
El Ministerio Público de Honduras ratificó su posición como ente acusador contra el expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II y aclaró que solicitó su detención judicial, aunque el juez decidió imponerle medidas cautelares diferentes.
El pronunciamiento de la Fiscalía se produjo este miércoles en medio de la controversia generada alrededor de las medidas cautelares impuestas al exmandatario hondureño y después de declaraciones del procurador general de la República, Dagoberto Aspra, relacionadas con el proceso.
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A través de un comunicado, el Ministerio Público (MP) sostuvo que mantiene su actuación como ente acusador y aseguró que sus decisiones se adoptan bajo los principios de independencia técnica y funcional establecidos para el ejercicio de la persecución penal.
Fiscalía asegura que sí solicitó detención judicial
El organismo aclaró que durante el proceso contra Hernández solicitó al juez competente la aplicación de la medida cautelar de detención judicial, al considerar que podría existir un riesgo de obstaculización de la investigación.
Sin embargo, el órgano jurisdiccional encargado de conocer el expediente determinó aplicar medidas distintas a la privación de libertad solicitada por la Fiscalía.
El Ministerio Público remarcó que la determinación sobre las medidas cautelares corresponde exclusivamente al juez de la causa, por lo que diferenció su petición de la resolución finalmente adoptada por el tribunal.
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De esta manera, la Fiscalía buscó precisar públicamente cuál ha sido su postura dentro del proceso y reafirmó que continuará ejerciendo la acusación correspondiente en Pandora II.
Pronunciamiento ocurre tras declaraciones de la PGR
La aclaración se produjo después de que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Dagoberto Aspra, denunciara que Hernández habría dirigido expresiones intimidatorias contra la institución luego de que esta respaldara la solicitud de detención judicial.
Ante esa situación, el Ministerio Público marcó distancia respecto a las declaraciones realizadas por representantes de otras instituciones que tienen participación o interés en el proceso.
“La actuación de otras instituciones del Estado que también tengan interés o participación en este proceso son responsabilidad de dichas instituciones y no comprometen ni modifican la posición de esta institución”, señaló la Fiscalía en su comunicado.
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El ente acusador insistió en que sus actuaciones dentro del expediente se realizan con independencia técnica y funcional, de acuerdo con las atribuciones constitucionales otorgadas al Ministerio Público.
La institución enfatizó que las posiciones o declaraciones formuladas por otras entidades estatales no alteran las decisiones adoptadas por los fiscales responsables del proceso contra el exmandatario.
Con el pronunciamiento, el MP también buscó dejar establecido que la ausencia de una orden de detención judicial contra Hernández no significa que esa institución haya desistido de solicitarla, sino que el juez competente resolvió aplicar otras medidas.

El Ministerio Público reiteró que continuará desarrollando sus actuaciones dentro del caso y aseguró que mantendrá una política de transparencia sobre las decisiones que correspondan durante las siguientes etapas judiciales.
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Asimismo, indicó que la información institucional relacionada con el expediente será divulgada únicamente mediante sus canales oficiales, en momentos en que las decisiones alrededor del proceso han generado declaraciones de diferentes funcionarios e instituciones.
El pronunciamiento reafirma así la postura de la Fiscalía en Pandora II: mantiene la acusación contra Juan Orlando Hernández, sostiene que solicitó su detención judicial por un posible riesgo de obstaculización y aclara que fue el juez de la causa quien decidió imponer medidas cautelares distintas.
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