
La exministra de Salud, Alba Consuelo Flores, quien integró el gabinete del expresidente Juan Orlando Hernández, figura entre los siete exservidores públicos acusados por el Ministerio Público por los presuntos delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, relacionados con la adquisición de hospitales móviles durante la emergencia sanitaria.
La comparecencia fue autorizada por el Juzgado de Criminalidad Organizada y Corrupción, luego de que la defensa de Flores solicitara hace tres años que su representada pudiera presentarse voluntariamente ante los tribunales, petición que permaneció pendiente de resolución hasta fechas recientes.
De acuerdo con la información difundida por fuentes del Poder Judicial, el tribunal resolvió admitir la solicitud presentada por la defensa, fijando para el 4 de agosto la audiencia en la que la exfuncionaria deberá comparecer ante las autoridades competentes.
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Con esta decisión, Alba Consuelo Flores deberá responder por las acusaciones formuladas en el marco de una de las investigaciones de corrupción más relevantes surgidas tras la pandemia del COVID-19 en Honduras.
El proceso judicial busca determinar la eventual responsabilidad de los exfuncionarios señalados en la compra de los hospitales móviles, cuya adquisición fue ampliamente cuestionada debido a retrasos en las entregas, deficiencias en la infraestructura y presuntas irregularidades administrativas.
Uno de los casos más emblemáticos de la pandemia
La compra de los hospitales móviles se convirtió en uno de los casos de mayor impacto durante la emergencia sanitaria, debido a las críticas sobre el manejo de recursos públicos destinados a fortalecer la capacidad hospitalaria del país.
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Diversos organismos de control y sectores de la sociedad cuestionaron la planificación, ejecución y supervisión del proyecto, mientras el Ministerio Público abrió investigaciones para determinar posibles responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios involucrados.
El caso continúa bajo conocimiento de los tribunales especializados, que deberán valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía y las defensas de los acusados durante las distintas etapas del proceso.

Sobre la comparecencia de la exsecretaria, el exviceministro de Salud y actual diputado Roberto Cosenza manifestó que la exfuncionaria debió ponerse a disposición de la justicia desde el momento en que fue requerida por las autoridades.
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No obstante, señaló que toda persona tiene derecho a ejercer su defensa dentro del proceso judicial y expresó su expectativa de que el caso avance con apego a la ley y permita esclarecer los hechos investigados.
Asimismo, indicó que corresponde al Ministerio Público continuar con las diligencias necesarias para establecer cualquier responsabilidad penal y garantizar que las decisiones finales sean adoptadas por los órganos jurisdiccionales competentes.

La audiencia prevista para el 4 de agosto marcará una nueva etapa dentro del expediente relacionado con la compra de los hospitales móviles, una investigación que permanece abierta desde hace varios años.
Durante las siguientes fases procesales, las autoridades judiciales analizarán los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa de la exfuncionaria, antes de determinar si existen elementos suficientes para que el caso avance hacia otras etapas del proceso penal.
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En apego al principio de presunción de inocencia, Alba Consuelo Flores mantiene esa condición mientras no exista una sentencia firme en su contra. Será el Poder Judicial el encargado de resolver su situación jurídica conforme a las pruebas y actuaciones que se presenten durante el desarrollo del proceso.
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