La fiscal Betina Lacki avanza con otro circuito de recaudación ilegal, que funcionaba en paralelo al que tiene como protagonista a Julio “Chocolate” Rigau, abastecido con contratos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Ahora apunta a los contratos del Senado bonaerense. El 27 de febrero comenzarán a declarar los dueños de las tarjetas que era utilizadas para sacar dinero de los cajeros del Banco Provincia.
En total se identificaron a 39 personas. Las cámaras de seguridad del banco revelaron que Rigau se cruzaba con un hombre y una mujer que también retiraban dinero con tarjetas de débito ajenas.
Hubo un contacto entre Rigau y esas dos personas el 18 de agosto de 2023, a las 5:30 de la madrugada, en el cajero de la calle 47. De las imágenes se infiere que se conocían. También hay registros del 17 de agosto y del 11 de agosto. En todos los casos hay un intercambio de miradas y de gestos.
El 5 de septiembre, cuatro días antes de la detención, Rigau se volvió a cruzar con ese hombre y esa mujer en el cajero de Plaza San Martín. En ese caso hubo un intercambio de saludos. La pareja se retiró del lugar a las 06:04 pero “Chocolate” estuvo sacando dinero hasta las 07:19.
Con los datos aportados por el Banco Provincia, se accedió a la identidad de los dueños de las tarjetas: 21 hombres y 18 mujeres. Llamativamente, la pareja que manipulaba las tarjetas todavía no fue identificada por la Justicia. Según una investigación del diario La Nación, el hombre sería Hugo Santiago Muguerza, un militante radical que trabajó en la Municipalidad de La Plata y en Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. De la mujer que lo acompañaba, todavía no hay datos.
Lacki analizó esa información y le pidió al Senado los datos personales de los 39 supuestos “ñoquis”. Algo similar había solicitado al comienzo de la investigación con los 48 “empleados” de la Cámara de Diputados que le entregaban sus tarjetas a Rigau. Además del Senado, la fiscal le mandó un oficio al Banco para conocer el domicilio de cada uno. Era el primer paso para llamarlos a declarar.
Luego del receso por la feria de enero, Lacki le puso fecha a las primeras declaraciones testimoniales. El 27 de febrero deberán presentarse Ileana Salamanca y Victor Gabriel Uribe. Dos días después están citadas Jonathan Ivan Villegas y Karina Elizabeth Saraqui. Y el 5 de marzo Yamila Gisele Benzo y Bris Maiara Novillo.
En paralelo, la fiscal quiere escuchar al director de Legal y Técnica de la Cámara de Diputados bonaerense, Eduardo Vito Resiglione, quien había cuestionado un pedido de la fiscal argumentando que era “una injerencia sobre asuntos internos” de otro poder del Estado. El funcionario fue citado en enero pero estaba de vacaciones.
No es todo. Lacki también citará a empleados de la Secretaría Administrativa de la Legislatura bonaerense, un área estratégica donde se manejan los contratos de todos los empleados de ese organismo. “Procédase por Secretaría a la designación de audiencias testimoniales del personal de la Secretaría Administrativa del citado organismo, debiéndose adecuar las mismas a la agenda de esta dependencia”, expuso en su dictamen hace unos días.
Entre los empleados que dependían de la Secretaría Administrativa estaba Claudio y Facundo Albini, los supuestos ”jefes” de Chocolate. Ambos están a un paso de ir a juicio con el puntero por la millonaria estafa. La semana pasada, la Cámara de La Plata confirmó su prisión preventiva.
Ese tribunal respaldó la decisión del juez Guillermo Atencio y sostuvo que tuvo argumentos razonables para ordenar la preventiva. “Contrariamente a lo señalado por la defensa, el a quo ha descripto las conductas que endilga a los causantes de manera detallada, atribuyendo -en cada caso- las maniobras producidas. Todo ello fue acompañado del análisis de los elementos probatorios correspondientes que obran en los legajos electrónicos y correctamente individualizados”, dijeron los tres jueces.
Solo uno de los camaristas, Ernesto Ferreira, se refirió a la calificación de los hechos y cuestionó que los Albini estén acusados de integrar una asociación ilícita. Con ese argumento, la defensa seguramente apelará ante la Cámara de Casación.
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