A la tormenta judicial que enfrentan la fintech Wenance y su CEO, Alejandro Muszak, se le suma otro frente, esta vez desde Tucumán. Desde el ámbito penal, ya la semana pasada la fiscal de Instrucción Mónica Cuñarro se había opuesto a la suspensión de la indagatoria del líder de la empresa dedicada otorgar microcréditos personales en una causa donde está imputado por estafas reiteradas de las que fueron víctimas personas de bajos recursos. También fue allanado su domicilio por órdenes del Juzgado de Instrucción 3 de Ushuaia, Tierra del Fuego, en un caso de presunta estafa centrada en fideicomisos que utilizaba la firma financiera para apalancarse, donde hay al menos 50 inversionistas identificados, con un daño estimado en 250 millones de pesos.
Ahora se agregó, desde San Miguel de Tucumán, otro reclamo que llegó hasta la justicia comercial. Un grupo de ahorristas interpusieron una medida cautelar tras detectar una serie de irregularidades en la actuación de los integrantes de los fideicoimisos llamados Finup y Fintop. Según pudo averiguar Infobae, la iniciativa apunta a inmovilizar los fondos de ambos instrumentos financieros para asegurar la devolución de la inversión de poco más de 20 inversionistas tucumanos, con volúmenes que van desde los 500 mil pesos a los 20 millones de pesos.
Fintop es un fideicomiso que estableció Promotora Fiduciaria S.A., bajo el rol de fiduciaria, y Wenance S.A. como fiduciante. La operación involucraba 8698 créditos con un valor nominal total de poco más de 504 millones de pesos. El reclamo, explicó el abogado Jaime Roig, representante de algunos de los ahorristas en el expediente, devino luego de analizar la operatoria y detectar irregularidades en la forma de actuar de los involucrados. Por ejemplo, Promotora Fiduciaria no exhibió la cobertura de seguros exigida por ley y removió, además, como Agente de Cobro y Administración a Wenance.
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“La Fiduciaria cedió a Wenance sus facultades más importantes: la administración del fideicomiso y la cobranza de sus ganancias, lo que hace presumir que este fideicomiso, en la realidad de los hechos, no cumplía el objeto para el cual fue creado”, afirmó Roig desde la capital tucumana.
Algo similar se produjo con el fideicomiso Finup, donde el rol de fiduciante lo asumió la firma Créditos al Río, una empresa ligada a la fintech, hoy con reclamos de inversionistas desde España y Uruguay y con damnificados en distintas provincias del país como Mendoza, Chubut, Río Negro, Neuquen, Entre Ríos y Santa Cruz.
Finup manejaba un total de 3615 créditos por un valor nominal total de casi 246 millones de pesos. Promotora Fiduciaria, en su carácter de fiduciaria del fondo, al igual que en el Fintop, removió a Créditos al Río de su rol de Agente de Cobro y Administración del fideicomiso.
Por estas maniobras, de tipo indiciarias, Roig acudió en nombre de los ahorristas a los tribunales comerciales de Tucumán para apuntar contra todos los protagonistas de las operatorias a través de un embargo: Promotora Fiduciaria, ambos fiduciantes -Wenance y Créditos al Río- y los respectivos presidentes de su directorio, “que no debían ser ajenos a la operatoria impuesta en el mercado”, aclaró el abogado en diálogo con Infobae.
Wenance se hizo conocida por ofrecer préstamos a personas que no calificaban para obtenerlos en el sistema bancario, casi sin pedirles requisitos. Según investiga la fiscal Mónica Cuñarro en una causa penal por estafa, los intereses de esos préstamos eran “usurarios”. La contracara de esa operativa -que se concretaba en contratos de mutuo- era lo que se les ofrecía a inversores para formar parte de fideicomisos privados a tasas más altas que los de un plazo fijo en el mercado.
Por otro lado, las empresas que operaban bajo el grupo Wenance, con nombres de fantasía como Presto, Más salario, Welp, Mango o Luquitas, captaban a personas por medio de redes sociales y anuncios. Los préstamos, en general de montos bajos, se utilizaban para solventar deudas o alquilar inmuebles. La firma los otorgaba de inmediato y casi sin exigir requisitos, ya sea en efectivo o por medio de transferencias a las cuentas de los clientes. Para cobrar, realizaban débitos directos de las cuentas de los clientes, en algunos casos llevando a cabo los débitos incluso después de que la deuda había sido cancelada.
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