Confirman el procesamiento de una empleada del Correo Argentino por supuestas apropiaciones de beneficios sociales girados por la Anses

Una empleada del Correo Argentino quedó procesada por los delitos de peculado y falsificación de documentación pública tras haberse apoderado presuntamente de alrededor de 240 mil pesos en concepto de asignaciones sociales de la Anses que al menos 16 beneficiarios dejaron de cobrar.

Se trata de Milagro Díaz, una cajera de la sucursal de Villa María, Córdoba, que durante el 2022 tenía a su cargo el pago de beneficios sociales como la AUH, hijos con discapacidad, Tarjeta Alimentar y otra clase de subsidios y planes que la Administración Nacional de la Seguridad Social se encargaba de girar al Correo para que los beneficiarios cobraran de forma presencial por ventanilla.

El problema se generó en junio del año pasado cuando dos personas se presentaron para cobrar en la sucursal sus respectivas asignaciones y la supervisora del lugar les explicó que, según el sistema, ellos ya habían cobrado el monto correspondiente a ese mes. Para documentarlo, la encargada les exhibió los comprobantes de pago que al dorso llevaban sus firmas, pero ellos las desconocieron de inmediato.

A raíz de esos hechos, la fiscal federal María Schianni impulsó una investigación penal a la que luego se anexaron otros catorce casos similares. En total, se corroboraron durante todo ese mes 16 casos, con reclamos de falta de pago y falsificaciones de firma incluidas, todo lo cual generó la presunción de un posible apoderamiento de caudal público en cabeza de la mujer encargada de la caja del Correo Argentino.

Precisamente eso fue lo primero que averiguó la fiscal de instrucción al intervenir en la causa: ¿quién estaba a cargo de la caja los días que indicaban los supuestos comprobantes de pago? A su vez, ordenó la realización de pericias caligráficas para determinar la autoría de las firmas de los tickets en cuestión, tomó declaraciones testimoniales de los empleados del lugar y, semanas después, dispuso el allanamiento del domicilio de la mujer sospechada.

Desde el sistema Mosaic, plataforma interna que utiliza el Correo para sus operaciones diarias, se registró que los movimientos de los pagos salían del usuario “MILDIAZ” -cuya clave era única, personal e intransferible-, quien resultó pertenecer a la mujer que luego fue procesada en primera instancia por los delitos de peculado y falsificación de documento público.

El primero de los delitos está tipificado en el artículo 261 del Código Penal (CP) y prevé una pena de hasta 10 años de prisión contra el “funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”. En tanto que el segundo se contempla en el artículo 292 del CP y reprime -al funcionario público- con hasta seis años de cárcel por hacer “en todo o en parte” un documento falso.

El procesamiento fue dictado el pasado 29 de junio sin prisión preventiva por el juez federal de Villa María Ramón Roque Rebak. También se dejó constancia de que no todos los tickets de pago habían sido falsificados por la mujer, por lo que se abrió la investigación para averiguar la participación delictiva de otras personas en la causa. La imputación fue apelada por la defensa de la empleada cordobesa, que presentó sus agravios en la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por las juezas Liliana Navarro y Graciela Montesi y el juez Abel Sánchez Torres.

Llegado el expediente a la segunda instancia judicial, la jueza Navarro fue la primera en expedirse en su voto.“Adviértase que en gran parte de las maniobras sindicadas individualizan a -la imputada- como persona responsable de las funciones en el Sector de Caja y Ventanilla, dependiente cuya labor, según surge del apartado “a” del oficio remitido por el Correo Oficial Argentino se circunscribe, entre otras cuestiones, al pago de asignaciones otorgadas por la ANSES”, señaló.

“Junto a ello, debe ponderarse que tal como se desprende de los extremos informados por el propio Correo Argentino, los días y horas en los que habrían ocurrido los hechos ilícitos, -la mujer- se encontraba prestando efectivamente servicios en la Sucursal del Correo Argentino de Villa María”, precisó la camarista en un fallo al que tuvo acceso Infobae.

Asimismo, al abordar la prueba recolectada en el allanamiento solicitado por el fiscal de instrucción, expresó: “Al respecto, debo agregar que luce cuanto menos sugestivo, que algunos de los formularios secuestrados en el domicilio personal de la encartada se hallaban completos con letra manuscrita, encontrándose debidamente consignados tanto los datos personales de algunos de los beneficiarios de ANSeS (...) como los montos respectivamente reclamados, beneficiarios que, tal como ha sido reseñado, oportunamente reconocieron haber recibido de -la cajera- un reintegro de los beneficios no percibidos, de manera informal”.

Al cerrar su voto, la jueza Navarro consideró acertado el procesamiento dispuesto en primera instancia pero, por otro lado, le ordenó al juez federal que ordene las diligencias probatorias necesarias para “esclarecer la identidad de la totalidad de las personas intervinientes” en los hechos investigados.

Por otra parte, según informó oportunamente el diario La Voz, al abrir un sumario interno el Departamento de Análisis de Fraude del Correo Argentino determinó que la cajera había realizado operaciones “para enmascarar y dar cierta apariencia de normalidad en los pagos reclamados”. También concluyó que “los beneficiarios fueron legítimos, ya que no caben dudas que todos los pagos fueron apócrifos”. Bajo ese marco, la entidad decidió echar a la empleada tras evaluar que buscó “beneficiarse a sí misma con maniobras de fraude”.

Tanto la jueza Montesi como su colega Sánchez Torres adhirieron a la propuesta de Navarro para rechazar el recurso de apelación y confirmar, de esa manera, el procesamiento sin prisión preventiva de la empleada del correo.