Ex funcionarios y un empresario irán a juicio en otro tramo de la causa Cuadernos

Fue un efecto dominó. Después de que la Cámara Federal rechazara un pedido de la defensa del empresario Armando Loson para anular la causa de los cuadernos por un peritaje que detectó irregularidades en las anotaciones del remisero Oscar Centeno, investigadas en otro expediente, el juez federal Julián Ercolini decidió dar por cerrada la instrucción sobre un grupo de imputados y mandarlos a juicio. Entre ellos, no solo está Loson. También el ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina y su ex secretario privado Martín Larraburu. La lista se completa con el ex secretario de Planificación Roberto Baratta y su colaborador, Nelson Lazarte, ya enviados a juicio por más hechos.

Según la resolución, a la que accedió Infobae, Ercolini sostuvo que “el proceso preliminar ha servido, de manera sobrada, para evaluar la existencia de mérito a los fines de sustanciar el juicio común, pues se ha establecido la probabilidad cierta acerca de la ocurrencia de los acontecimientos denunciados, y de la autoría y la participación en ellos de los aquí imputados”.

“Corresponde indicar que respecto a los sucesos objeto de la presente resolución al momento de disponer los procesamientos de Loson, Baratta, Lazarte, Abal Medina y Larraburu, tanto este Juzgado como el Superior, hicieron referencia a los elementos de prueba que permiten tener por acreditada la materialidad de los sucesos ilícitos investigados, como así también la responsabilidad de los imputados en los mismos. Sin perjuicio de lo expuesto, las defensas tampoco alegaron razones que me convenzan de que la continuidad del trámite conforme el proceso legal establecido pueda redundar en algún perjuicio concreto, pues su disconformidad con las resoluciones de mérito o con los términos de las acusaciones no serían causales, en sí mismas, para proceder del modo requerido”, añadió el juez.

Un pendrive que se encontró en la casa de un secretario del ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina y la declaración como arrepentido de José López –ex secretario de Obras Públicas– abrieron la puerta para investigar el dinero que recibió La Cámpora para financiar sus campañas y distintas actividades que habría salido de la recaudación ilegal de los viajes de Centeno.

En su momento, Abal Medina declaró en indagatoria que “a fines de julio o principios de agosto de 2013″ fue contactado por Baratta. “Me informó que debía coordinar con él la entrega de algunos eventuales fondos que él recaudaría de aportes voluntarios”, dijo. En ese marco, el ex funcionario detalló que le encomendó a Larraburu “la coordinación con el mencionado Baratta para la recepción de los eventuales aportes de campaña” y que coordinó su entrega con Juan Carlos “Chueco” Mazzon –por entonces Coordinador General de Asuntos Políticos-Institucionales de la Unidad Presidente–, “quien a su vez, y según el caso, instrumentaba su reenvío a distintos puntos del país para ser utilizada de acuerdo a las necesidades político-partidarias que este último establecía”. “En ningún caso tal requisitoria me pareció impropia o desajustada –me refiero a la de Baratta–, más allá de la informalidad, pues ningún elemento tenía en aquel momento para dudar de su procedencia”, afirmó.

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El juez Claudio Bonadio en su momento investigó esa pata y fueron llamados a desfilar por Comodoro Py 2002 José María Ottavis, Eduardo de Pedro, Andrés Larroque, Julián Álvarez, Máximo Kirchner, el empresario Sergio Szpolski y los intendentes Ricardo Ivoskus y Enrique García. Pero más tarde entendió que el caso no formaba parte de la asociación ilícita y derivó el caso a la justicia electoral, donde el caso fue cerrado a instancias de la fiscalía.

Algunos de los empresarios que aparecían en los cuadernos lograron saltar el cerco de la causa que instruía Bonadio y fueron derivado a la justicia electoral, justificando que los pagos que habían hecho eran para la campaña. Loson planteó eso y no tuvo suerte. Tampoco Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri. Sin embargo Calcaterra fue enviado a juicio y Loson no, por lo que impulsó una denuncia paralela en donde denunció irregularidades en las anotaciones de Centeno en donde se lo mencionaba. El juez Marcelo Martínez De Giorgi ordenó un peritaje que comprobó irregularidades. Con eso Loson pidió la nulidad de la causa de los cuadernos que hoy fue rechazada en la Cámara Federal, tal como informó más temprano Infobae.

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En ese contexto, apenas un rato después, Ercolini -que renovó su subrogancia en el juzgado federal 11 la semana pasada, a través de un sorteo en la Cámara Federal- resolvió que esa decisión lo conminaba a mandar ese tramo de la causa a juicio. Así lo firmó. Es que la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli había promovido enviarlos a juicio en 2019 cuando se elevó gran parte del caso, pero la situación de algunas personas estaba pendiente.

Es las defensas se opusieron. Abal Medina pidió su sobreseimiento respecto al insistir en que era ajeno a la organización criminal investigada en esta causa, toda vez que su actuación estuvo vinculada con la recepción de fondos en períodos pre-electorales y electorales del año 2013, en coincidencia con la actividad partidaria que le fue asignada. “Si se entiende que todos los eventos concernientes a la distribución de los fondos vinculados a las distintas campañas electorales presentan alguna irregularidad, corresponde como ha ocurrido respecto de otros imputados que sea la Justicia Electoral quien deba establecer los alcances de su conducta”, se insistió. Citó expresamente el caso de La Cámpora.

Al analizar la cuestión, el juez Ercolini sostuvo que “no se observa el trato disímil con otros coimputados alegado por la defensa de Loson, siendo que cada situación concreta fue valorada en función de los múltiples elementos probatorios incorporados que justificaron las distintas resoluciones adoptadas, por lo que también corresponde descartar la crítica realizada en este sentido por las defensas de Abal Medina y Larraburu”.

En sintonía con lo expresado por la Cámara Federal, Ercolini añadió: “el juicio oral se presenta como la instancia ideal de resolución de las opiniones divergentes en torno a las acusaciones que se erigen en su contra”, donde se garantizan “oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, continuidad que hacen de ese ámbito el más adecuado para la discusión de las cuestiones controvertidas entre las partes”. Se descuenta que habrá apelaciones, pero el caso más tarde o más temprano llegará al Tribunal Oral Federal 7, donde ya el expediente ya comenzó a dar los primeros pasos para llegar a debate.

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