La decisión del Gobierno de congelar los ingresos que perciben los encargados de los Registros del Automotor, como parte de una profunda revisión del sistema, generó la primera reacción negativa.
El gremio que nuclea a los encargados de los registros reclamó ante el Ministerio de Justicia una actualización de sus ingresos, tras el aumento de la valuación de los vehículos. A través de una nota, a la que tuvo acceso Infobae, la Asociación de Encargados de Registros (AAERPA), denunció una “situación crítica” por el aumento de los costos.
“La falta de adecuación de los ingresos pondrá a los seccionales en una situación crítica en lo económico. Un importante porcentaje de nuestros ingresos está destinado al pago de salarios, y como es de público conocimiento estos se incrementan prácticamente todos los meses”, dice la nota firmada por el presidente de AAERPA, Alejandro Germano. El gremio también menciona el aumento de los alquileres y de los servicios públicos como la luz o el gas.
El reclamo es una consecuencia directa de la decisión del Gobierno de congelar los emolumentos (ingresos) de los registros pese a que en enero se actualizaron los valores de los automóviles, lo que impacta de manera directa sobre la recaudación.
Las autoridades de AAERPA se reunieron la semana pasada con el subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Medina, y con otro funcionario. Luego de ese encuentro, mandaron una nota al Ministerio de Justicia con un detalle de los reclamos. En el Ministerio de Justicia respondieron que se tomarán tres meses para evaluar los números de esa cartera antes de evaluar un posible aumento de los emolumentos.
En paralelo, el Ministerio de Justicia lanzó una revisión profunda de los gastos de un total de 141 registros que ya están intervenidos. Se revisarán sus cuentas y luego se decidirá el futuro de cada interventor. “Si son honestos, no van a tener problemas”, advirtió un funcionario.
Eso es solo el primer paso: el plan apunta a auditar todos los registros intervenidos. En una segunda etapa, también se examinarían los últimos concursos y las designaciones más recientes.
En principio, se utilizarán auditores externos para que no haya vínculos con el mundo registral. Esos auditores revisarán los gastos de cada uno de los registros. Eso incluye desde sueldos hasta alquileres, servicios como luz, gas, agua, insumos de librería, documentación e impuestos. “Queremos ver dónde está la fuga, no hay una caza de brujas”, aclara un funcionario.
Además, el Gobierno dispuso en las últimas horas una tanda de fiscalizaciones digitales en 25 registros ubicados en las provincias de Córdoba, San Luis, La Rioja, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Buenos Aires, tal como reveló Infobae.
Los gastos corrientes de los Registros no pasan por ningún control del Estado. No hay informes ni declaraciones juradas. Apenas hay un registro de los empleados que están en blanco y de los formularios y elementos registrales que se compran en la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), un ente cooperador que maneja fondos millonarios y que nadie se anima a discutir.
En paralelo al anuncio de los controles y las auditorías, los encargados reclaman una actualización de sus ingresos mensuales. “Nos vemos en la necesidad de señalar que el diferimiento de la recomposición es objetable desde el punto de vista técnico y de resultado”, dice la nota enviada la semana pasada. Y agrega que “en cada oportunidad que se recompusieron los aranceles se modificaron los emolumentos”.
“La mayoría de los registros nos vamos a fundir si no se actualizan los ingresos. El porcentaje de los registros que son viables desde el punto de vista económico es minoritario. En el interior la situación es muy distinta”, agrega un encargado del interior de la provincia de Buenos Aires.
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