Donaron miles de prendas incautadas en el caso de la mafia de los contenedores

Se la llamó “la mafia de los contenedores” porque entraban contrabando al país por millones de dólares. En 2016 los descubrieron y la mercadería quedó allí arrumbada en el Puerto de Buenos Aires: nadie la reclamó porque era producto de un delito.

Empresarios y “buscavidas” movían influencias en la Aduana para, a partir de la modificación de documentación oficial, lograr liberar contenedores que estaban retenidos en el Puerto de Buenos Aires. Cobraban por hacer el trámite asociados con los funcionarios públicos que facilitaban las operaciones ilegales.

En el caso por el que hay procesadas 177 personas físicas y jurídicas procesadas: desde ex funcionarios de la Aduana a empresarios que se dedicaban a la “importación” en este caso llamado contrabando. En 2018 fueron condenados ex funcionarios de la Aduana durante el kirchnerismo y empresarios que

Desde el año 2016 el juzgado en lo Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky supervisa la apertura de todos y cada uno de los 1600 contenedores afectados a la causa judicial. Hasta ahora se han abierto 1400 “latas” (como se denomina a los contenedores” y faltan abrir 200. Se espera que esta tarea termine a fines de julio próximo. La mercadería total incautada se valuó en 364 de dólares. De toda esa mercadería un 22% se ordenó destruir por cuestiones vinculadas con la Salud y con la seguridad electrónica. La mercadería está inmovilizada por orden judicial y está bajo la custodia de la Aduana que encabeza Guillermo Michel, en el Puerto de Buenos Aires.

En 2018 ya se había donado a través del ministerio de Desarrollo Social parte de lo incautado. En la mañana de hoy (o ayer) se hizo otra donación que tiene características singulares.

Hubo una reunión en el Puerto de Buenos Aires, donde están los contenedores secuestrados convocada por el juez Aguinsky. Hasta allí fueron el juez, Michel, Leonardo Moyano, a cargo de la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Darío Trimarco, Gerente Operativo de BACTSSA, permisionario de la Terminal Portuaria nro. 5; Monseñor Gustavo Carrara a cargo de la Vicepresidencia de Cáritas Argentina y el Comisario Inspector Gustavo Quevedo del Departamento de Delitos Federales de la Policía Federal Argentina. Junto a ellos estaban representantes de las marcas “Mattel” Inc. “Nike”, “Puma”, “Levi`s”, “Converse”, “Tommy Hilfiger”, “Chanel”, “Versace” y “Under Armour”; Adidas y “The Walt Disney Company”. Es que buena parte de la ropa que ingresó de contrabando en los contenedores secuestrados venía de China con los logos de las marcas para ser vendidos en la Argentina.

En un hecho inédito, las autoridades y los representantes de las marcas firmaron un acuerdo para que lo que está secuestrado allí se done a los más necesitados. Las marcas- explican en Tribunales- podrían haber pedido perfectamente la destrucción de la mercadería porque su posible ingreso al mercado las habría perjudicado. Pero no sucedió. Se firmó un acuerdo -empujado por el juez Aguinsky y respaldado por Michel- por el que se donaron prendas deportivas, zapatillas, bolsos, mochilas, gorros, mantas, entre otros productos por 4 millones de dólares.

Cuando se inició la reunión el juez explicó que: “La audiencia que decidimos convocar en esta terminal de contenedores es para decidir sobre importaciones con doble fraude. Estos productos secuestrados en condiciones de ser donados se hallan en doble infracción, es decir, por un lado, mercadería involucrada en una maniobra de contrabando propiamente dicha y, por otro lado, por ostentar una marca falsificada. Si bien los titulares y licenciatarios de las marcas afectadas podrían exigir su destrucción, la presencia aquí de sus representantes legales junto a las autoridades gubernamentales y de Cáritas Argentina, acompañan la decisión de proceder a la donación de estos bienes a los sectores más carenciados de nuestra comunidad. Asimismo, fueron invitadas a intervenir en el control de trazabilidad de las donaciones que involucren a sus representadas”.

El juez Aguinsky agregó: “Cuando una persona le advierte a otra que “no pases por debajo de la escalera que te va a traer mala suerte”, vemos que la reacción inmediata es acatar esa indicación. Pero si alguien decide armar una organización para defraudar a la Aduana dice: “Traigamos cosas de contrabando que no pasa nada”. No hay que ser supersticioso. Lo que de verdad trae mala suerte es meterse en problemas con la ley”.

Luego de las palabras, se firmó un acta que señala que el juzgado interviene: “…a los efectos de hacer efectiva la puesta a disposición al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la mercadería de primera necesidad en infracción a la ley de marcas en las que resulta inconducente la remoción u ocultamiento del símbolo de la marca a los fines de su donación o imposible de proceder sin deteriorar el bien de que se trata”.

Allí se explicó: “Luego de visualizar las muestras representativas de la mercadería a ser donada y una vez oídas las partes concurrentes, se deja constancia que el tribunal no ofrece reparos y comparte los argumentos vertidos en la solicitud presentada para que se viabilice la donación de las mercaderías, a cuenta y orden de la Administración Pública Nacional representada por la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en tanto las mismas no requieren intervenciones y/o autorizaciones previas por partes de los entes administrativos de resguardo de la salud pública según corresponda como fue informado por la División Control y Fiscalización Simultánea de la Dirección Nacional de Aduanas”.

El juez les propuso a las marcas que puedan auditar el camino que recorrerán los productos hasta llegar a las personas que los necesitan: “Asimismo, y dado que los símbolos de las marcas no pueden ser removidos u ocultados sin destruir el bien o resultaría inconducente a los fines de su donación, se invita a los representantes de los titulares registrales de las marcas a participar en el control de trazabilidad de las mercaderías con el propósito de auditar su derrotero y destino final. Ello con el propósito de garantizar la salvaguarda del derecho de propiedad intelectual en consideración y brindar los reaseguros necesarios para evitar el ingreso de dichos productos a un circuito de comercialización no autorizado”.

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