Allanaron la municipalidad de San Martín y le prohibieron la salida del país al intendente en una causa similar a la de “Chocolate” Rigau

La Policía Federal Argentina realizó este viernes una serie de allanamientos en la Municipalidad de San Martín por un episodio que ocurrió hace unos meses de un hecho similar al caso “Chocolate” Rigau en La Plata. La causa es investigada por la jueza federal Alicia Vence, que además prohibió que el intendente Fernando Moreira salga del país. Todo comenzó cuando descubrió que un empleado del Concejo Deliberante de la localidad cobraba con tarjetas de crédito de presuntos trabajadores municipales inexistentes.

“Son solo 2 tarjetas, no es un sistema ni un método, ni nada que se le parezca”, dijeron a Infobae voceros de la municipalidad para rechazar las similitudes con el caso Chocolate. “El municipio es el principal interesado en que se esclarezca el hecho.“

Según se precisó, las dos tarjetas pertenecen a dos personas que fueron nombradas en un decreto como empleados del Concejo Deliberante de San Martín, no en la municipalidad, pero sus nombramientos aparecen en un decreto que incluye a otras 11 personas que sí trabajan en áreas del municipio.

La causa se inició en diciembre pasado cuando un hombre denunció que cobraba un plan social del Ministerio de Desarrollo Social y le fue interrumpido. Según se señaló, cobraba como empleado municipal unos 300 mil pesos por parte de la intendencia de San Martín y le era incompatible la percepción de un plan social.

Ese fue el puntapié de la investigación que derivó en descubrir que una persona del Municipio de San Martín tenía varias tarjetas de débito y retiraba el dinero de los empleados en un cajero cercano al Concejo Deliberante. Así es que personas con desconocimiento total figuraban como empleados del Municipio y en nombre de ellos se cobraban salarios como supuestos trabajos, según indicó la agencia Noticias Argentinas.

La jueza Vence encaminó una investigación en la cual ya impuso la prohibición de salida del país para cinco personas entre ellas al intendente de San Martín, Fernando Moreira. Las otras personas son José Maria Fernández, Hector Rey, Lorena Altamira y Marta Beatriz Pastor, que serían empleados del municipio. Se les ordenó también presentarse del 1 al 5 de cada mes en el juzgado.

Semana atrás fue allanado la oficina del presidente del Concejo Deliberante en el marco de la misma causa. El funcionario falleció poco después. El juzgado ordenó los procedimientos en busca de documentación para cotejar listados de personal y cruzarlos con nombres de beneficiarios de planes sociales.

Desde la Municipalidad se mostraron sorprendidos. Según se destacó, en marzo hubo un allanamiento previo y el Ministerio colaboró y se presentó en la causa para pedir ser querellante, pero fue rechazado por la jueza y la Cámara Federal. Y ahora, en el marco de un nuevo procedimiento, apareció la prohibición de salida del país para el intendente, dicen en el entorno del intendente. “No se entiende por qué actúa la justicia federal, no se entiende el por qué de semejante medida sobre la prohibición de salida del país”.

También destacaron que “antes que el intendente hay una cadena de firmas, el director de Recursos Humanos, el secretario Legal y Técnico, etc. Un intendente firma decena de decretos por día, así lo establece la ley orgánica municipal de la Provincia de Buenos Aires y el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires”.

El caso tuvo un origen similar al de Julio “Chocolate” Rigau, quien cayó el 9 de septiembre pasado en el cajero ubicado en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata con 49 tarjetas de débito, $1.200.000 en efectivo y decenas de recibos. La Justicia estableció que las tarjetas pertenecían a “ñoquis” de la Legislatura bonaerense y terminaron también presos el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, Facundo Albini.

El magistrado de la causa entendió que que formaban parte de una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado provincial, pero advirtió que “nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos que manejan los módulos y permiten las contrataciones”. De esa manera, apuntó a legisladores de todos los colores políticos y a las autoridades de la Cámara de Diputados.