“Me siento amenazado”. Con estas palabras, Jonathan Morel, una de las caras visibles de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, denunció ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi la presencia de unos pasacalles colocados en la entrada de la ciudad donde está residiendo, Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires que rezan “Como los nazis les va a pasar, a donde vayan (Revolución Federal) los iremos a buscar”.
La presentación se hizo en el marco de la causa en donde Morel está procesado y estuvo detenido. Es la causa en donde ademas Cristina Kirchner es querellante y motoriza la hipótesis de que Revolución Federal estuvo detrás de su intento de homicidio, financiada por una empresa ligada a la familia del ex funcionario macrista Luis Caputo. El juez rechazó a fin de año las nuevas detenciones que pidió la vicepresidenta.
Tras conseguir la excarcelación, Morel consiguió trabajo como mozo en una confitería de Chivilcoy. Según informó la agencia de noticias NA, su presencia fue detectada allí e incluso durante el fin de semana circularon fotografías y filmaciones de su actividad en esa ciudad.
Los pasacalles denunciados por Morel fueron colocados por una supuesta agrupación denominada “Peronismo Militante Chivilcoy”, según consignó en la presentación. Puntualmente, Morel “refiere que se siente amenazado”, y acompañó su presentación con una serie de tuis.
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Morel fue detenido el 20 de octubre por el juez Martínez De Giorgi junto a Gaston Guerra, Leonardo Sosa y Sabrina Basile, integrantes de la agrupación Revolución Federal. El fiscal imputó a cuatro integrantes del grupo por incitación a la violencia colectiva. Según planteó, las pruebas permiten tener “por corroborada la actividad desplegada por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, quienes organizaron una agrupación de la que luego tomaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile —entre otras personas aún no identificadas—, y desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”. A Morel y Sosa les sindicó un rol de organizadores y a Guerra y Basile como partícipes.
El Ministerio Público sostuvo que “se pudo corroborar que, a través de la agrupación Revolución Federal, en el período reseñado los nombrados alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional —Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda, entre otros—, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”.
La Cámara Federal ordenó excarcerlos el 1 de noviembre, lo que desató abiertas críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, querellante en la causa; y del presidente Alberto Fernández, que por sus declaraciones terminó demandado civilmente por el juez Leopoldo Bruglia.
Dos días después, el juez Martínez De Giorgi los procesó sin prisión preventiva por formar una agrupación que buscaba “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena tiene hasta 8 años de prisión. Los embargó por 9 millones de pesos. Esa resolución está siendo revisada por la Cámara Federal.
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“Yo no tengo la culpa de que un loco haya querido matar a la Vicepresidenta”, le dijo al juez y al fiscal al declarar en indagatoria. La agrupación negó vinculaciones con el atentado y en la causa que se sustancia por ese hecho no se encontraron vínculos que acrediten que Revolución Federal estuvo detrás del atentado.
No obstante, el 28 de diciembre, la vicepresidenta Cristina Kirchner reclamó volver a detener a detención de Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa. Según sostuvo, nuevos indicios permiten sostener que podrían haber contratado un sicario para matarla, que sería su atacante Fernando Sabag Montiel. También apuntó contra su vecina de Recoleta Ximena Texano Pintos. “No ha lugar”, respondió el juez a los pedidos de detención en las últimas horas del 2022.
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