La Cámara Federal rechazó el pedido de Migraciones para ser querellante en el caso de las agencias que traían rusas a parir al país

La Dirección Nacional de Migraciones intentó presentarse como querellante en la causa en la que se investiga a varias agencias que traen mujeres rusas a parir a la Argentina y que luego consiguen documentación que les permite conseguir la ciudadanía y el pasaporte argentinos. Los rusos quieren el pasaporte argentino porque les permite entrar a muchos más países sin visa que el emitido por la Federación Rusa. La jueza María Servini, a cargo de la investigación, rechazó aquel pedido a principios de mes. La Sala I de la Cámara Federal porteña ahora respaldó la decisión de la jueza y por el momento no admitió a Migraciones como querellante en la causa.

En la causa se realizaron varios allanamientos y se enfocó principalmente en la agencia que maneja la rusa Elena Kuklina, quien está imputada en el expediente. Ella y su esposo, Ruslan Yuldashev, y la gestora Olga Guz, son los primeros que están bajo investigación. Pero hay otras agencias bajo la lupa judicial.

Las agencias cobran por organizar la llegada a la Argentina y por todo lo relacionado con los nacimientos de los bebés. Luego, a través de gestores, hacen los trámites en Migraciones para que los padres de los niños nacidos en Argentina consigan la Residencia Permanente. Ese es el primer trámite para conseguir la Carta de Ciudadanía (que entrega la Justicia) para luego acceder al pasaporte.

Se detectó al principio de la investigación que los domicilios en los que los rusos decían que iban a vivir -en el trámite de la Residencia Permanente- eran falsos. A partir de allí avanzó la investigación que por ahora sigue en secreto de sumario.

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Servini, cuando rechazó el pedido de Migraciones, había señalado: “De las denuncias formuladas en la causa se hace mención a un obrar delictivo por parte de presuntos gestores en connivencia con personal de la DNM, por lo cual, ante el incipiente estado de la investigación no es posible descartar la participación en los hechos investigados de agentes del organismo que pretende constituirse como querellante”. Y agregó que: “Las actuaciones se encuentran actualmente bajo secreto, por lo cual adoptar el criterio pretendido podría poner en jaque la investigación”.

La jueza también había considerado que: “El criterio sentado podría verse modificado con el avance de la pesquisa, y que el organismo puede, en todo caso, ser debidamente informado a fin de que aporte sus capacidades y todas aquellas pruebas o datos que pudieran resultar útiles para el esclarecimiento de los hechos”.

Ante esa resolución, Iván Posternak, apoderado de la Dirección Nacional de Migraciones, presentó una apelación. Allí se señaló que la jueza “desconoce que los hechos que se investigan en la presente causa no sólo podrían afectar el orden migratorio sino también el correcto ejercicio de las funciones y deberes a cargo del organismo que diversas normas le imponen, máxime en caso de que agentes propios se encuentren involucrados – circunstancia que colocaría al organismo en calidad de víctima- todo lo cual justifica que se le otorgue el carácter de parte solicitado”. También se calificó la decisión de Servini como arbitraria.

Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia rechazaron el argumento de la arbitrariedad. En la resolución a la que accedió Infobae agregaron que: “Como punto de partida corresponde señalar que en el marco de las presentes actuaciones se investiga el accionar de determinados individuos -algunos de ellos aún no identificados-, a partir del cual a través de diferentes páginas de internet ofrecerían servicios de gestoría para ciudadanos rusos, con el fin de obtener la ciudadanía argentina”.

“Para ello participarían en la presunta falsificación de datos -en supuesta connivencia con funcionarios argentinos-, para obtener documentos públicos en favor de esos ciudadanos, quienes ingresarían en la República Argentina a los fines de dar a luz a sus hijos; como así también la potencial falsificación de documentación relacionada con los recién nacidos, para acelerar los plazos en que a los mismos se les otorga la nacionalidad argentina. Del legajo se desprende también la referencia al posible obrar delictivo por parte de presuntos gestores, en supuesta connivencia con personal de la Dirección Nacional de Migraciones”, añadieron.

Y agregaron: ”...que -de momento y dado el incipiente estado de la investigación-, no se podría descartar una eventual participación en los ilícitos aquí investigados por parte de agentes del organismo citado; tratándose ésta de una de las situaciones que han de ser corroboradas o descartadas, conforme avance la pesquisa”.

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