El Consejo de Seguridad de la ONU extendió el mandato de su oficina en Haití ante el aumento de la violencia

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prorrogó por unanimidad el mandato de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (Binuh) por un año, en un contexto donde la violencia de bandas armadas y el deterioro institucional dominan la situación local.

El nuevo mandato, redactado por Panamá y Estados Unidos, busca fortalecer la labor de la oficina en un escenario político y de seguridad que las autoridades califican de complejo.

El representante panameño Ricardo Moscoso señaló que el texto busca equilibrar el acompañamiento al proceso político y electoral con el apoyo al sistema de justicia. En ese sentido, detalló que la extensión del mandato reforzará “el desarme de las pandillas y su reintegración, así como la protección de los derechos humanos”.

Por su parte, la representante estadounidense Jennifer Locetta subrayó que la prioridad es frenar a las bandas armadas “con un liderazgo firme y con el apoyo del pueblo haitiano”. Además, resaltó la importancia de ayudar a las autoridades del país caribeño a organizar elecciones que permitan una “representación inclusiva”.

El Consejo recordó que el mandato del Consejo Presidencial de Transición (TPC) expira el 7 de febrero. Antes de esa fecha, los actores políticos haitianos deben llegar a un acuerdo u organizar comicios para evitar un vacío de poder que agravaría la crisis de seguridad.

En la sesión, Ericq Pierre, representante de Haití ante la ONU, afirmó que la reducción de la violencia debe avanzar “de manera gradual” y recalcó la urgencia de “proteger a la población, restaurar el estado de derecho y crear las condiciones para la estabilidad institucional mediante el diálogo”.

La renovación del mandato ocurre en un momento crítico, con bandas armadas controlando extensas zonas de Haití, el colapso de servicios básicos y un estancamiento político tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. El Consejo reiteró que la Binuh, al ser una misión política sin componente militar, se limita a la mediación política, la defensa de los derechos humanos y la coordinación de la respuesta internacional.

Frente al agravamiento de la inseguridad, el Consejo aprobó en septiembre de 2025 la creación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una operación multinacional destinada a combatir el crimen organizado y apoyar a la Policía Nacional de Haití (PNH). La GSF sustituirá a la anterior Misión Multinacional de Seguridad (MSS), desplegada en 2024, que no logró frenar el avance de las bandas armadas sobre puertos, carreteras y barrios de Puerto Príncipe.

Según la ONU, el trabajo de la Binuh y el despliegue de la GSF serán complementarios, aunque cada uno responde a un mandato distinto. Se prevé que los primeros contingentes de la fuerza multinacional lleguen a Haití en abril y que el despliegue total, con hasta 5.500 efectivos de al menos 18 países, se concrete en octubre.

La crisis social aumentó con el correr de los años en Haití: la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió que la violencia sexual y de género se utiliza “sistemáticamente para aterrorizar a la población, con un impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas”.

El documento, titulado ‘Violencia sexual y de género en Puerto Príncipe’, reúne una década de testimonios recogidos en la clínica ‘Pran Men’m’, gestionada por MSF en la capital haitiana. La organización informó que en ese centro, abierto en 2015, el número de personas atendidas por violencia basada en género y sexo (VSBG) se triplicó desde 2022.

El informe resalta que mujeres y niñas de todas las edades son víctimas de este tipo de violencia, y que un creciente grupo de sobrevivientes se ve obligado a abandonar sus hogares, lo que aumenta su exposición a nuevos episodios violentos.

(Con información de EFE)