El Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia ordenó la detención del excomisario provincial Luis Alberto Chas, condenado en 2021 a 15 años de prisión como colaborador secundario en los crímenes de lesa humanidad conocidos como la “Masacre de Margarita Belén”, ocurrida en la madrugada del 13 de diciembre de 1976 en esa localidad de Chaco, durante la última dictadura militar. La resolución judicial, firmada por los magistrados Juan Manuel Iglesias, Lilia Carnero y Fabián Gustavo Cardozo, estuvo en línea con el planteo presentado por el auxiliar fiscal Diego Vigay, de la Unidad de Derechos Humanos de Resistencia.
A pesar de que el expediente continúa en trámite a causa de un recurso de queja articulado en la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso extraordinario de la defensa, el TOF consideró que la condena contra el exsubjefe de la Unidad de Tránsito como partícipe secundario de once homicidios y cuatro desapariciones forzadas está en etapa de ejecución.
Sin embargo, los jueces solicitaron al Cuerpo Médico Forense del Máximo Tribunal que realice una evaluación del condenado, de 75 años y con una serie de padecimientos físicos, para determinar si su estado de salud permite el cumplimiento de la pena en un complejo carcelario o bajo arresto domiciliario.
Según publicó este martes el Ministerio Público Fiscal (MPF), la audiencia oral que llevó adelante el TOF se realizó el pasado 28 de octubre, donde el representante de la acusación requirió que la condena de Chas se cumpla en la Unidad N° 7 del Servicio Penitenciario Federal de Resistencia, en un sector especial para internos procesados o condenados por delitos de lesa humanidad. Allí expuso que esa prisión cuenta con los recursos profesionales necesarios para atender al condenado, como controles médicos y cardiológicos, tratamiento nutricional, provisión de medicación, infraestructura para emergencias de salud y un servicio de guardia permanente.
La sentencia de 15 años de cárcel para el exoficial provincial fue dictada el 30 de abril de 2021. El juez Iglesias, junto a sus colegas Delfina Denogens y Lucrecia Rojas de Badaró, lo declararon partícipe secundario en el asesinato de al menos once militantes políticos y en cuatro casos de privación ilegal de libertad agravada durante la masacre. Según se determinó en ese debate, Chas facilitó el patrullero y los sistemas de comunicación para montar un retén que detuviera el convoy del Ejército que transportaba a los detenidos desde Resistencia hacia una cárcel en Formosa. Durante el operativo, los prisioneros, todos miembros de la Juventud Peronista o de Montoneros, fueron obligados a bajar para luego ser ejecutados. La versión oficial alegaría un presunto enfrentamiento con una “banda armada” que había intentado emboscar a los vehículos militares para rescatar a sus compañeros.
El derrotero judicial de Chas atravesó distintas etapas e instancias. La condena a 15 años de prisión fue el corolario de un proceso de reenvío ordenado por la Cámara Federal de Casación Penal, que en 2016 anuló una absolución del excomisario -dictada en 2011- y devolvió el caso al TOF de Resistencia para que emitiera un nuevo fallo. En ese marco, el tribunal concluyó que había pruebas suficientes para endilgarle al imputado su participación en los hechos como consecuencia de su rol en la logística de la detención y posterior asesinato de los prisioneros.
Las personas asesinadas en la Masacre de Margarita Belén eran en su mayoría jóvenes trabajadores, estudiantes, periodistas y docentes. Entre las víctimas se encontraban: Fernando Piérola, Carlos Zamudio, Luis Arturo Franzen, Manuel Parodi Ocampo, Patricio Blas Tierno, Luis Alberto Díaz, Néstor Sala, Luis Barco, Mario Cuevas, Carlos Alberto Duarte, Roberto Yedro, Reinaldo Amalio Zapata Soñé, Julio Andrés Pereyra, Emma Beatriz Cabral, Alcides Bosch, Dora Noriega, Delicia González, Carlos Enrique Tereszecuk, Eduardo Fernández, Ramón Luciano Díaz, Ramón Vargas y Raúl María Caire.
Últimas Noticias
Un testamento pionero fija las reglas para la existencia digital después de la muerte
El documento, firmado por Andrés Gil Domínguez, introduce la noción de amortalidad digital, habilita el uso post mortem de datos personales y biométricos, y crea una figura de representación digital basada en inteligencia artificial generativa bajo supervisión de herederos designados.
Una asociación de exjueces pidió reponer el régimen que permitía convocar a magistrados jubilados para cubrir vacantes
La Institución de Magistrados en Retiro presentó una nota al Ministerio de Justicia donde sostuvo que la derogación del “estado judicial” privó al sistema de una herramienta “inmediata” para hacer frente al problema de vacancias. El documento detalló más de 300 cargos sin ocupar y denunció demoras en el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo
La Justicia avaló el despido de un mozo por realizar gestos obscenos a un cliente
Un juez de primera instancia había considerado desproporcionada la sanción, pero la Cámara del Trabajo entendió que la decisión fue justificada. También se denunció que el empleado insultó al encargado del local
Fallo judicial ordena indemnizar a un familia por el estallido de una mampara de baño
La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia que había rechazado la demanda en base a una pericia que atribuía la responsabilidad a los hijos de 2 y 11 años
La Justicia resolvió que dos chicos pueden sumar el apellido de su mamá en sus documentos
Un Tribunal ratificó la decisión de un Juzgado de Familia que había autorizado a los dos hermanos a agregar el apellido de la madre, que ya usaban en su vida cotidiana
