La Cámara Federal de Casación Penal declaró este martes inadmisible un recurso extraordinario interpuesto por los abogados de Cristina Kirchner y, de ese modo, volvió a respaldar la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 que no hizo lugar al pedido de nulidad de los requerimientos de elevación a juicio formulados en la causa conocida como “Cuadernos”, del auto de elevación a juicio y de todos los actos posteriores, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
La resolución fue tomada por los jueces de la Sala III del tribunal, Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Alejandro Slokar, en el marco de la causa CFP 13820/2018, que es un desprendimiento de la investigación iniciada por el fallecido juez Claudio Bonadío en torno a la presunta asociación ilícita, en la que fueron involucrados Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, y otros funcionarios del Estado Nacional y empresarios, cuya finalidad habría sido organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal, que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015.
Este expediente en particular se formó para profundizar la investigación respecto del sistema de recaudación ilegal antes aludido en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal Nacional, vinculado concretamente a las cuestiones de transporte ferroviario y fluvial. Fueron las declaraciones en condición de arrepentidos de los empresarios Aldo Roggio y Gabriel Romero los que permitieron abrir este tramo de la investigación.
“Aldo Benito Roggio fue quien a través de sus manifestaciones como arrepentido permitió extender el horizonte de la investigación al rubro antes mencionado. Encargado de la explotación del servicio de subterráneos y del ferrocarril Urquiza desde 1994, fue él quien recordó el pago que de forma mensual -y en el rango del 5% de los subsidios obtenidos- efectuaba a Ricardo Jaime -Secretario de Transporte- a fin de conservar la concesión”, detalló la Cámara Federal. Y Romero no solo reconoció la entrega de ese mismo porcentaje con el propósito de mantener la explotación de la línea de ferrocarril Belgrano Norte, asignada a su empresa Ferrovías sino que además incluyó un nuevo rubro dentro de esas mismas prácticas: el de las vías navegables.
En octubre pasado, por decisión unánime, los camaristas de Casación habían avalado el criterio del Tribunal Oral que no admitió el recurso de casación intentado y desestimaron la presentación directa. En el anterior planteo ante el Tribunal Oral y luego en Casación, los cuestionamientos de la defensa se centraron en que el ejercicio del derecho de defensa se encuentra completamente obturado, pues se desconoce cuál es la acusación concreta. En ese sentido, la asistencia técnica insistió en la invalidez de los requerimientos de elevación a juicio ya que, a su entender, carecen de una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos que se atribuyen a la actual Vicepresidenta.
La fiscal de juicio Estela Fabiana León había postulado el rechazo del planteo, al concluir que los actos procesales cuestionados han cumplido con las exigencias legales en cuanto a la ‘enunciación del hecho y las circunstancias que hayan sido materia de acusación’. Asimismo, había asegurado que la defensa pudo ejercer cabalmente sus funciones en el proceso. Al momento de decidir, los integrantes del Tribunal Oral Federal 7 coincidieron con el criterio de la acusadora pública.
En esta nueva intervención, los magistrados de Casación consideraron, en consonancia con el representante del Ministerio Público Fiscal ante esa instancia, que la vía extraordinaria pretendida por los defensores de Cristina Fernández de Kirchner para que la Corte Suprema de Justicia trate la cuestión no puede ser autorizada, principalmente por no tratarse de una sentencia definitiva ni equiparable a tal categoría, y porque no se alcanzó a demostrar una cuestión federal suficiente, debidamente fundada, que permita habilitar la competencia del Máximo Tribunal del país.
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