La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó un amparo contra el decreto de necesidad y urgente (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía que dictó el gobierno nacional de Javier Milei para que se declare su inconstitucionalidad porque se hizo sin pasar por el Congreso de la Nación como marca la Constitución Nacional.
“La decisión del Presidente de la Nación, Javier Milei, de modificar aproximadamente 300 leyes, algo expresamente prohibido por el artículo 99 de la Constitución Nacional, nos pone ante una situación institucional grave, inédita, excepcionalísima para uno de los pilares de nuestra Constitución: la forma republicana de Gobierno”, manifestó a través de un comunicado Guido Lorenzino, defensor del Pueblo.
La causa quedó a cargo del juez federal de La Plata Alberto Recondo. La Defensoría pidió que se dicte una medida cautelar que suspenda los efectos del decreto hasta tanto se resuelva el fondo del reclamo, que es su inconstitucionalidad.
La Defensoría, en su presentación, sostuvo que el decreto 70/23 es manifiestamente inconstitucional porque el Poder Ejecutivo usurpó atribuciones por fuera de las causas expresas y restrictivamente enumeradas en el inciso tres del artículo 99 de la Constitución Nacional que establece que “podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia solamente cuando circunstancias excepciones hicieran imposible seguir los trámites ordinarios, previstos por esta Constitución, para la sanción de las leyes”. Y además que “no se trate de normas que regulen material penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos”.
El organismo agregó que el DNU “además, viola de modo flagrante los presupuestos y las condiciones constitucionales de emisión. La inconstitucionalidad resulta patente, evidente o manifiesta, por cuanto no exige medidas de prueba para comprobar la falta de adecuación del mismo con las reglas y principios fijados expresamente por la Constitución”.
Este es el primer amparo que se conoce que se presenta en la provincia de Buenos Aires. Pero ya hay otros varios presentados en la justicia en lo contencioso administrativo federal de la ciudad de Buenos Aires.
La primera fue un amparo colectivo que presentó el economista y ex titular del Banco Nación, Claudio Lozano, junto a otros representantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTA Autónoma, ATE y la agrupación Unión Popular. El caso quedó a cargo del juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari que admitió tramitar el expediente como un proceso colectivo. La medida significa que otras demandas contra el DNU podrían acumularse en ese proceso.
A esas se sumaron otras tres causas. El abogado Andrés Gil Domínguez presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el decreto y pidió expresamente que no se lo trate como un proceso colectivo. También el abogado Jorge Rizzo, actual integrante del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires y ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), inició un amparo en nombre de la asociación civil Gente de Derecho. Ambos letrados pidieron que se dicte una medida cautelar para frenar inmediatamente los efectos del DNU. También quedaron radicadas en la justicia en lo contencioso administrativo federal.
Otro expediente lo inició la Asociación Civil Por un Hogar en Argentina. A esas se sumará la que presentará la Confederación General del Trabajo (CGT). Será ante la Justicia laboral y específicamente contra las reformas al régimen de trabajo que introdujo el DNU 70.
La CGT junto con otras organizaciones sindicales y sociales acompañarán la presentación con una manifestación en Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales.
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