Condena a Alperovich: inhabilitación perpetua, perfil genético e investigación por falso testimonio a tres testigos

La sentencia que ordenó la inmediata detención del ex gobernador José Alperovich en el marco de una condena a 16 años de prisión tuvo otras consecuencias. El juez Juan Ramos Padilla dispuso la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública en todos los ámbitos: nacional, provincial y municipal, tal como lo había reclamado la fiscalía. Y ordenó que, una vez que la sentencia quede firme, se realice la extracción del perfil genético de Alperovich para que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, para que queden vinculados a las causas por delitos contra la integridad sexual.

Pero además el tribunal ordenó investigar por falso testimonio a Manuel Frías, que trabajó como mozo para el dirigente; Víctor Hugo Decataldo, empresario de transportes que también tuvo una relación sentimental con Sara, hija del acusado, y David Cayatta, ex chofer y ex custodio del exmandatario provincial. Frías había contactado por WhatsApp a la denunciante la semana anterior al juicio. Decataldo dijo que contactó a la víctima y “para ganar su empatía le dije cosas que no eran ciertas. Se rumoreaba la denuncia podía ser por una cuestión política o económica”. La fiscalía lo acusó de mentirle en la cara al juez. Cayatta fue para la fiscalía un testigo reticente.

Ramos Padilla ordenó además que se envíen al Ministerio de Salud los testimonios brindados en el juicio por dos psicólogas con el objetivo de que se evalúe “la conducta ética de las profesionales”.

El expediente se inició cuando la joven denunció los hechos a fines de 2019, mientras se desempeñaba como asistente de Alperovich en el Senado de la Nación, de donde el tucumano fue apartado tiempo después. La denunciante indicó que los abusos y ataques se produjeron en Tucumán y en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero.

Según se supo a lo largo del juicio, allegados a Alperovich llegaron a decirle que “la buscaban como a Paulina Lebbos”, haciendo referencia al crimen de la joven estudiante de Comunicación que fue asesinada en 2006 y que ocurrió durante uno de los mandatos del imputado como gobernador de Tucumán.

En su alegato realizado la semana pasada, el fiscal Abraldes había considerado que todos los sucesos de violencia sexual se cometieron “mediando intimidación y con abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”. En esa línea, había remarcado que el proceso era “un juicio a la impunidad del poder” y había solicitado 16 años y 6 meses de prisión.

Había planteado también que durante el debate se consiguieron las pruebas necesarias como para respaldar los hechos descritos en el requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal Santiago Vismara y la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta. Había mencionado la relevancia que tuvo el testimonio de la víctima y explicó que fue un relato “claro, detallado, honesto, transparente e inalterable en el tiempo”.

Tras ello, el fiscal se encargó de describir las nueve secuencias de abuso que integraron la acusación y que ocurrieron entre fines de 2017 y hasta diciembre de 2018, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Tucumán. Los episodios se repitieron en ambientes como el departamento que tenía el acusado en el barrio de Puerto Madero, la casa que utilizaba para sus reuniones políticas en Tucumán, una mansión en las afueras y hasta dentro del auto donde se trasladaba generalmente el ex gobernador.

Para el fiscal, Alperovich se valió de su superioridad para concretar los abusos. “Avasalló totalmente a la víctima, la convirtió en un objeto de su placer sexual”, puntualizó, y sostuvo que debía tenerse en cuenta que no la reconoció como persona.