
El Jurado de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Mendoza destituyó hoy por unanimidad a la jueza de familia María Elizabeth Lizán por inhabilidad psicofísica para ejercer sus funciones por razones de salud. La magistrada, que estaba suspendida en el cargo, había llegado acusada de dar su firma digital para que la usen en su nombre otros integrantes de su tribunal.
Lizán era titular del juzgado de Familia número 12 de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, de la localidad de Las Heras. Había sido denunciada por funcionarios y empleados del Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras. Entre otros puntos, la denuncia resaltó que la magistrada le prestaba su firma digital a otras personas para que sean ellos los que hagan las resoluciones y las firmen. Se trata del token que cada magistrado de Mendoza tiene para acceder al sistema y firmar digitalmente las resoluciones. Es un sistema con clave y personal que no se puede delegar en otras personas.
La denuncia también marcó otras irregularidades por parte de la jueza respecto al trámite de causas en su dependencia. El caso quedó a cargo del Jurado de Enjuiciamiento que primero en agosto de 2022 aceptó tramitar el expediente por mal desempeño de sus funciones y un mes después tomó la decisión de suspender a Lizán en su cargo con la quita del 50 por ciento de su sueldo hasta que se realice el juicio político por la desempeño contra la magistrada.
El proceso comenzó hoy y la defensa de la magistrada, a cargo de los abogados Pablo Cazabán y Juan Pablo Chales, presentó un escrito en el que le informaron al Jurado de Enjuiciamiento que Lizán no se encuentra en condiciones de afrontar el proceso en razón de una inhabilidad psicofísica. Para acreditar esa situación médico, los abogados acompañaron los certificados correspondientes.

Los abogados defensores manifestaron en el mismo escrito que la jueza Lizán no se encontraba en condiciones para continuar ejerciendo su función como magistrada de familia. Así pidieron que se archive el juicio político y los motivos que llevaron a su inicio por mal desempeño y que analizan la opción de reconvertir el caso en la causa de destitución por inhabilidad psicofísica para ejercer sus funciones por razones de salud, situación que fue constatada por el Cuerpo Médico Forense.
El procurador General de Mendoza, Alejandro Gullé, dictaminó por aceptar el planteo de la defensa de la jueza suspendida. El Jurado hizo un cuarto intermedio y al regresar se leyó la destitución de Lizán por unanimidad por por inhabilidad psicofísica para ejercer sus funciones por razones de salud. Fue con los votos de los siete votos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, los siete senadores y los siete diputados de la provincia que integran el Jurado.
Los miembros del tribunal son los jueces Dalmiro Garay, Teresa Day, Pedro Llorente, Mario Adaro, Omar Palermo, Julio Gómez y José Valerio. También forman parte los diputados José Orts, Cecilia Rodríguez, Andrés Reche, Jorge López, Gustavo Cairo, Marisa Garnica y Verónica Valverde; y los senadores Marcelo Rubio, Natacha Eisenchlas, Alejandro Diumenjo, Mercedes Rus, Lucas Ilardo, Mauricio Sat y Cecilia Juri.
Últimas Noticias
La Cámara Federal porteña elevó a la Corte Suprema un pedido de licencia de Martín Irurzun
Acordó por mayoría que el pronunciamiento institucional quede en manos del máximo tribunal. La presentación fue enviada también al Consejo de la Magistratura

Sueños Compartidos: la UIF pidió 6 años de condena para Julio De Vido, José López y los hermanos Schoklender
La querella sostuvo que defraudaron al Estado por más de 206 millones de pesos a través de adjudicaciones directas para luego desviar el dinero hacia sociedades fantasma

Diez años después del juicio, confirmaron el sobreseimiento de los peritos de la tragedia de Once
Les abrieron una causa por falso testimonio y se investigó si mintieron para señalar al maquinista como único responsable del choque

La Casación volverá a analizar una causa por presunto lavado de activos vinculada a empresarios rusos
El expediente se inició en 2016 a partir de una denuncia del banco estatal ruso VTB Bank. La Corte Suprema anuló el fallo que había cerrado el caso y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento

Llegaron a los tribunales de Comodoro Py más de 900 equipos tecnológicos para poner en marcha el sistema acusatorio
El Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Justicia entregaron computadoras y notebooks para modernizar el equipamiento. El Gobierno apunta a implementar el nuevo régimen en febrero

