Pidieron revocar el sobreseimiento de Nilda Garré: la acusan de cobrar tres ingresos durante más de 15 años

El fiscal Carlos Rívolo apeló el sobreseimiento de la ex ministra de Defensa y Seguridad Nilda Garré en una causa en la que está acusada de haber tenido tres ingresos simultáneos durante varios años. El expediente tramita en los tribunales de Comodoro Py hace más de nueve años y pasó al menos dos veces por la Cámara Federal.

Garré está acusada de cobrar ingresos, técnicamente llamados “emolumentos”, por el Registro de la Propiedad Automotor 57 de la Capital Federal, al mismo tiempo que ejercía diferentes cargos públicos.

La ex ministra recibió ese Registro en 1989, durante el gobierno de Carlos Menem. Y a partir de 1995 fue diputada, ministra y hasta embajadora. Ahora el fiscal Rívolo sumó una nueva acusación: dice que Garré “percibió haberes jubilatorios por lo menos desde el mes de enero de 1995 hasta el mes de abril de 2001″.

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Sobre las jubilaciones cuestionadas, el juez Marcelo Martínez De Giorgi había sostenido que se trataron de “sumas ínfimas de dinero resultantes de un exiguo período” y solo mencionó los montos cobrados entre mayo y agosto de 2001, cuando Garré ya estaba designada en la Unidad Fiscal AMIA. “Del expediente jubilatorio aludido, se desprende que, en ocasión de que la ANSeS suspendiera el goce de haberes del beneficio jubilatorio, tal como fuera solicitado por la imputada, fundamentó en los considerandos de la resolución pertinente, que de los elementos de juicio aportados, no surgía en principio, violación al régimen de incompatibilidad instituido por el art. 34° de la Ley 24.241, ni a otra norma legal; no oponiendo objeciones a la suspensión del beneficio solicitada”, argumentó el magistrado.

Pero el fiscal Rívolo asegura que la ex ministra cobró las jubilaciones durante más de 15 años. “Teniendo en cuenta que, como vimos, entre el mes de enero de 1995 y el mes de agosto de 2001 la Sra. Nilda Celia Garré no solamente se desempeñó como Titular del Registro de la Propiedad del Automotor N°57, sino que, además, a partir del mes de diciembre de 1995, comenzó a cumplir funciones como Diputada Nacional y, entre noviembre de 2000 y abril de 2001, en el Ministerio del Interior de la Nación; resulta evidente que el cobro de haberes en razón del Beneficio previsional N°01004432830 en el periodo antes referido, resultaba manifiestamente incompatible con las remuneraciones que, simultáneamente, percibió en virtud de los cargos públicos referidos precedentemente”, sostuvo en su nueva apelación.

La causa arrancó en 2013 por una denuncia de los entonces senadores Gerardo Morales, José Cano, Luis Naidenoff y Alfredo Martínez ante la designación de Garré como embajadora ante la OEA. Desde el comienzo, Garré sostuvo que estaba habilitada a cobrar los ingresos por el Registro Automotor y que los mismos no se podían equiparar a un “haber” o “remuneración”.

La causa tramitó primero en el juzgado de Sebastián Ramos y recién en 2016 quedó en manos de Martínez De Giorgi. A lo largo de la investigación, declararon decenas de funcionarios del Ministerio de Justicia, que tiene a su cargo la Dirección Nacional de los Registros del Automotor, y otros testigos vinculados al sistema registral.

En 2017, Martínez De Giorgi sobreseyó por primera vez a Garré. Argumentó que al momento de la denuncia no estaba prohibido que el titular de un Registro pueda percibir los emolumentos mientras duraba la licencia. La aclaración fue porque ese mismo año, el Ministerio de Justicia reguló ese tipo de situaciones.

Apenas dos meses después, tras una apelación del fiscal Rívolo, la Sala II de la Cámara Federal revocó el sobreseimiento y sostuvo que la decisión del juez era “prematura”.

Martínez De Giorgi ordenó entonces una pericia sobre los emolumentos cobrados por Garré desde 1995, cuando empezó con las sucesivas licencias. También le pidió informes a la Cámara de Diputados, a la Cancillería, y a los ministerios que tuvo a cargo Garré para saber si habían detectado alguna incompatibilidad.

Aunque la pericia no arrojó datos concluyentes, el juez sobreseyó a Garré por segunda vez en noviembre de 2020. El fiscal Rívolo otra vez se opuso al cierre y la Cámara volvió a revocar el sobreseimiento y le ordenó al juez que se tomen nuevos testimonios y que realice un nuevo peritaje contable sobre el movimiento económico financiero del Registro.

A comienzos de diciembre, Martínez De Giorgi insistió por tercera vez con el sobreseimiento. “Como ya se explicó en oportunidades anteriores y se encuentra por demás acreditado por los elementos probatorios y testimonios reunidos a lo largo de esta profusa instrucción, que el emolumento no se trata de un salario o remuneración del Encargado Titular del Registro en uso de licencia”, sostuvo.

Pese a las idas y vueltas, la causa aterrizó nuevamente en la Cámara Federal por una apelación de Rívolo, que ya fue respaldada por el fiscal José Luis Agüero Iturbe. “De las medidas propuestas por el Tribunal de Alzada en la oportunidad ya mencionada, ninguna resulta concluyente como para arrojar certeza negativa que permita avalar el sobreseimiento. Por el contrario, como bien advirtió el Dr. Rivolo se desprenden de ellas nuevos hechos que acreditan el accionar delictivo aquí investigado”, sostuvo en su apelación el fiscal de Cámara.

Por su parte, Rívolo insiste con que los ingresos que recibía Garré por el Registro Automotor eran incompatibles con los ingresos por sus cargos públicos: “Lo que importa aquí no es – únicamente- el destino que la Sra. Garré le haya dado a los emolumentos que percibió – y percibe- durante más de 20 años, sino el hecho de que, sencillamente, pudo disponer de ellos como si fueran propios, cuando en realidad se encontraba desempeñando funciones en otros cargos de la Administración Pública Nacional por los cuales, reitero, también percibió el salario correspondiente, y no cumpliendo tareas como encargada del Registro Seccional Capital Federal N° 57″.

Según consta en el expediente, Garré reasumió sus funciones como encargada titular del Registro 57 en diciembre de 2019, pero lo hizo apenas por tres meses. En marzo de 2020, se le concedió una nueva licencia para desempeñarse en el Ministerio de Defensa de la Nación. Sin embargo, el fiscal Rívolo asegura que entre 2017 y 2021 siguió ejerciendo las funciones como titular del Registro: “Tenía pleno manejo y disposición de los emolumentos resultantes de la actividad de dicha dependencia, en una evidente situación de incompatibilidad por acumulación de cargos públicos”.

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