Causa Cuadernos: habilitaron a empresarios a pedir salir del caso y Casación reafirmó que se debe apurar el juicio

A punto de que se cumplan seis años de que irrumpió en la escena la megacausa “Cuadernos”, la Cámara Federal de Casación Penal no solo urgió -dos veces en menos de 24 horas- a apurar el juicio oral del caso que tiene como acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner sino que, además, resolvió abrir un recurso de queja planteado por la defensa de tres empresarios para que se analice si deben ser parte de ese futuro debate.

Se trata de tres empresarios que sostienen que el dinero que entregaron a los funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner fueron “aportes de campaña”. Esa estrategia había sido deslizada en instrucción y luego llevada ante el Tribunal Oral Federal 7, que tiene en sus manos la realización del futuro juicio, aún sin fecha. Los jueces del TOF Enrique Martínez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli rechazaron el planteo a fin del año pasado pero ahora los jueces de Casación Daniel Petrone y Diego Barroeteveña abrieron decidieron abrirle la queja, sin opinar sobre el fondo de la cuestión. Se trata de los planteos de las defensas de Hugo Dragonetti, Jorge Balán y Armando Loson. Los tres habían declarado como imputados-colaboradores cuando explotó el caso por las anotaciones de Oscar Centeno.

“Debo insistir en que las entregas de dinero realizas al Sr. Roberto Baratta se corresponden con los aportes partidarios que realice en virtud de mi perfil justicialista”, decía Dragonetti en 2021 ante el juez Julián Ercolini. Balán reconoció un pago de 700 mil pesos en 2013 al ex número dos del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta. Loson admitió aportes para las campañas proselitistas pero se despegó de los pagos ilegales en el expediente, argumentando que el Grupo Albanesi -que encabezaba- “sólo había efectuado contratos privados sin desembolso de dinero por parte del Estado”.

Loson es el empresario que, además, impulsó otra causa en donde denunció irregularidades en las anotaciones de los cuadernos de Oscar Centeno en los hechos donde aparecía mencionado, causa en la que el juez Marcelo Martínez De Giorgi procesó al amigo del remisero, Jorge Bacigalupo, que tuvo los anotadores en su poder.

“En la medida en que la queja interpuesta reúna los requisitos de admisibilidad y fundamentación corresponde autorizar la apertura de la instancia casatoria y habilitar el conocimiento de esta Sala, sin que ello implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto”, señaló en términos calcados la resolución para cada una de las defensas.

No obstante, la apertura a esa puerta fue leída como una luz verde para los seguidores del caso cuadernos. Y sobre todo porque no son los únicos empresarios que buscaron sostener que esa era la justificación de sus pagos y hasta ahora no tuvieron éxito. Uno de ellos fue el empresario Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Algunos hombres de negocio que habían desfilado ante el juez Claudio Bonadio habían logrado esquivar llegar a juicio cuando, en sus casos, se resolvió que las acusaciones en su contra pasaran al fuero federal. Ahi aparecían Manuel Santos Uribelarrea, Eduardo Antranik Eurnekian y Alejandro Ivanissevich. Pero otros, en cambio, no tuvieron la misma chance en aquel momento. Y ahora se juegan en Casación la chance para que revise sus reclamos.y evitar el juicio oral.

La decisión de los jueces de Casación se tomó casi al mismo momento que resolvieron otra cuestión: los planteos de la fiscal Fabiana León denunciado que al Tribunal Oral Federal 7 por retardo de justicia. El otro dato que llamó la atención es que el mismo mensaje fue resuelvo por dos salas de Casación: sala Sala I y la Sala IV del máximo tribunal.

Los cuestionamientos de la fiscal León a las demoras del tribunal oral se dieron en el marco de dos de las causas que forman parte del megaexpediente cuadernos: el caso Gas Licuado forma parte del tramo original del caso y luego se le sumó el supuesto lavado de dinero que se le endilga a la cocinera del ex ministro de Planificación Julio De Vido.

“Sin perjuicio de lo expuesto y en abono de lo manifestado por la doctora Fabiana León, entendemos que el trámite procesal en estas actuaciones no admite dilaciones y debe intensificarse a fin de cumplimentar todos los actos procesales reclamados por la nombrada y pendientes de producción, pudiendo acudir para ello, entre otras herramientas, a las reglas establecidas en las acordadas 1/12 y 2/22 de esta Cámara, lo que así se insta al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7″, dijeron desde la Sala I en el marco de la causa GNL, sin admitir la queja por retardo de justicia.

Pero otra sala sí hizo hincapié en esa demora e hizo lugar al recurso.

La semana pasada Infobae detalló la polémica dentro de Casación sobre qué tribunal debía revisar el planteo en el caso de la cocinera, porque el expediente nunca había llegado a esa instancia. En principio fue a la Sala II por sorteo, pero esos jueces devolvieron el expediente a Sala IV porque allí tramita el enriquecimiento ilícito de De Vido. Planteada la controversia, hubo que sortear a tres jueces para que dirimieran a quién le tocaba. Los jueces Petrone y Carlos Mahiques dijeron que le correspondía el caso a Sala IV, con la disidencia de Barroetaveña.

De inmediato, los jueces Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky analizaron la queja por retardo de justicia e hicieron lugar a lo requerido por la Fiscal León y exhortar al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 a que tome las medidas que resulten necesarias a los efectos de fijar fecha de debate a la brevedad. En su decisión hicieron hincapié en que aún no se ha aún admitido la prueba ni fijado alguna fecha de debate pese a que han transcurrido más de 3 años y medio desde la elevación a juicio de la causa de Nelida Caballero y un plazo aún más prolongado -4 años y medio- desde la primera elevación del universo de causas conexas a cuadernos y que no se justifica el incipiente estadío procesal actual en el que se encuentran las actuaciones. Puntualizaron que el tiempo transcurrido y el estado actual de la causa demandan que de forma inmediata se proceda a remover todos los obstáculos que impiden el avance del proceso hacia la celebración de un debate oral y público.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli tienen en sus manos la realización del juicio oral que concentrará una megacausa con varios epicentros: no solo la causa por las anotaciones de Centeno sino todas las causas que se agruparon alrededor de ella. El ramillete de expedientes fue elevado a juicio oral a fines de 2019.

“Se trata –muy probablemente– de la mayor causa de corrupción que, en la historia de la República Argentina, haya sido sometida a la jurisdicción de un Tribunal”, dijo el juez Claudio Bonadio que instruyó la causa en aquel momento. “Se pudo establecer que desde las más altas esferas de la Nación, se sentaron las bases para una matriz de corrupción, que se instauró durante el régimen presidencial de Néstor Carlos Kirchner (2003-2007), y se mantuvo durante los dos períodos presidenciales de Cristina Elisabet Fernández (2007-2015). Más de doce años de corrupción e impunidad, sin solución de continuidad, en el máximo nivel estatal”.