Una operación de inteligencia desarrollada durante varias semanas en Costa Rica permitió detectar un grupo de 56 ciudadanos peruanos que presuntamente laboraban de manera irregular en una mina ubicada en Miramar de Puntarenas.
El operativo se ejecutó durante la madrugada, alrededor de las 5:30 a. m., mediante un trabajo coordinado entre la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), la Policía Profesional de Migración y la Fuerza Pública. Como resultado, los extranjeros fueron aprehendidos y se inició el proceso administrativo correspondiente para su eventual deportación.
Sin embargo, las autoridades aclararon que la investigación continúa abierta, debido a que existen indicios que podrían apuntar a una estructura más amplia relacionada con traslado de trabajadores extranjeros y una posible explotación laboral.
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Pablo Martínez, director de la DIS, explicó que los ciudadanos peruanos habrían ingresado al territorio nacional utilizando visas de turista. Posteriormente, según la información recopilada por los investigadores, fueron trasladados hasta la zona de Miramar para realizar labores vinculadas con la extracción de oro.
Las autoridades señalaron además que la operación podría extenderse debido a que manejan información sobre la llegada de varios grupos de ciudadanos extranjeros durante el año con un supuesto objetivo similar: incorporarse a actividades mineras sin contar con los permisos laborales requeridos por la legislación costarricense.
La situación generó una reacción de la presidenta de la República, quien afirmó que Costa Rica no permitirá prácticas asociadas con violaciones a derechos laborales, tráfico de personas o trata de personas.
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“Costa Rica nunca va a ser permisiva con la violación a los derechos laborales, con la trata de personas, con el tráfico de personas, con la explotación laboral”, manifestó Laura Fernández.
La mandataria insistió en que el país debe mantener controles estrictos para evitar que personas extranjeras sean sometidas a condiciones irregulares de trabajo y pidió que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias.
“Estamos muy orgullosos de ser un país libre de trabajo forzoso, mucho que ha costado, y no vamos a ser suavecitos con esto”, afirmó.
Durante la comunicación también se consultó cuál era la empresa relacionada con las actividades donde fueron ubicados los trabajadores. Las autoridades indicaron que se trata de la compañía Río Minerales, entidad que ahora forma parte de la investigación para determinar eventuales responsabilidades.
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La mandataria señaló que los empleadores también tienen obligaciones legales y deben garantizar que sus trabajadores cumplan con los requisitos migratorios y laborales establecidos en Costa Rica.
“Los patronos tenemos el deber de vigilar y de ver que se cumplan con todas las normativas en materia de derechos laborales de las personas”, señaló.
Además, indicó que las personas extranjeras que deseen trabajar en Costa Rica pueden hacerlo siempre que cumplan con los procedimientos establecidos por la legislación migratoria, incluyendo la solicitud de permisos laborales correspondientes.
Las 56 personas permanecerán bajo los procedimientos de control migratorio mientras avanzan las diligencias. En caso de confirmarse irregularidades, las autoridades deberán definir las responsabilidades administrativas o penales que correspondan.
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El caso se suma a las investigaciones que mantienen las autoridades costarricenses contra posibles redes que utilizan mecanismos de engaño para trasladar trabajadores extranjeros bajo condiciones distintas a las ofrecidas inicialmente, especialmente en actividades donde existe mayor vulnerabilidad, como labores agrícolas, construcción o minería.
La DIS, Migración y la Fuerza Pública indicaron que continuarán con las acciones operativas para determinar si existen más personas involucradas y si la compañía señalada forma parte de una estructura dedicada a la contratación irregular de mano de obra extranjera.
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