El anuncio del presidente de la Nación, Alberto Fernández, del pedido del juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, comienza a tener efectos en el mundo jurídico. Para abogados constitucionalistas se trata de otro intento del gobierno nacional para deslegitimar al Poder Judicial y adelantaron que el oficialismo no cuenta con los votos en el Congreso Nacional para lograrlo.
“He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”, dijo el jefe de Estado en su primer mensaje del 2023.
El pedido llega luego que se conocieron las filtraciones de chats entre el ministro de Justicia y Seguridad de la la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, con Silvio Robles, asesor de Rosatti en la Corte Suprema. En esas conversaciones hablan de la situación del Consejo de la Magistratura de la Nación y de la postura del kirchnerismo de volver a proponer para el organismo a Martín Doñate luego que un fallo del máximo tribunal lo había impugnado.
La decisión también es contemporánea al fallo de la Corte que resolvió a favor del gobierno de la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta en su reclamo contra el gobierno nacional por la coparticipación.
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“El juicio político es un procedimiento constitucionalmente previsto para la destitución del presente, vice, ministros y jueces de la Corte. El Presidente puede impulsarlo, pero el que interviene es el Congreso. Necesita dos tercios de la Cámara de Diputados para formalizar la acusación y dos tercios del Senado para destituir. Son números que el oficialismo no tiene”, enmarcó el pedido que hará el gobierno el abogado constitucionalista Felix Lonigro en diálogo con Infobae.
En la misma línea se expresó su colega Diego Armesto. “En el juicio político hay una remoción administrativa del acusado, no hay una sanción de que alguien termina preso. No es un juicio penal. Es un juicio de destitución de un funcionario sometido al control político con el propósito político de encontrar o saber si existen responsabilidades en el ejercicio de su función. El concepto sería por mal desempeño que es ambiguo, indeterminado y que se define caso por caso de acuerdo a la conducta juzgada. Es decir, el congreso deberá inevitablemente hacer una valoración política del acto que se esta denunciando. Y que ese mal desempeño ponga en peligro la continuidad de las instituciones”, sostuvo.
Armesto y Daniel Sabsay -que dialogó con CNN radio- coincidieron con Lonigro en que el gobierno no tiene los votos en el Congreso para lograr la destitución de Rosatti. “La Constitución Nacional exige las dos terceras partes de los miembros presentes para hacer lugar a la formación de la causa. Depende de la comisión de juicio político de la Cámara. Pero no hay consenso suficiente para llevar adelante el juicio político”, dijo Armesto. “No cuentan con la mayoría necesaria y no veo cómo van a poder lograr definir las causales”, sostuvo Sabsay.
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Los constitucionalistas también enmarcaron la intención del gobierno en su pelea con la justicia. “Es claro que se trata de una maniobra más del Gobierno destinada a embestir y presionar al máximo tribunal. Otra embestida, en definitiva, contra el sistema republicano de gobierno”, opinó Lonigro.
“Es una herramienta más que le suman al segundo deporte nacional que desde hace tres años en la Argentina que es deslegitimar al Poder Judicial que es pegándole a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Presidente, con la sola finalidad de congraciarse, teniendo en frente un año electoral, con la gran electora del peronismo actual que es Cristina Fernández de Kirchner, busca simplemente crear un efecto y arrastrar con ello a todos los gobernadores de provincia. El presidente se vuelve a equivocar. El camino no es el apriete o el querer buscar deslegitimar a uno de los poderes del estado”, sostuvo Armesto.
En el mismo sentido, Sabsay señaló que “esto se inserta en un proceso que viene de hace mucho tiempo, que tiene que ver con el ADN del kirchnerismo que es el no respeto a la división de los poderes. Sobre todo la molestia cuando el poder judicial hace su rol y su papel de poder contra mayoritario. Precisamente lo que hace es dejar sin efecto aquellas decisiones del poder político que afectan derechos y garantías reconocidos por la constitución”.
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