Consejo de la Magistratura: tras el principio de acuerdo, cuáles son los principales desafíos del oficialismo y la oposición

Oficialismo y oposición entraron una senda de diálogo para que el Consejo de la Magistratura de la Nación comience a funcionar después de 10 meses. En las instituciones argentinas es una noticia. Ahora el objetivo es que eso dure en el tiempo y que se pueda ver en acciones concretas. No es fácil. El año pasado ese camino se inició y después se rompió. Pero ahora se abre una nueva etapa que tiene algunos desafíos inmediatos.

El presidente del Consejo, Horacio Rosatti, también titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, convocó para el miércoles pasado a una reunión de Labor del organismo. La última vez había sido en junio del año pasado. Había mucha expectativa porque el organismo se vuelva a poner en marcha. Y el resultado de la reunión fue positivo.

Hubo vocación de empezar a acordar temas para destrabar el funcionamiento del cuerpo. Así lo acordaron -todos coincidieron que en un buen clima- los representante del oficialismo y de la oposición. “A Rosatti se lo vio predispuesto a que haya acuerdos entre todos”, le dijo a Infobae uno de los consejeros.

El resultado fue más positivo del esperado. El contexto lo hacía complejo. Es porque el oficialismo tiene en la mira a la Corte Suprema con el juicio político que le inició a sus cuatro integrantes en la Cámara de Diputados después del fallo por la coparticipación a favor de la ciudad de Buenos Aires. Dos los kirchneristas más críticos con la Corte son el diputado Rodolfo Tailhade y el senador Mariano Recalde, también integrantes del Consejo que estuvieron el miércoles.

Pero no hubo ni críticas ni reproches ni pedidos a Rosatti. “Veremos si dura”, dijo un consejero de la oposición con un dejo de duda y mucha experiencia política para saber que todo puede romperse.

Es que un escenario similar se había dado el año pasado. En abril comenzó a funcionar el Consejo de 20 miembros con Rosatti como presidente después que la Corte Suprema declaró inconstitucional su integración de 13. Hasta junio el organismo se reunía de manera periódica y aprobó 10 concursos de jueces. Pero después se trabó. El oficialismo empezó a ser crítico con Rosatti y se rompieron los consensos para que haya nuevos encuentros. Todo se agravó con el fallo de la coparticipación y con el decisión de apartar del Consejo al senador kirchnerista Martín Doñate.

Pero ahora se abre una nueva etapa. El primer desafió será que esa vocación de diálogo entre oficialismo y oposición se plasme en la designación de las autoridades del cuerpo. Se debe elegir al vicepresidente de Rosattti y a los titular de las cinco comisiones del organismo -Selección, Acusación, Disciplina, Reglamentación y Administración y Financiera- y cómo se integrarán. Ese fue el motivo de la reunión del miércoles pero Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo, dijo que el oficialismo no estaba en condiciones de tomar una decisión en ese momento.

Algunos sectores ya comenzaron a trabajar en ese tema. Hubo varias reuniones entre consejeros para diagramar sus pretensiones, entre ellas la vicepresidencia del cuerpo que sería para un representante de los jueces. También la titularidad de algunas comisiones. Para avanzar deben dialogar con el oficialismo y escuchar sus opiniones y pedidos.

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Hay un sector que busca pararse en el medio del oficialismo y la oposición. Son los representantes de los jueces, los académicos y una abogada que con sus siete votos quieren que “la política” se siente a negociar. Hubo más charlas con la oposición que con el oficialismo. “El kirchnerismo está en minoría, por lo que tiene que dialogar si o sí”, analiza un consejero del centro.

El mapa del Consejo es de seis consejeros para el oficialismo. Es un núcleo duro que representa los intereses de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Lo encabeza Ustarroz, hermano de crianza del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. El presidente Alberto Fernández no tiene peso en el organismo. La oposición son cinco entre abogados, diputados y senadores. Hay representantes de la UCR y del PRO y en ese último espacio los que tienen vínculo directo con el ex presidente Mauricio Macri y con el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta. Y el bloque del centro con otros siete representantes. Rosatti apoyará la búsqueda de consensos.

Pero es un Consejo que no está completo. Deberían ser 20 pero son 19. Resta que se defina uno de los lugares que le corresponde al Senado y que estuvo bajo disputa entre el oficialismo y la oposición. Con uno menos igual comenzó a funcionar.

Con 19 consejeros se necesitan 10 votos para una mayoría simple y aprobar, por ejemplo, las autoridades. Pero para aprobar concursos de jueces o envíos a juicio político de magistrados se requieren dos terceros de los votos, una mayoría agravada.

El 4 de abril será la primera prueba de la vocación de diálogo. Ese martes a las 9.30 está convocado el primer plenario para designar a las autoridades. En esta semana y media por delante se espera que haya acuerdos entre las partes para llegar con los nombres consensuados para ser aprobados por unanimidad.

Cuando las comisiones con sus autoridades estén en marcha vendrán otros desafíos. El principal son los concursos de jueces nacionales y federales. Hoy en el Poder Judicial hay un 24 por ciento de vacantes. Hay 988 cargos de magistrados de primera instancia, de cámaras y de tribunales orales federales y nacionales en todo el país, de los cuáles 242 están vacantes, La selección de un magistrado comienza en el Consejo con un concurso público.

El Consejo hoy tiene en trámite 166 de esas vacantes. De esas, 84 están en etapa de plenario. Eso quiere decir que el concurso ya terminó y solo resta que los consejeros lo aprueben para enviarlo al Poder Ejecutivo. Pero están trabadas por la disputa política.

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Uno de los objetivos es lograr la aprobación de esas ternas. Hay una que es clave. Son los lugares en la Cámara Federal que ocupan los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados allí durante el gobierno de Macri. La Corte falló que tienen que ser reemplazos por un concurso. Ese proceso ya terminó pero no se aprobó. El oficialismo lo impulsa con ímpetu y la oposición lo frena.

Todos en el Consejo coinciden que ese concurso, junto con otros dos para Comodoro Py -las vacantes en primera instancia y en los Tribunal Orales Federales- quedarán a un costado. Saben que es un escollo hoy muy complicado de resolver. “Con eso fuera de la discusión, el resto será más fácil”, señala un consejero.

Otro tema candente es la acusación contra el juez federal de Mendoza Walter Bento. Está procesado con prisión preventiva -que no se puede ejecutar por sus fueros como magistrado- por beneficiar a acusados de narcotráfico en causas a su cargo y por enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. El Consejo tiene una causa en su contra por mal desempeño de sus funciones en la que Bento ya hizo su defensa.

El diputado del PRO Pablo Tonelli presentó en noviembre pasado -antes de dejar el Consejo- un dictamen en el que pidió que Bento sea suspendido en su cargo y enviado a juicio político. El caso quedó paralizado por la falta de trabajo. Será uno de los temas clave en la nueva etapa a la espera de una definición sobre la situación de Bento.

Todo lo que ocurra en el Consejo estará a travesado por el año electoral. A nadie le escapa que será un factor decisivo sobre lo que hagan los consejeros. Sobre todo porque los representantes de la política tienen sus jefes en los partidos. Algunos de los otros estamentos también.

El primer paso de la reunión de la semana pasada fue poner en marcha el Consejo. El primer desafío de si eso se cumplirá será el 4 de abril en el primer plenario.

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