La nueva vida de Sergio Schoklender: a qué se dedica, la guerra con Hebe, y por qué se considera un “muerto civil”

Pasaron casi trece años desde que abandonó la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, en medio de un escándalo, enfrentado con Hebe de Bonafini, con buena parte del Gobierno de ese entonces, y hasta con su hermano Pablo. Recién hace unos días, Sergio Schoklender volvió a pasar por la puerta de ese edificio emblemático, a metros del Congreso. No se detuvo ni un instante, pero la imagen lo dejó impactado. “Es una pena todo lo que pasó, me dio una imagen de abandono”, contó por estos días a un allegado.

Schoklender está alejado de la política y de los medios hace tiempo. Aunque tiene otros títulos, como abogado y psicólogo, su vida sigue ligada a la construcción, el mismo rubro que lo llevó a la cárcel de la mano del plan Sueños Compartidos. Luego de deambular por varias provincias, volvió a vivir en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente, tiene algunas obras chicas en la Capital y en el Conurbano.

Atrás quedó un emprendimiento más grande que lo obligó a vivir un tiempo en las afueras de Rosario.

En esa ciudad, Schoklender vivió el momento más incómodo desde que salió de la cárcel, cuando se enfrentó a las trompadas con un grupo de militantes de La Cámpora. Salvo ese episodio, el ex apoderado de las Madres camina por la calle sin problemas. Apenas un cruce en un ascensor, con una señora que lo reconoció, y en la cola de un supermercado, donde otra mujer pidió a los gritos que volviera a la cárcel.

Hoy ese escenario parece poco probable: la causa de Sueños Compartidos todavía no tiene fecha para ir a juicio oral. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, no se terminó una mega pericia encargada al Cuerpo de Peritos especializados en caso de corrupción y delitos contra la administración pública, que depende de la Corte Suprema.

Esa pericia incluye más de 22 puntos, identificados de la A a la U, donde figura desde el avance de las obras hasta mayo de 2011, pasando por un relevamiento de todos lo bienes de la Fundación, hasta un estudio detallado del movimiento de todas las cuentas bancarias investigadas en la causa.

Antes de la feria judicial, el nuevo presidente del Tribunal Oral Federal 5 designado para esta causa, Nicolás Toselli, citó a los peritos para ponerse al tanto del avance y esta semana ordenó que puedan acceder a la documentación que reclamaban para avanzar. Son 67 documentos que están guardados en un container, a disposición del juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi.

En Tribunales advierten que es una pericia fundamental para el desarrollo del juicio. Además hay un problema para acomodar la agenda de los jueces que integran el tribunal, algo recurrente en los tribunales de Comodoro Py. El TOF 5 tiene varios juicios en marcha y encima está a cargo de la causa Hotesur-Los Sauces, donde está procesada la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. “En el primer semestre está descartado que se pueda poner fecha”, dicen en Tribunales.

Schoklender ya no sigue el día a día del expediente judicial. Cada tanto se entera alguna novedad a través de su defensor oficial. Su vida como constructor, igualmente, se topa con los perjuicios de seguir procesado, con embargos e inhibiciones millonarias que le impiden desde reactivar su CUIT hasta sacar una tarjeta de crédito. “Soy como un muerto civil”, se define cuando le preguntan por su situación financiera.

Su proyecto se derrumbó en mayo de 2011, en medio de la campaña presidencial, pero la crisis se venía gestando hace tiempo con discusiones permanentes por el rumbo de la Fundación y el plan de viviendas. “El proyecto se murió el día que falleció Néstor Kirchner”, suele decir Schoklender. A partir de ese momento, Bonafini se alineó con Cristina Kirchner y Schoklender fue quedando cada vez más relegado.

Hasta ese entonces, el ex apoderado dirigía “la mayor constructora de país” y tenía unos 6500 empleados a su cargo, galpones, cientos de máquinas, y hasta dos aviones.

El día final arrancó con una discusión telefónica con Abel Fatala, por entonces subsecretario de Obras Públicas de la Nación, por los fondos para las obras. Unos minutos después tuvo otra pelea, también por teléfono, con Hebe de Bonafini. “No podés tratar así a la gente”, le recriminó la titular de las Madres.

En medio de esa crisis, Schoklender llegó al edificio de la Fundación y se enfrentó a su hermano, Pablo, que se había alineado con Bonafini. “Te van a usar”, repetía el ex apoderado. Luego de esa fuerte discusión, Sergio terminó renunciando y nunca más volvió a la sede de las Madres.

Pablo quedó a cargo de la Fundación menos de un mes y fue reemplazado por la hija de Bonafini, María Alejandra, que tampoco resistió la presión del escándalo y se fue.

La causa judicial ya estaba en manos del ex juez Norberto Oyarbide, que le apuntó a los Schoklender y protegió a Bonafini por pedido del gobierno de Cristina Kirchner. En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartar a Oyarbide. Desde entonces, la investigación quedó en el juzgado de Martínez De Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios involucrados.

La causa está elevada a juicio oral desde 2019. Además de los Schoklender, podrían sentarse en el banquillo de los acusados Abel Fatala, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el ex ministro de Planificación Julio De Vido, entre otras personas.

Según la acusación, el Programa “Sueños Compartidos” significó un desvío de más de $200 millones de los $750 millones destinados al plan de viviendas. En concreto, se desviaron $206.438.454, es decir, un 23,54% de los fondos transferidos.

La Auditoría General de la Nación (AGN) sostuvo en su momento que el centro de la estafa fue el descuento de los cheques oficiales en cuevas de la City para obtener efectivo. Parte del dinero terminó en cuentas de los Schoklender y sus allegados ($52.149.459), en empresas agropecuarias ($100.565.644) o en empresas bursátiles o financieras ($22.286.127). También se comprobó un desvío “hormiga” a través de cheques de menos de 50.000 pesos. Con esa maniobra se obtuvieron 31.212.221 pesos.

Todos esos datos ahora están siendo revisados por los peritos de la Corte Suprema.