El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona se reunió esta mañana con el procurador interino Eduardo Casal y le entregó en mano el proyecto para crear una fiscalía contra la corrupción, anticipado hace diez días por el vocero presidencial. Tal como había anticipado Infobae, la propuesta plantea la posibilidad de ampliar las facultades de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) o de crear una nueva fiscalía especializada.
“El ministro de Justicia le va a sugerir al procurador general Eduardo Casal la creación de una fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos”, lanzó Manuel Adorni el 25 de enero, en una de sus conferencias.
Casal se enteró de la novedad por los medios de comunicación y a partir de ese momento hubo contactos con funcionarios del Ministerio de Justicia para concretar la reunión, que se terminó demorando por cuestiones de agenda.
El encuentro tuvo lugar en la sede de la Procuración General, en Perón al 600. Por parte de la Procuración General también estuvo el secretario de Coordinación Institucional Juan Manuel Olima Espel, en tanto que por el ministerio de Justicia asistieron el secretario de Justicia Sebastián Amerio y el jefe de Gabinete Diego Carlos Guerendiain.
Aunque públicamente se habló de crear una nueva fiscalía, la iniciativa también plantea la posibilidad de ampliar las facultades de la PIA. Esa Fiscalía especializada en delitos de corrupción fue modificando sus facultades en los últimos años, lo que mereció hasta la intervención de la Corte Suprema. La ley actual plantea que se encarga de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes del Poder Ejecutivo, pero no entiende sobre los hechos que tengan lugar en los Poderes Legislativo o Judicial de la Nación, como tampoco en las instancias de gobierno provinciales o locales.
La iniciativa elaborada en el Ministerio de Justicia apunta a esos dos poderes. Eso incluye a diputados y senadores nacionales, e incluso a fiscales. “La propuesta es una Fiscalía con amplias facultades, con recursos propios y autonomía”, dijo a Infobae una fuente oficial.
El dato más novedoso de la “nueva” Fiscalía es que “podrá recurrir o intervenir en forma autónoma” ante una denuncia de corrupción, sin necesidad de una convocatoria de otro fiscal federal. La propuesta también apunta a hechos de corrupción “graves”.
Al momento de anunciarla, el vocero presidencial dijo que la Fiscalía se enfocará “especialmente en los casos de enriquecimiento político e incrementos patrimoniales no justificados”. Pero actualmente la PIA ya puede investigar a legisladores nacionales y hasta provinciales “siempre y cuando los delitos investigados involucren fondos nacionales”.
Esa Fiscalía especializada, a cargo de Sergio Rodríguez, tiene unos 60 empleados e intervino en causas trascendentes de corrupción como el caso Ciccone o el vacunatorio VIP, donde apeló la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar parcialmente la causa y logró que la investigación siga adelante.
Con el proyecto en la mano, ahora Casal tendrá la potestad de avanzar o desistir de la propuesta.
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