Fracasó un intento para anular la causa contra Cristina Kirchner y empresarios por los cuadernos de la corrupción

La Cámara Federal rechazó este lunes un planteo de nulidad que había impulsado la defensa del empresario Armando Loson en la megacausa de los “cuadernos”, en base a unas 1600 irregularidades que se habían detectado en los anotadores atribuidos al remisero Oscar Centeno, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

La jugada de Loson, representante del grupo Albanesi, apuntaba a anular todo lo actuado sobre su persona, pero indirectamente -de tener éxito- hubiera impacatdo en el expediente que investiga si la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó una asociación ilícita que se dedicaba a recaudar coimas entre los empresarios que hacían negocios con el Estado, causa en donde los principales empresarios de la Argentina fueron enviados a juicio.

Lo que hicieron hoy los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi fue ratificar la decisión del juez Julián Ercolini sobre el planteo formulado por Loson. Puntualmente, su defensa reclamaba la nulidad “de todo lo actuado en este proceso en relación a su asistido”, con fundamento en un peritaje realizado por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi en otra causa.

En ese estudio se aseguró que hubo otras manos, distintas a la de Centeno, que hicieron correcciones, sobreimpresiones, testeados y tachaduras. Quién las hizo no está claro. Pero, según Loson, a él le “le inventaron la causa para quedarse con una de las empresas privadas de energía más importante de Latinoamerica”, dijeron sus voceros.

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Para Loson, el peritaje ordenado por Martínez de Giorgi “implicaría la nulidad del contenido registrado en los “cuadernos” escritos por Oscar Centeno y de la declaración testimonial del denunciante, el periodista de La Nación Diego Cabot, así como de los actos procesales subsiguientes”. Es decir: toda la causa, subrayaron las fuentes consultadas por Infobae.

Sin saber aún cuando se hará, el Tribunal Oral Federal 7 ya comenzó a preparar el juicio oral por la megacausa de los “cuadernos” Los acusados prefieren decirle “de las fotocopias”. A fines del 2022, los jueces de Tribunal decidieron abrir un legajo en donde expusieron las pruebas que pedía cada parte para el futuro juicio oral en el expediente de la causa 9608, el capítulo Centeno. Los escritos de la fiscalía, la querella y las partes habían sido entregados hace rato, pero las partes estaban a ciegas de lo que sus consortes de causa reclamaban.

Tal como lo reveló Infobae en ese momento, la fiscal Fabiana León, jefa de la acusación; y la vicepresidenta Cristina Kirchner, acusada de ser jefa de una asociación ilícita, pidieron los teléfonos del ex secretario de Obras Públicas José López, secuestrado en la causa del enriquecimiento ilícito. Fueron una pieza clave para el fiscal Diego Luciani en el juicio en el que el 6 de diciembre pasado terminó condenada la ex jefa de Estado.

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Aunque el planteo de Loson está hecho en instrucción, la posibilidad de abrir la puerta para impugnar la validez de los cuadernos tendría repercusiones inmediatas. “No escapa al tribunal que la pretensión de la defensa apuntaba a la declaración de nulidad de las anotaciones referidas a Loson en su conjunto y no sólo de los fragmentos (palabras) que habrían sido alterados -dijo el fallo de la Sala I de la Cámara Federal al que accedió Infobae- Sin embargo, dicha solución requiere que la incorporación de la prueba hubiera infringido las disposiciones procesales, en contra de las garantías del justiciable, lo cual no surge del legajo”.

Para la Cámara Federal, “los cuestionamientos formulados deben ser necesariamente reconducidos a la discusión sobre el valor o fuerza probatoria de aquellos elementos. En concreto, es en este último aspecto donde las alegaciones de la defensa podrían tener implicancia. Lo cual remite, en definitiva, al ámbito del debate oral y público, donde rige plenamente el contradictorio y existe amplitud probatoria”.

El fallo también destacó que “el contenido registrado en los “cuadernos” (ocho ejemplares en total, que comprenden de 2005 a 2010 y de 2013 a 2015) fueron oportunamente ratificadas por Oscar Centeno (quien se desempeñó como chofer de Roberto Baratta, ex Subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal) en su declaración enmarcada en el régimen de la Ley N° 27.304, donde aportó detalles sobre la operatoria descripta. Y que la causa ya ha sido elevada a juicio y transita actualmente por la fase preparatoria del debate (por ante el TOCF N° 7)”.

La Camara Federal insistió en que será en el debate oral en donde Centeno “podrá eventualmente responder los interrogantes que se le formulen y podrá también la parte hacer valer ampliamente todas las pruebas y defensas que hagan a sus alegaciones”. Allí deberá “ser el ámbito propicio para reformular cuestiones que ya son superadas en la provisoriedad de esta etapa procesal”.

Sobre las irregularidades detectadas en los cuadernos, el fallo añadió: “no puede soslayarse que tanto el estudio de especialidad como el testimonio invocado por el recurrente provienen de otra investigación, donde -hasta el momento- no existe un pronunciamiento jurisdiccional que los haya ponderado. Y en este sentido, se observa que -a diferencia de los precedentes que menciona sobre la regla de exclusión- en el caso de autos no están claros los pormenores de las circunstancias señaladas -´cuándo y en qué contexto se habrían producido, quién o quiénes habrían intervenido, etc.-, sino que actualmente están siendo investigadas en aquel sumario”.

En el marco de otro incidente, la Cámara Federal dispuso que esa instrucción siga en manos del juez Martínez de Giorgi. El fiscal Carlos Stornelli, impulsor de la causa de los cuadernos, pedía que la instrucción de las irregularidades en los cuadernos pasara al juzgado federal 11, a cargo de Ercolini, por entender que debían investigarse dentro de ese megaexpediente. Los jueces Bruglia y Bertuzzi rechazaron el pedido y dijeron que resulta “propicio que sea un magistrado ajeno a la valoración de esa prueba que se denuncia como irregular quien lleve a cabo la pesquisa”.

“Cabe además agregar que, la acumulación de un proceso recién iniciado podría provocar un grave retardo en el trámite de las presentes actuaciones, las que se hallan en la etapa final de la instrucción respecto a la mayoría de los imputados que aún no han sido elevados a juicio”, añadió la Cámara Federal.

Loson, precisamente, es uno de los empresarios que había sido procesado inicialmente y cuya situación está pendiente en instrucción. Su defensa reclamaba que su caso fuera derivado, como sucedió con otros empresarios, a la justicia electoral, porque al declarar como imputado colaborador y reconocer pagos aseguró que sus aportes fueron para las campañas del kirchberismo.

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