En un fallo inédito y sin precedentes, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, confirmó ocho condenas por delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación ilícita, con penas de hasta 7 años de prisión. Se trata de los integrantes del llamado “Clan Loza”, una estructura criminal dedicada al lavado de activos con ganancias provenientes de la comercialización y el contrabando de drogas desde Argentina hacia España entre 2008 y 2018.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Javier Carbajo -como Presidente- y los doctores Mariano Hernán Borinsky y Guillermo J. Yacobucci, resolvió por unanimidad confirmar las condenas de Alan Loza (4 años de prisión), Estela Mari Gallo (6 años de prisión), Juan Carlos Fernández (4 años y 6 meses de prisión), Clara Luz Fernández (5 años de prisión), Gerardo César Guccione (7 años de prisión) y Javier Eduardo Silveira López (4 años de prisión).
Por mayoría, conformada por los jueces Carbajo y Borinsky, también se confirmó la condena de Gonzalo Loza a 6 años de prisión. Por mayoría -conformada por los jueces Carbajo y Yacobucci- se absolvió a Erwin Loza y William Oscar Weston Millones por uno de los sucesos calificados como contrabando de divisas, mientras que se mantuvo la condena por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. Además, esa mayoría anuló un decomiso de pesos 8191,37 depositada en una cuenta corriente de Américo Alfredo Santi (condenado a 4 años y 6 meses de prisión).
El juicio oral lo llevó adelante el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 3 y finalizó a fines del 2021. Los imputado fueron condenados por integrar una organización ilícita que traficaba material estupefaciente desde Argentina hacia España para luego contrabandear divisas a la Argentina y lavar activos mediante la compra de propiedades inmobiliarias y autos de alta gama. La condena incluyó también multas económicas que alcanzan casi los 378 millones de pesos y el decomiso de los bienes obtenidos mediante las maniobras ilegales.
Las acciones para dar apariencia lícita a los fondos provenientes del narcotráfico eran ejecutadas mediante las compras de muebles e inmuebles a través de sociedades anónimas, entre los que se incluyen vehículos de alta gama y propiedades inmobiliarias.
En el caso, se tuvo por acreditado que la organización ilícita instrumentaba maniobras de tráfico de estupefacientes (principalmente el contrabando desde Argentina hacia España de clorhidrato de cocaína), contrabando de divisas desde Europa hacia el país y finalmente lavado de activos provenientes de las ganancias producidas por sus actividades ilícitas precedentes. También se acreditó que la asociación ilícita traficaba estupefacientes especialmente hacia a España, donde se detectó un cargamento de más de una tonelada en 2017. Y que luego la droga era distribuida para su comercialización en distintos puntos de Europa.
De acuerdo con la investigación, la estructura criminal adquiría sustancias ilícitas -principalmente clorhidrato de cocaína- en la Argentina y otros países de Sudamérica, y los transportaba, por vía marítima o aérea, a España, “donde violaba los controles aduaneros para ingresar la mercadería ilícita, que era distribuida para su comercialización en distintos puntos de Europa”.
”Las ganancias generadas por la venta de la droga eran transportadas a la Argentina, donde se ponían en circulación mediante la compra de muebles e inmuebles, para darles apariencia lícita”, dijeron los fiscales en su alegato.”La actuación de esta asociación criminal tuvo impacto también en otros países como Italia, Irlanda, Inglaterra, Bolivia, Colombia y Perú”, detalló el fiscal Álvarez, quien agregó que la estructura delictiva “presentó vinculaciones con otras células criminales asentadas en esos estados como también en España o Argentina” y que esos vínculos “se mantuvieron en las distintas etapas de la actividad narcocriminal”.
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