El sábado 14 de enero pasado a las 11.33 entró un mail a la casilla pública del ministerio del Interior. El asunto de aquel correo electrónico llamó la atención del empleado que esa mañana estaba a cargo de leer los mensajes que ingresaban a la dirección Info@mininterior.gob.ar.
“Matar al presidente y a su gente”, decía el asunto de aquel extraño mail. El texto en su interior agregaba: “He tirado más de 100 curriculums y no he podido conseguir empleo, sepan que los jóvenes se van a ir a la mierda por chupaverga como ustedes pero antes me ocupo del presidente y si gente… Atentos porque más del domingo no pasa (Sic)”. Era una clara amenaza contra el presidente de la Nación Alberto Fernández. El autor mandó el mensaje el sábado y señalaba que el domingo iba a cumplir con su promesa.
Tres minutos más tarde entró a la misma casilla del ministerio del Interior un nuevo mail del mismo tono, o que complementaba al primero. A las 11.36, esta vez sin asunto, el mail proveniente de la misma casilla que el anterior señalaba que: “Si nos me proporcionan empleo van a rodar cabezas, no tengo nada que perder, a mas de 5 voy a poder matar sépanlo. (Sic)”.
El planteo del mail quedaba claro: un desocupado pedía trabajo y, si no lo conseguía, prometía matar al presidente y a sus colaboradores. Desde el ministerio del Interior —que encabeza Eduardo De Pedro— se avisó a la secretaría General de la Presidencia y al ministerio de Seguridad para que estuvieran al tanto de la amenaza y reforzaran la custodia de Alberto Fernández. El aviso al ministerio de Seguridad originó la actuación de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal de acuerdo a instrucciones del juzgado que estaba de turno aquel día: el federal 5. Los policías —según explicaron fuentes judiciales— abrieron un sumario para garantizar que la cuenta de mail desde donde se enviaron los mensajes no fuera eliminada.
La cuenta era de Gmail y tenía un nombre y un apellido que Infobae no revela ya que no se sabe si corresponde a un persona real o es una cuenta armada con datos falsos. Los policías buscaron cuentas en redes sociales que respondieran a ese nombre y apellido y hallaron cuatro en Instagram y dos en Facebook. Una de las de Instagram corresponde a un legislador brasileño que tiene el mismo nombre que apareció en el correo de las amenazas. También exploraron en otras bases de datos y hallaron dos personas que se correspondían con los datos del mail. Uno de ellos estaba —de acuerdo a web que evalúa riesgo crediticio— en situación de insolvencia.
El domingo siguiente a la recepción del mail no sucedió nada con la seguridad del Presidente. Sin embargo el lunes 16, Verónica Sindoni —directora de Asuntos Judiciales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ministerio del Interior de Nación— presentó una denuncia en Comodoro Py por “la posible comisión del delito de amenazas de muerte al Presidente de la Nación Argentina y a otros funcionarios públicos”.
El caso que lleva el número 12/2023 le tocó por sorteo al juzgado a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. Ese juzgado está de turno durante 2023 con la fiscalía que encabeza Paloma Ochoa. En ese expediente se acumularon las actuaciones realizadas por la Policía Federal luego de la advertencia hecha por el ministerio del Interior al de Seguridad. Como la fiscal está de licencia el caso fue impulsado por el auxiliar fiscal Andrés Nazer quien requirió que realicen varias medidas de prueba.
La fiscalía le solicitó al juez que se le pida a Google (empresa que brinda el servicio de correo electrónico llamado Gmail) que aporte los datos que permitan identificar al creador de la cuenta desde donde se enviaron los correos hace ocho días.
Los investigadores quieren saber qué dirección de IP se utilizó para crear la cuenta de correo electrónico, si esa dirección de mail está asociada a otras o a algún número de teléfono, entre otros datos que posee Google y que podría ayudar a dar con el autor de la amenaza.
La investigación para determinar quién amenazó a Alberto Fernández el 14 de enero pasado recién ha comenzado.
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