dictó el sobreseimiento de Cristina Kirchner y el resto de los implicados. Afirmó que el Pacto con Irán fue una política no judiciable. La DAIA y los familiares de las víctimas apelaron. En septiembre del 2023, los jueces de Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña ordenaron avanzar con el juicio oral. Eso fue apelado por Cristina Kirchner y el resto de los acusados. Y es a lo que el 5 de diciembre le dijo que no la Corte Suprema.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda (en un voto conjunto), Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Ninguno se metió en el fondo de la cuestión, ni se puso a valorar las pruebas del expediente. Lo que el máximo tribunal hizo fue descartar la existencia de arbitrariedad o gravedad institucional en la decisión tomada por Casación cuando dispuso que el caso debía ventilarse en un debate oral y público.