
El presidente Javier Milei acaba de convertirse en querellante de la causa de alta sensibilidad: la que investiga el espionaje a un grupo de jueces de la Corte Suprema y de Comodoro Py 2002. El análisis de los teléfonos de uno de los detenidos en la causa, un agente inorgánico de la central de inteligencia, develó que también había hecho reportes sobre distintos políticos, empresarios y dirigentes. Y entre ellos estaba Milei y su hermana Karina.
Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, el jefe de Estado accedió al material que había en los teléfonos de Ariel Zanchetta, el ex policía que decía ser periodista y una de las piezas claves en esta investigación. Zanchetta tenía capturas de pantallas de Afip y Anses con datos de Milei, recortes periodísticos de la época en que tenía relación con el economista Carlos Maslatón, declaraciones patrimoniales públicas y un archivo con un arqueo patrimonial del hoy jefe de Estado. Además, había archivos similares de Karina Milei, hoy secretaria general de la Presidencia.
Al analizar la documentación, Milei decidió ratificar su voluntad de ser querellante en la causa, con el patrocinio de los abogados Diego Spagnuolo, Francisco Onetto y Roberto Rallin. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ya lo aceptó como acusador privado en el expediente.
Es la primera vez, desde que es presidente, que Milei aparece interesado a nivel personal en una causa que se tramita en Comodoro Py. No es un dato menor que, en la misma condición, se encuentre el ex presidente Mauricio Macri quien también se consideró una víctima de espionaje en este expediente y está activo en la causa.
En la causa no solo está acusado Zanchetta. También está preso Ezequiel Núñez Pinheiro, el hacker misionero que también está preso hace medio año y que participó de las maniobras para ingresar al celular de varios jueces -Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, de Casación; y Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, que integraron el tribunal oral que condenó a Cristina Kirchner-, además del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y el entonces diputado Diego Santilli.

En el expediente se investiga además la denuncia que hizo el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sobre la creación de cinco líneas a su nombre en la provincia de Misiones. Al tirar de ese hilo se descubrió que también habían fabricado líneas con los nombres de los jueces del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y la jueza de Posadas Verónica Skanatta, junto al ex gobernador de Misiones y su sucesor: Oscar Herrera Ahuad y Hugo Passalacqua.
Del análisis de los celulares del espía Zanchetta surgió otra imputación: el ex funcionario de la AFIP y hombre clave de La Cámpora, Fabián Nestor “Conu” Rodríguez. En el celular del espía se encontraron capturas de pantalla en donde hablaba con Conu” Rodríguez, que fue subdirector General de Servicio al Contribuyente y le encomendó a Zanchetta el día 9 de octubre de 2022 la realización de un “parte” y de una nota periodística para publicar contra un objetivo: la entonces ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, fuertemente enfrentada a La Cámpora en la interna del Gobierno de Alberto Fernández.
Dos días después, Zanchetta hizo sus búsquedas en SudamericaData, una firma que quedó también bajo la mira de los investigadores ante la sospecha de que funcionaba con datos “de fuentes desconocidas” y sin autorización oficial. Luego, apareció la nota “periodística” contra la entonces ministra. El encargo se pagó con pauta de la provincia de Buenos Aires.
A “Conu” Rodríguez no lo encontraron cuando lo fueron a buscar a la sede de la AFIP para secuestrarle el celular. El fiscal Gerardo Pollicita aseguró que, según los registros, estaba en ese edificio pero se escondió de la policía. A tres días de ese procedimiento, Pollicita pidió su detención y el juez lo rechazó. “Conu” se presentó en tribunales al día siguiente y dejó su celular. Quedó a disposición junto con los equipos que habían secuestrado en su casa y en las oficinas.
Pero la causa cambió de fiscal desde que a la causa se anexó otra investigación en donde está acusado el diputado Rodolfo Tailhade, integrante del Consejo de la Magistratura y una de las voces del kirchneristas más críticas sobre Comodoro Py y la Corte Suprema. Es una causa en donde D’Alessandro lo acusó de espionaje por la intrusión a su teléfono.

Zanchetta tenía como contacto a Tailhade, y un informe de la oficina de la Corte DAJUDECO detectó conversaciones con el policía detenido, en donde éste le mandaba o le ofrecía información sobre causas de Elisa Carrió, el senador Luis Juez o le prometía material sobre los diálogos de jueces que habían ido a Lago Escondido cuando ya estaban haciéndose públicos. Tailhade, no obstante, se consideró una víctima de Zanchetta: una nota de Infobae de 2022 revelaba que el supuesto periodista también había buceado en sus datos en SudamericaData, junto a otras dos mil búsquedas.
Lo cierto es que, aunque los operativos se hicieron a inicios de noviembre, los teléfonos y dispositivos de “Conu” Rodríguez aún no pudieron ser revisados. El fiscal Carlos Stornelli denunció que no lo dejaban tener un acceso al material completo ante un pedido de la defensa, que planteó que parte del material secuestrado pertenecía a su familia y quería que se preservara su intimidad.
La Cámara Federal ordenó que se llevara adelante una audiencia con carácter reservado entre todas las partes para definir el material a ser peritado. Martínez De Giorgi había fijado esa audiencia para hoy, lunes. Pero la cita quedó levantada. El juez había citado a las partes por zoom. El fiscal Stornelli y la querella de Macri impugnaron el procedimiento por entender que no se estaba respetando el carácter secreto de la audiencia. Ahora, la Cámara volverá a intervenir para definir cómo proceder.
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