Luego de ser sentenciados a prisión, el Tribunal de Mayor Riesgo D resolvió que tres exdiputados pagarán diversas formas de reparación digna al Estado de Guatemala por su implicación en el caso Asalto al Ministerio de Salud, donde habrían solicitado plazas laborales para sus allegados como favor político.
La decisión incluye que dos, de los tres exparlamentarios ofrezcan una disculpa pública al pueblo guatemalteco, tras comprobarse que solicitaron plazas, pero los empleados sí llegaban a trabajar. No obstante, otro de los excongresistas también deberá cumplir con una sanción económica.
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Esta nueva sentencia se emitió este miércoles 5 de agosto, luego que tribunal acogió la solicitud de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que determinó la necesidad de imponer medidas de resarcimiento tras la condena penal dictada el lunes pasado contra los exlegisladores.
Caución económica
El caso específico que involucra a Ronald Arango, estableció que deberá devolver al Estado Q101 mil 148 con 86 centavos correspondientes a dos plazas asignadas a personas que no cumplían con los requisitos de los puestos, no se presentaron a trabajar y aun así cobraron sus salarios.
El tribunal ordenó a Arango la devolución del monto cobrado dentro del Ministerio de Salud, luego que el excongresista presionó para que estas personas fueran contratadas. De este modo, la responsabilidad financiera recae exclusivamente sobre el exdiputado, al comprobarse que existió perjuicio directo al erario público.
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Obligación de pedir disculpas al pueblo de Guatemala
En el mismo fallo, el tribunal determinó que los exdiputados Aracely Chavarría y Humberto Sosa deberán ofrecer una disculpa pública como parte del resarcimiento.
Según la PGN, aunque las personas contratadas por gestión de ambos tampoco cumplían con los perfiles requeridos ni la experiencia necesaria, sí asistieron a sus labores en el ministerio.
Por esta razón, la sanción para ellos será simbólica y consistirá en una disculpa pública que deberá publicarse en el diario oficial y en un periódico de mayor circulación nacional.
Esta resolución responde a la gravedad de la práctica de exigir plazas públicas como pago político, una conducta que afecta la institucionalidad y la confianza de la ciudadanía en la administración pública.
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Penas de prisión y proceso legal en curso
El tribunal sumó estas medidas de reparación a las penas de prisión de entre tres y siete años impuestas a los tres exdiputados, quienes fueron hallados responsables de corrupción en el caso conocido como Asalto al Ministerio de Salud.
Las condenas se dictaron tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas por la PGN, que evidenciaron la utilización de influencias políticas para obtener beneficios personales mediante la asignación irregular de plazas laborales.
Los exparlamentarios, afirmaron que continuarán ejerciendo los recursos legales que les permite la ley, pues consideran que “no está probada su culpabilidad dentro de este proceso”. La defensa sostiene que la sentencia aún no está firme, ya que prevén presentar impugnaciones ante las instancias correspondientes.
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Contexto y repercusiones
El caso, expone la utilización de cargos públicos para obtener plazas laborales como parte de favores políticos, una práctica señalada por entidades de fiscalización y organizaciones civiles como una de las principales fuentes de corrupción en Guatemala.
Las investigaciones de la FECI y la CICIG revelaron que la red operó bajo el amparo de altos funcionarios y legisladores, lo que permitió el establecimiento de mecanismos de corrupción sostenida en el tiempo. El proceso judicial por el caso “Asalto al Ministerio de Salud” continúa con líneas abiertas respecto a otros actores investigados.
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