Asfura sanciona Ley de Justicia Energética que congela tarifas eléctricas por seis meses en Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sancionó este martes la Ley de Justicia Energética, una normativa que contempla cambios en la estructura de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), medidas para contener el costo de la electricidad y nuevas disposiciones para el funcionamiento del mercado energético.

Tras la sanción presidencial, el siguiente paso será que el Poder Ejecutivo remita el decreto a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) para su publicación en el diario oficial La Gaceta, requisito que permitirá la entrada en vigor de la legislación, conforme al procedimiento establecido.

La aprobación de la ley se produce en vísperas de la revisión tarifaria correspondiente al último trimestre de 2026. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) tiene previsto publicar este miércoles 30 de septiembre las nuevas tarifas que estarán vigentes para los consumidores hondureños.

El decreto fue aprobado por el Congreso Nacional el pasado 31 de agosto e incorpora un apartado que ordena congelar la tarifa eléctrica durante seis meses, con el propósito de mantener sin cambios el costo de la energía durante ese período.

La legislación también contempla beneficios para los hogares de menor consumo, así como mecanismos para atender las deudas que mantienen las municipalidades con la empresa estatal.

Uno de los principales componentes de la Ley de Justicia Energética es la disposición que establece la congelación de las tarifas eléctricas por un período de seis meses, una medida que busca evitar nuevos incrementos en el precio de la energía durante ese plazo.

La normativa también establece una amnistía para las municipalidades de categorías C y D que mantienen obligaciones pendientes con la ENEE. En el caso de los gobiernos locales con mayores ingresos, se contempla la posibilidad de negociar el pago de sus deudas con la estatal eléctrica.

Otro de los puntos incluidos en el decreto está relacionado con los hogares de menor consumo de electricidad, que podrán acceder a beneficios contemplados en la nueva legislación.

Estas disposiciones forman parte de las medidas orientadas a modificar las condiciones de acceso y pago del servicio eléctrico, al tiempo que se busca atender las obligaciones financieras acumuladas por distintos sectores.

La tarifa eléctrica vigente entre el 1 de julio y el 30 de septiembre registró un incremento de 12.48 %, según lo dispuesto por la CREE en su revisión anterior.

Con la sanción presidencial y la publicación prevista en La Gaceta, se espera que la normativa permita aplicar la congelación tarifaria durante el período establecido.

La nueva legislación contempla una reestructuración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que será dividida en tres empresas independientes encargadas de las áreas de generación, transmisión y distribución de energía.

La separación busca establecer funciones diferenciadas dentro del sistema eléctrico hondureño y modificar la estructura operativa de la estatal, que actualmente concentra distintas actividades relacionadas con el suministro de electricidad.

Otro de los cambios previstos es el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), que contará con mayor autonomía técnica, presupuestaria y financiera para ejercer sus funciones como ente regulador del sector.

La normativa también establece la creación del Operador del Sistema y Mercado (OSM), una nueva entidad que tendrá la responsabilidad de coordinar el despacho de energía eléctrica bajo el criterio de mínimo costo, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema.

Además, la ley contempla la realización de licitaciones internacionales para la compra de energía y el desarrollo de nuevas redes de transmisión, con el propósito de ampliar la infraestructura y fortalecer la capacidad de abastecimiento eléctrico del país.

La Ley de Justicia Energética incorpora disposiciones para ampliar la participación de actores privados en el mercado eléctrico hondureño, mediante la habilitación de un mercado libre para empresas comercializadoras.

Uno de los objetivos planteados es facilitar la participación de empresas extranjeras en proyectos de generación y transmisión de electricidad, con la expectativa de ampliar la infraestructura y fortalecer la capacidad del sistema.