Avanza regulación en Panamá para la esterilización voluntaria en el sistema público de salud

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional avanzó en la regulación de la esterilización voluntaria, al aprobar en primer debate el proyecto de ley 583.

La propuesta introdujo cambios sustanciales en la mayoría de sus artículos y sumó cuatro nuevos apartados, en busca de fortalecer el marco normativo.

Entre los ajustes más relevantes, la comisión decidió igualar la edad mínima para que hombres y mujeres accedan a la esterilización en el sistema público de salud, estableciéndola en 23 años.

Además, se abrió la posibilidad de realizar este procedimiento en menores de edad, siempre que exista consentimiento de un tutor legal y justificación médica, o cuando la persona menor padezca una enfermedad o defecto que lo amerite.

Esta medida, se dijo, busca garantizar decisiones informadas y seguras tanto para mujeres como para hombres dentro del sistema sanitario.

El proyecto de ley responde a la demanda de un marco regulatorio claro para la esterilización en centros de salud públicos, permitiendo que cualquier persona que cumpla los requisitos pueda solicitar el procedimiento.

La iniciativa también contempla protecciones para menores, exigiendo el aval de un tutor y la recomendación de profesionales médicos cuando la situación clínica lo requiera.

El documento señala que la esterilización no procederá cuando la persona decide no continuar con el procedimiento, aun antes de que concluya la intervención médica, o si no se presenta prueba de que la persona haya sido informada sobre métodos alternativos anticonceptivos por el personal de salud.

En la misma sesión en la Asamblea Nacional, y en otro orden de ideas, la comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social admitió tres anteproyectos de ley enfocados en el sistema de aguas residuales en Panamá.

Las propuestas, presentadas por los diputados Lenín Ulate, Yamireliz Chong y Jorge Bloise, buscan establecer normas para la operación, mantenimiento, traspaso e instalación de plantas de tratamiento. Cada una aborda aspectos distintos del proceso, desde la gestión legal y técnica hasta la supervisión de los sistemas de saneamiento.

Estos anteproyectos buscan actualizar el marco jurídico y operativo, lo que podría mejorar la calidad del agua y la salud pública a mediano plazo. De ser aprobados, establecerían procedimientos claros para el funcionamiento y el control de los sistemas de tratamiento, una demanda histórica en varias regiones del país.

Durante la jornada, la comisión concedió espacio a representantes de enfermeras, técnicas de enfermería y farmacia desempleadas, quienes reclamaron la falta de oportunidades laborales.

Presentaron un registro de 2 mil profesionales técnicos y licenciados sin empleo, destacando que el 40% reside en la provincia de Colón.

Denunciaron, además, la ausencia de políticas efectivas para incorporar personal calificado al sistema, a pesar de la necesidad existente en hospitales y centros de salud.

El presidente de la comisión, Crispiano Adames Navarro, reconoció la gravedad de la situación y expresó que hay una preocupación genuina por la falta de empleo para estos profesionales, en contraste con las carencias del sistema público.

Adames detalló que, tras escuchar a los afectados, se acordó trabajar en el análisis de las condiciones de salud y desarrollo social, además de solicitar a las autoridades una revisión de la planificación y la gestión de recursos humanos en el sector.

El diputado subrayó la necesidad de avanzar hacia una planificación técnica y ordenada de la formación y contratación de personal de salud, incorporando las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud.

El objetivo es asegurar que la preparación y el empleo de enfermeros y técnicos respondan realmente a las demandas del sistema, evitando tanto el desempleo como la desatención en hospitales y centros de atención pública.

“Estamos en las calles por el desempleo del personal de enfermería y de los técnicos. Mientras tanto, nuestros compañeros en los hospitales no se dan abasto con la cantidad de pacientes. Eso también es un maltrato laboral”, denunció ante los medios la licenciada en Enfermería, Giraseli de Jiménez.