Los presidenciables del PRO trabajan en las reformas judiciales que implementarán si ganan las elecciones

Alrededor de una mesa de la Fundación Pensar -el think tank de políticas públicas del PRO- se sientan delegados de los pre candidatos a presidente de la Nación para discutir lo que va a ser el programa de gobierno en materia judicial en caso de ganar las elecciones presidenciales y volver a la Casa Rosada a fin de año.

Las reuniones son cada 15 o 20 días y si bien se vienen realizando desde hace dos años, en este 2023 toman otra dimensión. La Justicia es hoy un aspecto clave para la política. Es uno de los principales focos de disputa en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio y especialmente entre el oficialismo y el propio Poder Judicial después de la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner por el caso de la obra pública y del pedido de juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema que inició el Gobierno Nacional.

En esa mesa están convocados el ex presidente Mauricio Macri, la titular del PRO, Patricia Bullrich, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal. Primero fueron llamados como los referentes del espacio político y ahora se transformaron en presidenciales. Rodríguez Larreta, Bullrich y Vidal ya anunciaron sus precandidaturas para competir en la interna de Juntos por el Cambio. Se espera la definición de Macri.

Los cuatro dirigentes están representados en esa discusión de proyectos judiciales por cuatro hombres cercanos que trabajaron con ellos en esa materia. Por Macri está Germán Garavano, quien fue ministro de Justicia durante los cuatro años de su presidencia; por Bullrich, Pablo Noceti, su jefe de Gabinete cuando fue ministra de Seguridad de la Nación; por Rodríguez Larreta, Gabriel Astarloa, el actual procurador general de la ciudad de Buenos Aires; y por Vidal, Gustavo Ferrari, ex ministro de Justicia de su gobierno.

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El equipo de trabajo está coordinado por Martín Casares, ex subsecretario de Política Criminal y jefe de Gabinete de Garavano durante el gobierno de Macri. Actualmente es el secretario General del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). También participan Franco Moccia y Francisco Quintana, presidente y secretario respectivamente de la Fundación Pensar.

“Por el momento trabajamos en ideas, iniciativas pero no en proyectos escritos”, le dijo a Infobae uno de los actores de la mesa que agrega que hay acuerdo en los lineamientos generales de los cambios que debe tener el Poder Judicial. “Acá no hay halcones ni palomas”, dice con un gesto hacía las diferencias que hay en el PRO entre los presidenciales.

Uno de los temas que más se habló en los últimos encuentros fue la situación que se vive en la ciudad de Rosario con la violencia y el narcotráfico. De allí surgieron algunas propuestas que entienden que son clave. Una es cubrir las vacantes actuales que hay en la Justicia federal de esa ciudad que llega al 33 por ciento de lugares libres de jueces y fiscales. Y también reforzarla con más cargos pero atendiendo otro punto central para el PRO que es la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Federal con el sistema acusatorio.

Se trata del código que se aprobó durante el gobierno de Macri y que como política central tiene que las causas las investigan los fiscales y los magistrados actúan como jueces de garantía. Eso ya se aplica en Salta y Jujuy y por el cronograma previsto también ya debería regir en Santa Fe y Mendoza pero todavía no ocurrió.

En un eventual próximo gobierno de un presidente del PRO ese será uno de los objetivos centrales. Así entienden que en Rosario se le debe dar prioridad a la creación de nuevos cargos de fiscales federales. En esa línea también apuntan a que en la ciudad se instalen fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), el organismo de la Procuración General que conduce Diego Iglesias y que se especializa en las causas de narcotráfico.

También para Rosario piensan en una sede especial del Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación.

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Infobae consultó sobre dos puntos centrales en la justicia: la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial. Al respecto hay una línea de no modificar instituciones, pero sí su funcionamiento. Así responden que en el PRO no piensan cambiar el actual número de cinco jueces del máximo tribunal como sí hizo el Frente de Todos que en el Senado aprobó un proyecto para que sean 15, lo que quedó frenado en la Cámara de Diputados por la falta de votos. No obstante, reconocen que hay que modificar su funcionamiento. Por ejemplo, que la Corte Suprema tenga plazos para resolver las causas.

Lo mismo con respecto a la composición del Consejo, hoy de 20. En la mesa de trabajo no piensan en otro número pero sí en mantener la paridad entre sus estamentos sin que ninguno tenga una mayoría sobre otro. También que el Consejo esté integrado por el presidente de la Corte Suprema, hoy Horacio Rosatti. Ese es otro de los puntos de desacuerdo con el oficialismo.

Hay otras dos reformas centrales para el PRO. Una es sancionar el proyecto de nuevo Código Penal que, entre otras reformas, eleva las penas de prisión para los delitos de corrupción, y la segunda es sancionar una ley de responsabilidad penal juvenil.

Las vacantes en la Justicia federal y nacional es otro tema que se discute. Hoy los lugares de jueces y fiscales vacíos alcanzan el 24 por ciento, con algunas provincias muy comprometidas. Una de las ideas es que esas vacantes se cubran -por lo menos con el envió de los pliegos del Poder Ejecutivo al Senado- con rapidez en los primeros días de gobierno. También mejorar el funcionamiento de los juzgados y dar señales de confianza a la justicia que consideran que en el gobierno de Alberto Fernández no las tienen, sino todo lo contrario.

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“Esas son algunas de las ideas madre que hay. Después si llegamos a ser gobierno dependerá de quien sea presidente para ponerlas en marcha y con su estilo”, dice otra de las personas que integra el equipo.

Hay una mesa de trabajo más amplia. Y es la que conforman la Fundación Pensar del PRO con la del resto de los equipos de los socios políticos de Juntos por el Cambio. Allí están la Fundación Alem, de la UCR; el Instituto Hannah Arendt, de la Coalición Cívica; Y la Fundación Encuentro Federal, de Encuentro Republicano Federal, el partido de Miguel Ángel Pichetto. Allí también se hablan de temas judiciales pero más ampliado donde cada partido lleva propuestas de sus temas de interés.

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