El ex administrador de la Corte pedirá un careo con Juan Carlos Maqueda por las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial

La declaración Héctor Marchi y las contradicciones con Juan Carlos Maqueda quedaron en el centro del debate en la Comisión de Juicio Político del Congreso por lo que el ex administrador de la Corte Suprema pedirá un careo con el ministro del máximo tribunal, y se está estudiando la manera de hacerlo. Marchi buscó tocar la fibra peronista de Maqueda porque dijo “entre peronistas se da la cara.”

La primera cuestión a aclarar es quién estaba a cargo de la Obra Social del Poder Judicial porque existe una nota firmada por Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la que el responsable era la administración de la Corte.

Este documento llamó la atención de todos porque parecía evidente que estaba dirigida a “lavarse las manos” e imputar a Marchi. Por ese motivo es que se leyó en la audiencia ante los Diputados un correo electrónico de Maqueda de agosto de 2021 en el que deja la Obra Social y pide que se haga cargo la Secretaría de Administración; sería absurdo que el juez lo pidiera si Marchi ya estaba a cargo. Sobre este punto, el recientemente desplazado administrador de la Corte expresó “si yo hubiera estado a cargo de la Obra Social, no me hubiera criticado a mí mismo.” Esto dejó mal parados a los tres ministros de la Corte que desplazaron al contador Marchi a punto tal que ni la oposición los defendió.

Marchi comenzó su declaración explicando que hubo tres períodos en la administración de la Obra Social. El primero fue durante las presidencias de Julio Nazareno y de Enrique Petracchi en el que el manejo de la Obra Social estaba a cargo del entonces administrador de la Corte, Nicolás Reyes. En esa época estaba unida la Corte y el Consejo de la Magistratura.

El segundo fue desde que asumió como Presidente del tribunal Ricardo Lorenzetti, donde se llegó a un acuerdo entre los ministros para desconcentrar las áreas y que no todo dependiera de la presidencia o de la administración como había ocurrido en el período anterior. Es por eso que se distribuyeron las distintas áreas. Elena Highton se hizo cargo de la Oficina de Violencia Doméstica, Carmen Argibay con la Oficina de la Mujer y el Cuerpo Médico Forense, Eugenio Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti con el Centro de Información Judicial; y Juan Carlos Maqueda con la Obra Social. En esa oportunidad -según pudo reconstruir infobae- Maqueda pidió expresamente que no se consignara su nombre en la Acordada mediante la que se habían distribuido las áreas porque la Obra Social era conflictiva. Eso creó una apariencia jurídica pero está claro que Maqueda dirigió totalmente la Obra Social durante todo ese período como él mismo lo dice en el e-mail que envió a sus colegas y que se dio a conocer en la Comisión de Juicio Político.

El contador Marchi explicó que el juez supremo cordobés quedó a cargo de la Obra Social con un control total ya que designó en el Directorio a Aldo Tonón y Claudia Viviana Madies. Tonón es un hombre de extrema confianza de Maqueda quien lo nombró al frente de la Obra Social por sugerencia de su amigo el ex ministro de Salud, Ginés González García. En esa oportunidad le pidió a Marchi que designara un representante de la administración, que fue Juan Francisco Ramos. Ese Directorio inicial fue desmantelado a pedido de Maqueda, y así es que renunciaron Madies y Ramos, quedando solamente Aldo Tonón. De esta forma, la Obra Social fue manejada directamente por el ministro nacido en Río Tercero a través de Tonón.

La mayoría de las personas que fueron designadas en la OSPJN fueron propuestas por el ministro Maqueda y numerosas decisiones eran adoptadas en su vocalía, con sus empleados. El e-mail que se leyó en la Comisión de Juicio Político se pudo reconocer ese rol. El desplazado administrador Héctor Marchi señaló que si Maqueda había asumido esa responsabilidad debía hacerse cargo y no pretender negarla ya que -según dijo- hay muchísimas pruebas.

Asimismo se lo vio muy indignado ante lo que pareció una imputación del ministro Maqueda. Marchi relató todo el proceso de informatización de la Obra Social diciendo que Maqueda lo llamó para pedirle consejo sobre qué es lo que había que hacer ante la gran cantidad de quejas que había. El contador dijo que le hizo algunas sugerencias que el juez supremo aceptó y que luego consignó en su e-mail. Como ahora niega ser el responsable el ex administrador parece estar muy afectado por eso.

El tercer período se inicia con la renuncia de Maqueda y la designación en el Directorio de Mariano Althabe -un hombre ajeno a la Justicia-, propuesto por Horacio Rosatti. Marchi criticó que no se hicieran concursos, que la Corte siguiera controlando de hecho la Obra Social y que no se designara gente del Poder Judicial. Según contó Marchi, en manos de Althabe y de la gente que éste nombró, que son todos desconocidos, la Obra Social siguió con el mismo problema y no se solucionó nada.

A esta altura pareció quedar claro que hubo irregularidades muy graves. Los auditores designados por la propia Corte declararon que no había presupuesto, que la información era oscura, que los balances habían sido firmados por contadores que dijeron que no se hacían cargo de la información contable. Ese fue el contexto en el que surgieron los hechos a los que Marchi hizo referencia. Millones de pesos gastados en medicamentos adquiridos por compra directa sin control alguno, firma de cheques por millones de pesos sin procedimientos administrativos, licitaciones dudosas, entre otras irregularidades. Algunos diputados vinculados a obras sociales dijeron que si eso ocurría en un gremio iban todos presos.

Otra cuestión que generó sospechas fue que se eliminó el mail oficial de Horacio Rosatti en diciembre de 2022, justo cuando estalló el escándalo alrededor del caso por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. El contador Marchi declaró que Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, pidió al director de informática que eliminara el mail oficial y que todas las informaciones fueran redirigidas a otra dirección de correo electrónico. Marchi sugirió que se pida información a la Corte.

Además, el ex administrador declaró que Althabe, el director propuesto por Rosatti, hizo perder unos tres mil millones de pesos a la Obra Social por negligencia al dejarlos en una cuenta corriente en un período en el que hay alta inflación representando esto una pérdida enorme.

Un hecho que generó impacto fue la permanente comparación que hizo Marchi con la Corte de siete miembros (en referencia a la que integraban Fayt, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni, Highton, Argibay y Lorenzetti) y lo que ocurre ahora, especialmente con Robles y Rosatti.

En ese sentido, le adjudicó un rol muy importante a Robles quien sería el que verdaderamente maneja de modo informal muchas cuestiones importantes del tribunal. El contador hizo referencia a que se hacen muchas cosas dejando de lado los procedimientos de legalidad y administrativos. Hizo especial mención a que el informe que envió sobre la gestión de Althabe fue ocultado por Robles y no publicado ni distribuido entre los ministros de la Corte.

Por último afirmó que fue sancionado por hacer los informes correctos. Reveló que la decisión de dividir la administración de la Corte estaba en borrador y le hicieron saber que la iban a aplicar si seguía con el informe e iba a declarar. También contó que en conversaciones informales con algunos diputados que hubo periodistas que sabían esto, es decir, la decisión en borrador y que les había dicho que era un modo de presionar.

Marchi dijo que lo grave es que lo desplazaron enviándolo como contador al fuero de la Seguridad Social y no sólo eso: los tres ministros citaron a la presidenta de la Cámara para que le de un trato riguroso. Contó además que clausuraron puertas en el cuarto piso del Palacio de Justicia, pusieron candados, guardia policial, entraron a su oficina y le sacaron computadoras e información. Dijo que Silvio Robles está llamando a periodistas para iniciar una campaña de desprestigio, algo que fue corroborado por uno de los diputados que estaba presente.

Esta declaración de Marchi que es coincidente con lo que dice la auditoría y demás testigos que ya declararon abonaron la idea de que no sólo puede haber una acusación de juicio político especial contra Maqueda sino una denuncia penal que ya algunos diputados comentaron que debía efectuarse.

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