Comenzaron las indagatorias en la causa por extorsión con los planes sociales

El juez federal Sebastián Casanello inició esta mañana las indagatorias en la causa en la que se investiga una presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales y una administración fraudulenta contra el estado nacional. La de hoy es la primera de seis audiencias en las que fueron citadas 23 personas y que terminarán el 25 de junio con la presencia del titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que para hoy están previstas las indagatorias de Patricia Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilche. Ya se cumplieron las tres primeras y las acusadas hicieron una breve declaración y solo Vilche aceptó contestar preguntas.

Allí refirieron sobre cómo era la situación en los comedores, la obligación de ir a las marchas y las capitas que se cobraban y cuáles eran sus necesidades frente a esa situación.

La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Gerardo Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.

En la causa se hicieron una serie de allanamientos en domicilios particulares y en la sede del Polo Obrero. El juez Casanello inhibió los bienes de todos los involucrados y los citó a indagatoria. “Lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, afirmó Casanello y a eso le siguió la “exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”.

“Todas las personas que fueron escuchadas en su calidad de beneficiarias del Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local –”Potenciar Trabajo”- (Resolución 121/20 del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) indicaron haber accedido al beneficio a través de organizaciones sociales, que actuaron como unidades de gestión. El rol de esas unidades era garantizar y hacer posible, a través de propuestas productivas, la inclusión social de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social y económica. El directo del ingreso económico debía ser completado por el beneficio indirecto que ofrecía la unidad de gestión”, remarcó el magistrado.

Belliboni apareció en el expediente tras los allanamientos. Allí s obtuvo documentación que daba cuenta que el dirigente era quien firmó con el entonces Ministerio de Desarrollo Social -hoy Capital Humano- los convenios para las unidades de gestión, a través de las cuales los beneficiarios de los planes cumplían tareas sociales, entre ellas en comedores de las agrupaciones.

Por esas unidades de gestión los organizaciones recibían fondos públicos que tenían que rendir y según la causa judicial para eso el Polo Obrero utilizó facturas falsas que simulaban gastos que nunca se hicieron. Casanello destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

“Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, dijo.

Las indagatorias continuarán mañana y el miércoles, el martes y miércoles de la semana siguiente y finalizarán el 25 de junio con los últimos cuatro acusados, entre ellos Belliboni.