El régimen de Cuba acusó a Estados Unidos de obstaculizar sus reformas económicas tras el endurecimiento de restricciones financieras y de viaje anunciado por Washington. La denuncia, formulada por el canciller Bruno Rodríguez, omitió las limitaciones estructurales de un plan que llega en medio de una crisis energética, productiva y de divisas que el propio aparato estatal no ha logrado revertir.
Desde Nueva York, donde ha participado de las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Rodríguez sostuvo que Washington lanzó “otra oleada de medidas de bloqueo contra el pueblo cubano”. También afirmó que las disposiciones apuntan contra el sector público y el privado, pese a que funcionarios estadounidenses habían expresado su respaldo al desarrollo de emprendimientos independientes en la isla.
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El canciller vinculó las medidas con el paquete de 176 reformas económicas y sociales que el régimen aprobó en junio. Según su planteamiento, las restricciones buscan “obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso”.
Sin embargo, la acusación pasa por alto que esas modificaciones comenzaron a aplicarse cuando la economía cubana ya acumulaba años de deterioro, con una fuerte dependencia de las importaciones, baja producción nacional, inflación, escasez de bienes básicos y restricciones para las pequeñas y medianas empresas privadas. Las medidas de apertura y descentralización no han alterado el control estatal sobre sectores decisivos ni han ofrecido una respuesta verificable a la falta de electricidad y combustible.
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Restricción de viajes educativos y operaciones con entidades sancionadas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que desde este miércoles quedará sin efecto la autorización para los viajes educativos grupales a Cuba, conocidos como “pueblo a pueblo”. También prohibirá la asistencia y la organización de reuniones y conferencias profesionales en la isla.
Las nuevas reglas establecen que los viajes educativos vinculados con Cuba deberán realizarse bajo el auspicio de una entidad reconocida por las leyes estadounidenses. Los estudiantes, además, tendrán que viajar acompañados por representantes de esa institución autorizada.
La decisión forma parte de un nuevo endurecimiento de la política estadounidense hacia el régimen cubano. El Departamento de Estado prohibió las transacciones financieras directas e indirectas de ciudadanos estadounidenses con las entidades incluidas en la lista de sanciones, que reúne a organismos relacionados con el aparato militar y de inteligencia de la isla.
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También quedarán sin autorización las operaciones que permitían a bancos estadounidenses procesar determinadas transacciones relacionadas con Cuba cuando se originaban y concluían fuera de Estados Unidos. Las disposiciones impiden, además, que esas entidades financieras abran o mantengan cuentas para cubanos considerados empresarios independientes del sector privado.

Las reformas cubanas, en medio de la crisis energética y productiva
Rodríguez intentó presentar las restricciones como una contradicción de la política estadounidense hacia el sector privado cubano. “Se ataca de forma abierta tanto al sector público como al sector privado”, afirmó.
Sin embargo, las nuevas limitaciones no eliminan por sí solas los problemas que condicionan la actividad de los emprendedores en Cuba. Los pequeños negocios operan con acceso limitado a moneda extranjera, dificultades para importar insumos, cortes eléctricos recurrentes y una burocracia que conserva amplias facultades sobre la economía.
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La crisis energética se agravó desde mediados de 2024 y sumó mayor presión desde enero, a partir del cerco petrolero de Estados Unidos. Washington también adoptó sanciones contra personas y entidades vinculadas al régimen o presentes en áreas consideradas estratégicas, entre ellas energía, defensa, finanzas y minería.
El canciller cubano cuestionó además al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por haber afirmado que “Cuba ya ha caído”. Rodríguez sostuvo que la adopción de nuevas medidas demostraría que Washington necesita aumentar la presión sobre la isla.
Mientras el régimen atribuye el deterioro económico a las sanciones externas, las proyecciones internacionales anticipan una posible contracción del 10.3% del Producto Interno Bruto cubano durante este año. De concretarse, sería la mayor caída de América Latina y pondría en evidencia que el paquete de reformas sigue lejos de ofrecer una salida a la crisis.
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