La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró de manera unánime la competencia de la Justicia de La Plata para investigar una serie de denuncias presentadas contra Leonardo Cositorto y otros integrantes de la firma Generación Zoe por el delito de estafas reiteradas, según indicaron voceros judiciales.
El conflicto de competencias se inició como consecuencia de un conjunto de denuncias realizadas por un grupo de damnificados ante el Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata, de las que surgen que Luciano Gaudencio y otros responsables de las oficinas de Generación Zoe que funcionaban en esa ciudad habrían engañado a los denunciantes, quienes colocaron sus ahorros en las diferentes inversiones ofrecidas por aquellos.
De acuerdo a las actuaciones, las víctimas habrían tomado conocimiento por distintos medios de que en esa ciudad la firma apuntada daría cursos informáticos sobre criptomonedas y que prometía el otorgamiento de altos dividendos a quienes invirtiesen en sus operaciones. Las tratativas y la disposición patrimonial efectuada por cada uno de los damnificados también habrían tenido lugar en distintos sitios de la ciudad de La Plata.
Al intervenir el juzgado bonaerense, entendió que los hechos denunciados se habrían cometido mediante una idéntica operatoria llevada a cabo por la plataforma virtual Generación Zoe, fundada por Leonardo Cositorto, y agregó que, ante la justicia de Villa María, Córdoba, ya existía una causa iniciada con anterioridad contra los mismos imputados. Tras ello, resolvió su declaración de incompetencia y decidió remitir el expediente a la jurisdicción cordobesa para continuar la investigación.
Por su parte, el juzgado de Villa María rechazó tales argumentos por sostener que los episodios sufridos por cada uno de los denunciantes constituirían el delito de estafa y que tanto el ardid como la disposición patrimonial perjudicial ocurrieron en La Plata. Por esos motivos, devolvió la causa a la justicia bonaerense.
Ante el conflicto negativo de competencia suscitado entre ambos juzgados, los casos fueron elevados hasta la Corte Suprema.
En sendos dictámenes, la Procuración General señaló que los hechos denunciados deben ser investigados por los jueces del lugar en que aparecen cometidos, en tanto la distribución de las competencias entre las provincias, o entre estas y la Nación, es una materia regida por la Constitución Nacional que escapa a las regulaciones locales y no puede ser alterada por razones de mero orden y economía procesal que inspiran las reglas de acumulación por conexidad.
Con base en esas consideraciones, y como no se cuestionó que los diferentes sucesos que motivaron el conflicto habrían ocurrido en la ciudad de La Plata, la Procuración opinó que correspondía al juzgado de aquella jurisdicción continuar con el procedimiento de ambas causas penales.
El Máximo Tribunal, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, compartió los argumentos y la conclusión del dictamen de la Procuración General de la Nación, y declaró la competencia del Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, para continuar con las investigaciones.
En rigor, Generación Zoe comenzó en 2017 y se expandió a 17 países, con 65 oficinas y más de 80.000 miembros. En un principio, ofrecía cursos de coaching a través de plataformas digitales. Con el tiempo, se transformó en un emporio que incluía su propia criptomoneda, locales de hamburguesas, un equipo de fútbol, inversiones en bienes raíces y minas de oro. Además, hasta llegó a crear su propia iglesia: Aviva Zoe.
Las denuncias comenzaron a surgir cuando varios inversores notaron inconsistencias en los pagos prometidos y dificultades para retirar sus fondos. Según los testimonios, Generación Zoe funcionaba bajo un esquema piramidal, donde el dinero de los nuevos inversores era utilizado para pagar a los anteriores. Sin embargo, en abril de 2022, Cositorto -CEO de Generación Zoe- fue detenido en República Dominicana por Interpol: se encontraba prófugo de la Justicia desde febrero, con imputaciones y pedidos de captura en Buenos Aires, Corrientes, Salta y Rosario.
Actualmente el principal apuntado se encuentra bajo prisión preventiva en el penal de Bouwer, provincia de Córdoba, donde la Fiscalía N°2 de Villa María, en cabeza de la fiscal Juliana Companys, llevaba adelante el expediente por asociación ilícita y estafas.
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