El Tribunal Oral Federal de Corrientes dará a conocer mañana el veredicto contra el ex juez federal de esa provincia Carlos Soto Dávila acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que le cobraba coimas a acusados para beneficiarlos.
Los jueces Juan Manuel Iglesias, Ruben Quiñones y Manuel de Jesús Moreira darán a conocer su resolución a las 12. Es lo único que resta ya que todos los acusados dijeron sus últimas palabras en audiencias anteriores. “Los arrepentidos que declararon en mi contra son los que mandé a la cárcel. No soy jefe de ninguna asociación ilícita”, dijo Soto Dávila en esa instancia.
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El veredicto estaba previsto para el viernes pasado. Pero los magistrados le informaron a las partes que se pasó para mañana.
Soto Dávila fue el titular del juzgado federal 1 de Corrientes durante 22 años. No solo tuvo a su cargo las causas de crimen organizado, sino que era el magistrado electoral de la provincia. Por la causa penal, tenía una orden de detención que no se podía cumplir por sus fueros como juez. En febrero de 2019 renunció y fue internado por problemas de salud. Estuvo en prisión domiciliaria y hoy en libertad.
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Junto con él hay otros seis acusados. Son Pablo Molina y Federico Grau -secretarios del juzgado-, los abogados Duylio Horacio Barboza Galeano, Gregorio Humberto Giménez y Alfredo Viglione y el ex intendente de la ciudad de Empedrado Juan Manuel Faraone.
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Todos fueron acusados de formar parte, en distintos roles, de una asociación ilícita que le cobraba coimas a narcotraficantes para beneficiarlos en sus causas. Los narcos no llegaron a juicio porque acordaron un proceso abreviado. Eso significa que reconocieron su responsabilidad en los hechos y fijaron una pena con la Fiscalía, lo que debe ser resuelto por el tribunal oral. Uno de ellos es Federico “Morenita” Marín, quien estaba bajo prisión domiciliaria y en febrero pasado se fugó cuando tuvo autorización para ir a un control médico.
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El fiscal federal Carlos Schaefer y los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias y Martín Uriona pidieron en sus alegatos una pena de 15 años de prisión para Soto Dávila, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 75 mil pesos. Lo acusaron de ser el jefe de una asociación ilícita, de ocho casos de cohecho pasivo agravado (haber cobrado coimas) y de nueve casos de prevaricato, que es dictar sentencias contrarias a derecho.
Para el resto de los imputados solicitaron penas de 12 años a dos años y cinco meses de prisión.
La clave de la acusación estuvo en las escuchas telefónicas de causas de narcotráfico que el propio Soto Dávila había ordenado. En una de esas intervenciones, Germán “Chavito” Barrios, condenado como parte de la banda de Marín, habla de su causa: “Si el abogado salta, si me cambian al otro juez, el otro juez no me va a dar pasar, me va a detener, pero si es Soto Dávila no pasa nada dice, a Soto Dávila le tira unos pesos y se arregla”.
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Los fiscales señalaron en sus alegatos que las fechas de las conversaciones coincidían con resoluciones que dictada Soto Dávila dictaba a favor de los narcos. Calcularon que se pagaron 25 millones de pesos de sobornos para 2015. “Soto Dávila tenía la llave para rechazar los acuerdos espurios”, dijo el fiscal Schaefer.
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El ex juez rechazó las acusaciones y su abogada, Mariana Barbitta, pidió la absolución. En sus últimas palabras ante el Tribunal Oral señaló que no hay prueba en su contra. “He tenido que soportar intentos permanentes de enlodar mi rol a pesar que no he tenido ni una sola persona que haya trabajado conmigo que aquí declarara en contra mía o cualquier otra cuestión que yo le haya ordenado hacer, que haya dejado de hacer o que le haya sugerido”, sostuvo.
Soto Dávila también señaló que hubo una “intervención de facto en la ciudad de Corrientes de la Justicia porteña” porque fue investigado por el ex juez federal de Comodoro Py Sergio Torres.
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“Los arrepentidos que declaran en mi contra son los que mandé a la cárcel. Solo buscaban mejorar su situación procesal y los bienes que tengo los adquirí antes de ser juez federal. Hay una persecución en mi contra. No soy jefe de ninguna asociación ilícita”, completó Soto Dávila.
Ahora solo resta la decisión final del Tribunal Oral.
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