Con penas de hasta 12 años de prisión, condenaron a una banda por el secuestro extorsivo de un ciudadano boliviano

En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a cinco personas a penas de prisión que oscilaron entre 5 y 12 años por el secuestro extorsivo de un joven de nacionalidad boliviana en Las Talitas, Tucumán, ocurrido en marzo de 2022. Según se corroboró en el expediente, la víctima fue golpeada, torturada y retenida durante días en cautiverio, mientras los captores exigían 50 mil dólares a su familia, quienes, finalmente, no llegaron a pagar el rescate.

Se trata de José Alberto Alderetes, quien obtuvo una pena de 12 años de cárcel como coautor del secuestro extorsivo agravado por la pluralidad de intervinientes, unificada en 15 años debido a una condena anterior. Su hermana Débora Daniela Alderetes, en tanto, fue condenada a 11 años por el mismo cargo. A su vez, Pablo Darío Coronel y Eduardo Gabriel Juárez recibieron 7 años por su participación secundaria en el episodio, mientras que Mercedes Alejandra Alderetes, otra hermana del principal imputado, fue sancionada con 6 años de prisión unificada como partícipe secundaria del secuestro y como autora del ilícito de tenencia simple de drogas, cuya destrucción se ordenó junto a las condenas.

Según publicó este martes el portal del Ministerio Público Fiscal (MPF), el juez subrogante Abelardo Basbús dictó las sentencias en sintonía con las solicitudes del fiscal general subrogante Pablo Camuña y el auxiliar Daniel Weisemberg. Además, junto a la eliminación de los estupefacientes hallados en la vivienda utilizada por los acusados, el magistrado dispuso el decomiso de bienes incautados durante el proceso judicial.

La investigación penal se inició el 21 de marzo de 2022 con una denuncia interpuesta por el padre y el sobrino de la víctima ante la Policía Federal en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, en la frontera con Bolivia. Los denunciantes recurrieron a la fuerza de seguridad tras ser informados del hecho por medio de la novia del hombre secuestrado.

De acuerdo a la pesquisa, la víctima había ingresado a la Argentina desde Bolivia el 16 de marzo a través del paso Villazón-La Quiaca. Dos días después, llegó a Tucumán y fue capturado por la banda criminal, que lo trasladó a una casa deshabitada en el Barrio 447 Viviendas, en la localidad de Las Talitas, situada al noroeste de la ciudad capital de esa provincia. Desde allí, los captores comenzaron la comunicación con la pareja y la madre de la víctima, ambas residentes en Bolivia.

Por medio de dos líneas de teléfono con prefijo de San Miguel de Tucumán, los acusados les mandaron fotos y videos del hombre secuestrado, a esa altura herido y atado de pies y manos. Poco después, a través de Whatsapp, exigieron un rescate de 50 mil dólares bajo amenazas de proseguir con las torturas e incluso de matarlo.

Los captores reclamaron el dinero mediante transferencias desde la empresa Western Union a cuentas bancarias a nombre de los imputados Coronel y Juárez.

Posteriormente, entre el 23 a la noche y el 24 de marzo a la madrugada, se llevaron a cabo distintos allanamientos en cabeza del grupo D2 de la Policía de Tucumán y la División Antisecuestros Norte de la Policía Federal. Sin embargo, según informó el MPF, la víctima ya había sido liberada antes de esas diligencias.

El 11 de abril de 2022, tras la intervención de Interpol, que había sido notificada con alerta amarilla, las autoridades bolivianas lograron ubicar al joven damnificado en su país natal. Luego todos los responsables del secuestro fueron identificados.

En ese marco, al momento de definir los roles de la organización criminal, los representantes del Ministerio Público consideraron que José Alberto Alderetes fue el encargado de organizar y liderar el secuestro. También fue quien supervisó el cautiverio y participó en las torturas de manera directa.

Asimismo, los acusadores plantearon que Débora Daniela Alderetes manejó la logística y emitió los diferentes mensajes extorsivos, y Coronel y Juárez facilitaron las cuentas bancarias para recibir las transferencias del rescate fallido. Por último, Mercedes Alejandra Alderetes contribuyó desde la vivienda donde se retuvo a la víctima, lugar en el que se encontraron restos biológicos que confirmaron el cautiverio, elementos de tortura y cápsulas con 38,7 gramos de cocaína.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán llevó adelante una audiencia oral donde repasó el acuerdo de juicio abreviado entre todas las partes y, al homologarlo, ordenó las distintas condenas de prisión.