
El juez federal Ernesto Kreplak ordenó levantar el secretario fiscal y bancario respecto a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici luego de acumular las dos denuncias que tramitan en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
En una resolución de 10 carillas a la que accedió Infobae, el juez también le pidió informes a la AFIP, al Banco Central, a la CNV, y a una docena de organismos públicos. Además, le reclamó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le consulte a sus pares de España y Uruguay sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas. En el primer país se realizó viaje que destapó el escándalo, y en el segundo se habría abierto una cuenta bancaria en el marco del divorcio de Insaurralde y Cirio.
En el caso de la AFIP, el juez reclamó toda la información relacionada a los tres imputados en relación a los últimos diez años. Concretamente pidió “la totalidad de las constancias obrantes en cada uno de los rubros de la base informática EFISCO, requiriendo el mayor nivel de apertura disponible”.
En otros párrafo, le reclamó a las autoridades del organismo recaudador que elaboren “un informe tendiente a determinar la composición y evolución patrimonial y financiera de los nombrados, el cual deberá ser realizado por separado respecto de cada uno de ellos”. Eso incluye a Insaurralde, a Cirio, y a Clerici.
En Lomas de Zamora hasta ahora había dos causas abiertas. Una se inició el sábado 30 a raíz de una denuncia del abogado Gastón Marano. En ese expediente, por los delitos de lavado y evasión, el fiscal Sergio Mola imputó a Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici por el viaje a Marbella. Además, solicitó varias medidas de prueba y determinó, mediante los registros de Migraciones, que el ex funcionario salió del país el 15 de septiembre en un vuelo de Iberia y regresó al país el 21 a la mañana. En tanto, Clerici salió de Argentina hacia España el 7 de septiembre y regresó el 21, casi a la misma hora, pero en otro vuelo.
Según esos registros, Insaurralde habría aterrizado en Madrid el 16 de septiembre a la madrugada. ¿Cómo llegó a Marbella? La Justicia deberá pedir datos a las autoridades migratorias de España para saber si tomó un vuelo de conexión al aeropuerto de Málaga (hay varios vuelos durante la mañana) o si abordó un vuelo privado.

Entre otras cosas, Mola le pidió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que revise las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional de Ezeiza para saber si Insaurralde estaba solo al momento de abordar el vuelo 6844 de Iberia. Además reclamó que se dicte la inhibición de los bienes para los dos imputados, que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil y sobre todos los registros de la propiedad (inmueble, vehículos, embarcaciones, entre otros). Además, reclamó las declaraciones juradas de Insaurralde como funcionario público y los recibos de sueldo desde que ingresó a la función pública.
Esa causa pasó ayer al juzgado federal 2 de Lomas luego de que el juez Federico Villena se inhibió por “violencia moral”. Kreplak decidió hoy acumular ese expediente con la causa que investiga el divorcio de Insaurralde y Cirio. “Sin perjuicio de la cuestionada fecha de radicación de la denuncia, toda vez que los hechos aquí investigados resultan ser una porción de los denunciados en la causa FLP 38935/2023, en trámite ante la Secretaría No 4 de este juzgado, la que cuenta con igual grado de avance y una mayor cantidad de legitimados pasivos, acumúlense los presentes actuados a aquella”, sostuvo el magistrado en otra resolución de apenas una carilla.

Entre la batería de medidas, que forman parte de un protocolo en las causas de lavado, Kreplak le pidió al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe, con carácter de urgente, “si registra Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes Sistemáticos Mensuales (RSM), antecedentes de oficios judiciales recibidos, Colaboraciones Judiciales, Solicitudes de Información Recibidas de las UIFs del exterior (SIR) y toda otra información obrante en sus bases de datos internas, respecto de las personas denunciadas”.
El juez federal de La Plata, que subroga el juzgado 2 de Lomas de Zamora, también reclamó que la Oficina Anticorrupción remita las declaraciones juradas, de carácter público y privada, de Martín Insaurralde, “para el período comprendido desde la fecha de su ingreso a prestar funciones como intendente del Municipio de Lomas de Zamora hasta la actualidad”.
En el final de la resolución, el juez aceptó la designación de los dos abogados que representarán a Insaurralde, Fernando Enrique Pinto y Nicolás Maciel, e intimó al defensor propuesto por Clerici, Martin Juan Larralde, para que acepte el cargo. Es solo una formalidad.
Últimas Noticias
La Corte Suprema aprobó un nuevo proyecto de reglamento para los concursos de jueces
Lo hizo mediante una acordada firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Será discutido por el Consejo de la Magistratura

“Chiqui” Tapia pidió un permiso “general” para viajar al exterior durante los próximos 60 días y la Justicia se lo rechazó
El juez en lo penal económico Diego Amarante, quien investiga al presidente de la AFA por retención indebida de aportes, no aceptó un pedido para que se lo autorice a viajar al exterior “con carácter general”

ARA San Juan: un excomandante declaró que el submarino tenía fallas pero estaba en condiciones de operar
Eduardo Cella Irigoyen explicó el estado de alistamiento del buque. Además, detalló las limitaciones de inmersión y se analizaron informes sobre mantenimiento. Los pedidos de reparación previos al hundimiento

“Sueños compartidos”: Massa afirmó que el municipio de Tigre debió hacerse cargo de obras que no terminó la fundación
El exintendente declaró como testigo en el juicio contra Julio De Vido y los hermanos Schoklender. Reconoció el valor social del proyecto, a la vez que admitió que existieron irregularidades en el programa de viviendas

Habló el padre de Agostina Páez tras el fallo en Brasil: “En todo momento tuve miedo de que quedara presa”
Mariano Páez señaló también que la resolución de la fiscalía implicará un costo de 40 mil dólares por damnificado. “Es una locura”, definió. La sentencia descartó los 15 años de pena de prisión y la mujer podrá volver al país. Evalúan apelar el fallo




