Delegación de diputados de Honduras busca conocer el modelo de seguridad de El Salvador

Una comisión de diputados encabezada por el presidente del Congreso Nacional Tomás Zambrano realizan una gira por varios países iniciando en El Salvador que les permitirá conocer de primera mano el funcionamiento del modelo de seguridad implementado por el gobierno de Nayib Bukele.

El presidente del legislativo, confirmó que la delegación busca tener una perspectiva e ingresar al CECOT, una de las principales instalaciones penitenciarias de El Salvador, además el recorrido comprende otros países entre ellos Costa Rica, Colombia y Estados Unidos.

El propósito es examinar las estrategias aplicadas para controlar a las organizaciones criminales, el manejo de los presos considerados de alta peligrosidad y las medidas adoptadas para impedir que las estructuras delictivas continúen operando desde las cárceles.

Zambrano explicó que el Legislativo también ha conocido experiencias de otros países, entre ellos Chile, Colombia, Argentina, Estados Unidos y España, con el objetivo de identificar herramientas que puedan contribuir al fortalecimiento de las leyes hondureñas. La intención, según el titular del Congreso, es construir una estrategia integral que tome en cuenta esas experiencias internacionales para combatir las maras y pandillas y otras organizaciones criminales declaradas terroristas.

Reformas penales

El viaje a El Salvador se enmarca en una serie de iniciativas legislativas que buscan modificar las disposiciones penales y procesales relacionadas con la criminalidad organizada.

El 12 de octubre, Zambrano informó que el Congreso prepara nuevas reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, pendientes de recibir los criterios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para avanzar con su discusión.

Entre las medidas anunciadas figura eliminar la posibilidad de conceder libertad condicional y preliberación a personas pertenecientes a grupos declarados terroristas o vinculadas con delitos de narcotráfico, según los alcances que se establezcan en las reformas.

Esas figuras permiten, bajo determinadas condiciones legales, acceder a beneficios relacionados con el cumplimiento de las penas; la propuesta apunta a restringirlos para determinados grupos criminales, como parte de una política de mayor rigor penitenciario.

Otro de los planteamientos mencionados por Zambrano es modificar los procedimientos de captura y establecer mecanismos para agilizar la presentación de los detenidos ante los tribunales.

También se contempla habilitar días y horas para determinadas actuaciones judiciales, así como ampliar a 48 horas el plazo para presentar a los capturados ante los jueces.

Las medidas todavía deben distinguirse de las disposiciones ya aprobadas y de las que continúan en preparación. Su aplicación dependerá del contenido definitivo de los proyectos y del trámite legislativo correspondiente.

Las reformas anunciadas buscan ampliar las herramientas de las autoridades para investigar y procesar a personas señaladas de integrar organizaciones criminales.

Zambrano también mencionó el uso de tatuajes asociados con maras y pandillas como un elemento que las autoridades pretenden considerar en la identificación de integrantes de esas organizaciones. El alcance jurídico de ese planteamiento deberá establecerse en el texto legal correspondiente y no puede interpretarse como una regla automática de culpabilidad.

Endurecimiento del régimen penitenciario

En septiembre de 2026, el Congreso aprobó nuevas disposiciones para endurecer el régimen penitenciario de personas identificadas como integrantes de grupos declarados terroristas.

La normativa contempla el traslado de esos reclusos a cárceles de máxima seguridad, bajo condiciones especiales de vigilancia, restricciones de visitas y controles sobre las comunicaciones. También establece que determinadas actividades dentro de los centros penitenciarios deberán ser programadas y supervisadas por las autoridades.

La Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, contenida en el Decreto 208-2026, entró en vigor tras su publicación en La Gaceta el 26 de septiembre.

El planteamiento del Congreso es que las medidas penitenciarias y las reformas penales funcionen de manera complementaria, tanto para controlar a los reclusos considerados de alta peligrosidad como para mejorar las investigaciones y los procesos judiciales.

La eventual visita a El Salvador permitirá a los diputados conocer cómo funciona el modelo de seguridad de ese país y qué elementos consideran aplicables a la realidad hondureña.

Por ahora, el Congreso aguarda la confirmación de las autoridades salvadoreñas para concretar el viaje y los criterios de la CSJ para avanzar con el nuevo paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal.

Honduras aprobó en mayo de 2026 reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal mediante el Decreto 84-2026, publicado en el diario oficial La Gaceta el 22 de mayo. Esas modificaciones incluyeron cambios relacionados con el delito de extorsión, las agravantes aplicables y las disposiciones para combatir a las maras, pandillas y otras estructuras criminales.